Cuando los funcionarios buscan eludir sus obligaciones en materia de Transparencia, recurren al truco de “testar” documentos, así convierten los documentos con información, que debía ser pública, en hojas tachoneadas con marcador color negro, es como si la eliminaran para impedir que se conozcan los datos y al mismo tiempo simular que cumplen con la Ley.
En las décadas que llevo como reportera lidiando con este tipo de documentos, no había visto declaraciones patrimoniales con tantos datos testados como las de Alejandro Gertz Manero.
La declaración patrimonial y de intereses es una obligación de los funcionarios, según la Ley General de Responsabilidad Administrativa de los servidores públicos, la cual establece que todos los servidores públicos están obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses, que dichas declaraciones deben ser públicas, salvo algunos datos de índole personal y privado como dirección personal, números de cuentas bancarias, el telefónico particular, y otros.
Pero en el caso de Gertz Manero, en las declaraciones correspondientes a los años como Fiscal están testados la mayor parte de los datos y otros aparecen como “reservados”. El Comité de Transparencia de la FGR le validó esas tachaduras y que se declarara como “reservado”, un Comité cuyos integrantes tenían como jefe al mismo titular de la Fiscalía, es decir, a Gertz Manero.
Esa opacidad, esa falta de transparencia en sus declaraciones, donde ocultaba hasta los montos que recibía como funcionario público, también los ingresos de sus actividades privadas, de los caudales, de sus negocios -que se sabe son muchos- de su posible conflicto de intereses, esa falta de transparencia en sus declaraciones patrimoniales es precisamente un símbolo de su conducta como Fiscal: un funcionario opaco, sin resultados, que hizo de la Fiscalía su despacho de venganzas personales, desde donde se ocultaba discrecionalmente la información de diversa índole que debía ser pública, testándola o declarándola en “reserva” y de esta manera se evadían las leyes en materia de transparencia y de rendición de cuentas, mientras se filtraban expedientes completos, carpetas de investigación completas, entregándoselas a ciertos medios de comunicación vinculados con la oposición para que se le diera uso político, y para sabotear las indagatorias.
El pésimo desempeño de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) y sus nulos resultados evidenciaron que la supuesta “autonomía” no es suficiente para garantizar la eficiencia de una institución que es toral del Estado mexicano, porque en manos de Gertz la anquilosada PGR, bajo membrete de FGR siguió como un elefante blanco, inamovible, disfuncional, las mismas prácticas, la misma corrupción, sólo que más costoso y con poder transexenal.
Gertz echó por la borda siete años de la primer Fiscalía dotada de autonomía, porque la utilizó facciosamente y como una extensión de su oficina particular para operar sus intereses, evidencia de ello fueron las expuestas conversaciones en que hablaba con Juan Ramos, quien era su apoderado legal personal y a quien hizo funcionario designándolo titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, un área clave creada para llevar los asuntos de mayor relevancia en la FGR, la segunda de mayor jerarquía, y desde allí lo tenía litigando su venganza contra su familia política.
Gertz Manero ha estado desde los años sesenta como funcionario gubernamental, primero en las secretarías del Trabajo, y luego en la de Comunicaciones y Transportes; en los setenta llegó a la PGR como agente del Ministerio Público. Luego tuvo cargos en el Gobierno local y luego a nivel federal nuevamente, como Secretario de Seguridad Pública con Fox, años después se fue como legislador, y en noviembre de 2018 llegó como Subprocurador; en diciembre era designado encargado de despacho de la PGR, y para enero de 2019 era ratificado por el Senado como primer Fiscal General de la República.
Así que ha tenido cargos en gobiernos de todos los partidos, aunque en ningún cargo tuvo un desempeño destacado, y lo que trascendió de su presencia en la Fiscalía fueron sus escandalosas venganzas personales a las que dedicó los recursos de la institución, al mismo tiempo en que se le derrumbaban los asuntos de mayor impacto público.
Están como evidencia de sus conductas desleales para con la institución las conversaciones con el padre de Lozoya, Emilio Lozoya Thalman, un priista que fuera Secretario de Estado en el Gobierno de Salinas. En esas conversaciones Gertz parecía más su asesor, además de los escandalosos privilegios que le dio al exdirector de Pemex, quien hoy goza de impunidad.
O la Estafa Maestra donde la indagatoria se saboteó también desde dentro de la Fiscalía al presentar un caso con tantas fallas y absurdos en las actuaciones, y que ahora tiene a los responsables del saqueo de millones de recursos públicos, allí, en las calles, impunes y hasta en la esfera política nuevamente.
También las fallas en las carpetas de investigación por huachicol, y a los huachicoleros sobornando funcionarios de la Fiscalía.
Cada uno de esos casos implicaba abrir maxiprocesos por las redes de crimen organizado y delincuencia de cuello blanco, pero la Fiscalía actuó con descuido, negligencia, o en el peor de los casos en su sabotaje deliberado. Así, los resultados en los temas de alto impacto para la vida nacional fueron casi nulos, abonando con ello a la impunidad.
Con su comportamiento y el de los funcionarios a su cargo saboteó no sólo a la Fiscalía, sino al Gobierno que lo propuso como Fiscal. No es gratuito que los favorecidos por su inacción, beneficiarios de la corrupción, sean ahora quienes reclaman por su salida, porque se volvió un Fiscal muy cómodo para los corruptos.
Los años de Gertz Manero al frente de la FGR fueron años perdidos para el país, porque echó por la borda la posibilidad de indagatorias contra las estructuras altas de la corrupción, pero no es el único responsable, porque tampoco en esos años no hubo un Congreso que le llamara a rendición de cuentas, a su obligación en materia de transparencia, nunca se hizo una revisión a su trabajo.
Lo que ocurrió con Gertz obliga a repensar, y que se discuta el alcance y el uso de la supuesta “autonomía”.
Fue a finales de los años noventa cuando comenzó a plantearse la necesidad de dotar a las procuradurías —a nivel estatal y federal— de autonomía. Se buscaba que estas instancias del Poder Ejecutivo, que en su encomienda tienen la investigación y esclarecimiento de delitos, procuraran una justicia eficaz, efectiva, y que realmente contribuyeran a fortalecer el Estado de Derecho, que desempeñaran con diligencia sus funciones, y no como espada de Damocles o con fines políticos y arbitrarios, el famoso “Justicia y gracia para los amigos, y para los enemigos la Ley a secas”.
Se pensaba que el remedio a esos males de deficiente procuración de justicia estaba en la “autonomía” (modelo ya encaminado en otros países), así que, bajo estándares internacionales, una a una, mediante reformas a las leyes estatales y a nivel federal, fue fructificando esa idea de “autonomía” para las fiscalías. Se prometió reingeniería de esas instituciones, lo cual no se hizo, aun cuando se le dotó de mayores atribuciones y presupuestos.
Igual que ocurrió con Gertz a nivel federal, ha ocurrido con fiscalías estatales, en las que se han erigido personajes impresentables, de escándalo, como Edgar Veytia, Fiscal de Nayarit, apodado "El Diablo", un priista vinculado al narcotráfico a quien su compadre Gobernador Roberto Sandoval hizo Fiscal.
Cuando se promovieron a nivel estatal los cambios para convertir las procuradurías en fiscalías, Nayarit fue de las primeras entidades: en 2013 se aprobaron reformas en el Congreso para darle a la Procuraduría estatus de Fiscalía y autonomía. Sandoval le envió al Congreso la propuesta para que se designara a Veytia como Fiscal por siete años.
Eran públicas sus prácticas de extorsiones y despojos, las detenciones extrajudiciales, los secuestros y las instalaciones policiacas convertidas en centros de tortura. Se vinculó al narcotráfico en sociedad con varios cárteles de la droga, hasta que, en marzo de 2017, cuando viajaba hacia Estados Unidos fue detenido por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, bajo acusaciones de asociación delictuosa para la manufactura e importación ilegal, y distribución de heroína, metanfetaminas, mariguana y cocaína que habría realizado durante todos los años que fungió como Fiscal.
O está el caso de la Fiscalía de Guanajuato, ocupada por otro impresentable: Carlos Zamarripa, el eterno Procurador que estaba en ese cargo desde 2009 y en la transferencia de la Procuraduría en Fiscalía se le hizo Fiscal por un periodo que concluía en 2028, pero ante el cúmulo de escándalos adelantó su salida y dejó el cargo en enero pasado asignándose un millonarios retiro. En su periodo Guanajuato tuvo un crecimiento exponencialmente de inseguridad, incidencia delictiva, y la operación y violenta disputa de grupos del crimen organizado principalmente en el delito de huachicol. La prensa local documentó además las irregularidades en esa Fiscalía bajo mando de Zamarripa.
Y podríamos hablar de muchas otras entidades con fiscales todopoderosos, imperiales, pero con un vergonzante desempeño, y a quienes se les debe exigir rendición de cuentas.
Son casos que muestran que la supuesta autonomía que hoy tienen las fiscalías no es suficiente, tanto a nivel federal como en las entidades se requiere mecanismos efectivos en que sus titulares se conduzcan con transparencia y rendición de cuentas; se requieren mayores niveles de coordinación de manera permanente entre las fiscalías estatales y la de la Federación, así como con las otras dependencias gubernamentales, porque sólo coordinadamente podrán funcionar estrategias de seguridad y combate al delito y corrupción, tan relevantes como la estrategia nacional contra la extorsión, o la del combate al robo, contrabando y comercialización ilícita de combustibles, y otras estrategias que se han planteado.
En unos días comenzará en el Senado el proceso para revisión de las candidaturas y designación de quien quedará al frente de la FGR durante los siguientes nueve años, también es necesario que se revisen los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, para evitar que la supuesta autonomía se siga utilizando de manera discrecional, y para evitar que personajes como Gertz Manero pudran las instituciones.
