https://www.youtube.com/watch?v=zDvQWKTerlo&feature=youtu.be
Hacer periodismo en tiempos del Gobierno de Fidel Herrera y su sucesor Javier Duarte en Veracruz y de Felipe Calderón en la Presidencia, era enfrentar amenazas, agresiones, violencias múltiples y el riesgo de ser asesinado.
A Fidel Herrera se le conocía como “el Zeta 1” porque en su mandato Los Zetas –el grupo criminal que formaron exmilitares– hicieron de Veracruz epicentro de sus operaciones, clave para su expansión en otras entidades.
Los despliegues militares que Calderón ordenara como parte de su fallida Guerra (carente de toda estrategia pero que impuso pretendiendo legitimar su Gobierno), lejos de desarticular al crimen organizado, lo que provocó fue que se incrementara el poderío de los grupos criminales, también cooptando militares, pero además se acrecentaron las agresiones y violaciones a los derechos humanos por parte de los militares.
Los soldados ejercían todo tipo de abusos contra las comunidades, con total impunidad les robaban sus pertenencias, torturaban, abusaban sexualmente de las mujeres.
Fue ese periodo que Veracruz se tornó en la entidad más letal para los periodistas. Era ese el contexto en el que la periodista Regina Martínez recorría comunidades para mostrar las condiciones reales en que vivía la población, para evidenciar las injusticias y abusos de las que eran víctimas; evidenciaba la corrupción de las autoridades, denunciaba las injusticias, siempre empática con las víctimas. Escribió también Regina de los casos de colegas desaparecidos o asesinados.
Regina fue la periodista que en 2007 reveló y documentó el caso de Ernestina Ascencio Rosario, víctima de violación sexual y tortura por parte de militares, víctima también de la falta de atención médica oportuna, revictimizada por muchos funcionarios gubernamentales, revictimizada por el entonces Presidente.
Ernestina Ascencio era indígena náhuatl de 73 años de edad, madre de cinco hijos, quien vivía en Tetlatzinga, comunidad del municipio Soledad Atzompa en la Sierra de Zongolica, y quien cada mañana salía de su casa a llevar a pastorear un rebaño de borregos. El domingo 25 de febrero de 2007 fue golpeada, violada sexualmente y sometida a graves lesiones y ataques por los soldados.
En su texto “Fueron los soldados, m’ija”, Regina escribió:
“La indígena nahua Marta Inés Ascencio encontró a su madre moribunda, con el cráneo y las costillas rotas. Yacía sobre la hojarasca, en un frío paraje de la comunidad de Tetlatzinga sombreado por enormes pinos.
–¿Qué tiene, madre? ¿Qué le pasó? –le preguntó angustiada.
Y su madre, la anciana Ernestina Ascencio Rosario, le respondió con mucho esfuerzo:
“Fueron los soldados, m’ija. Los soldados me golpearon, me amarraron y me taparon la boca. Traían sus cartucheras repletas de balas”, así comienza el texto en que Regina detalló lo ocurrido.
Por años Regina Martínez dio seguimiento puntual al caso, exponiendo los abusos, maltrato y discriminación del que eran víctimas los hijos de Ernestina en el proceso de denuncia.
La respuesta de Calderón fue revictimizante y discriminatoria, aseguró que la muerte se debió a una “gastritis crónica no atendida”, infame versión convalidada por el entonces titular de la CNDH José Luis Soberanes, y por la entonces titular del Inmujeres, todos ellos revictimizando a Ernestina Ascencio y a su familia.
Regina adelantó también que, ante la falta de justicia, el caso se llevaría ante instancias internacionales. El 1 de noviembre de 2011 escribió que en virtud de que se habían agotado los procedimientos legales en las instituciones mexicanas sin ningún resultado en la aplicación de la justicia, las abogadas de la Asociación de Abogados por la Defensa de los Derechos Humanos, preparaban el recurso correspondiente para presentarlo ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.
Catorce años después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su sentencia contra el Estado Mexicano, cuya resolución se hizo pública hace unos días.
La Corte Interamericana concluyó que Ernestina Ascencio fue víctima de violación sexual por parte de miembros del Ejército mexicano, lo que constituyó una forma de tortura; que la violación sexual y la tortura cometida contra Ernestina Ascencio y la falta de atención médica adecuada fueron la causa de su muerte y que, en consecuencia, el Estado es responsable de la violación de la obligación de respetar el derecho a la vida.
La Corte determinó que a Ernestina Ascencio se le violentaron sus derechos a la vida, a la integridad personal, a la honra y la dignidad, su derecho a la salud; fue víctima de violencia contra la mujer, víctima de tortura, de discriminación, como lo fueron también sus familiares.
El Estado incumplió también su obligación de investigar, con independencia y objetividad, las violaciones a los derechos humanos sufridos por Ernestina. La sentencia de la Corte Interamericana detalla las irregularidades en las investigaciones ministeriales que se hicieron en aquellos tiempos en las que diversas autoridades emplearon estereotipos de género, étnicos y de posición económica para descalificar las declaraciones de la señora Ernestina y “normalizar” su muerte.
En la sentencia de la Corte Interamericana se señalan prácticas de discriminación acumuladas de las que fueron víctimas Ernestina y su familia, miembros de una comunidad en situación de pobreza multidimensional y condiciones sociales como el origen étnico, y que, en consecuencia, como parte de esa discriminación de la que fueron víctimas sus hijos no se les brindó asesoría jurídica ni se les tradujo a náhuatl la resolución ministerial que archivó la investigación, además, en esos tiempos se les alejó físicamente de Veracruz mientras transcurría el plazo para impugnar la determinación ministerial.
El tribunal internacional alude a las declaraciones hechas por múltiples autoridades que resultaron discriminatorias y revictimizantes, incluidas las de Calderón y de sus subalternos.
La Corte Interamericana hace notar que las declaraciones realizadas por múltiples autoridades, algunas de ellas inspiradas en estereotipos discriminatorios, violaron las garantías de independencia e imparcialidad y, en tal sentido, condujeron a la violación de la obligación de investigar con debida diligencia.
Subraya la Corte Interamericana que “la muerte de la señora Ernestina, la ausencia de una investigación imparcial, completa y efectiva ocasionaron un ‘gran sufrimiento’ a su núcleo familiar que constituye, en sí mismo, una afectación a la integridad psíquica y moral”, sumado a los hostigamientos sufridos por sus familiares.
En su sentencia mandata que el Estado Mexicano debe conducir una investigación penal exhaustiva y seria sobre la violación sexual, tortura y muerte de la señora Ernestina Ascencio para identificar, procesar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. Dicha investigación debe regirse por los estándares de debida diligencia, incorporar perspectiva étnica y de género y excluir la aplicación de estereotipos discriminatorios.
También el Estado deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con los hechos y las violaciones a sus derechos de las que fueron víctimas Ernestina Ascencio y sus familiares.
Como parte de las medidas reparatorias el Estado debe brindar atención médica, psicológica o psiquiátrica gratuita, prioritaria, cultural y lingüísticamente adecuada y efectiva a través de instituciones de salud especializadas, en beneficio de las hijas e hijos de Ernestina Ascencio. También otorgarles becas de estudio.
Como medidas de no repetición, se deberá fortalecer el Centro de Salud de Soledad Atzompa con servicios ampliados.
Se deberá emitir un protocolo que incluya medidas adecuadas de atención en materia de salud y acceso a la justicia de mujeres indígenas víctimas de violencia por razones de género, sin discriminación, y establecer una estrategia para superar las barreras lingüísticas que afectan el acceso a la salud y a la justicia de las personas y comunidades indígenas en Veracruz.
También crear un Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas para los sistemas de salud y justicia, integrado con la participación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y representantes de los pueblos indígenas.
Y garantizar que el Hospital Regional de Río Blanco y la Fiscalía de Veracruz cuenten con intérpretes y traductores que faciliten la adecuada atención y acompañamiento a las personas indígenas monolingües; entre otras medidas.
Regina Martínez no alcanzó a conocer la sentencia que la Corte Interamericana daría al caso de Ernestina Ascencio, porque en abril de 2012 fue asesinada. A Regina le quitaron la vida en tiempos del Gobierno mafioso del criminal Javier Duarte.
La dedicación, la ética de la periodista Regina Martínez, siempre del lado de las víctimas de injusticias, la llevó a revelar de manera respetuosa, empática, valiente, los abusos contra Ernestina Ascencio, y ahora, a 18 años de aquel primer trabajo periodístico que Regina publicó sobre el caso, con la sentencia de la Corte Interamericana, los familiares podrán ver que se haga valer la justicia.
La sentencia implica un reconocimiento a Ernestina Ascencio y su familia como víctimas, y será también la posibilidad de reivindicar el trabajo de Regina, quien ejercía el periodismo como la posibilidad de contribuir a un país menos desigual y más justo, en que ningún funcionario público use el cargo para maltratar, discriminar, violentar, revictimizar, como lo hicieron con Ernestina Ascencio autoridades de todos niveles en aquellos tiempos infames del infame gobierno de Calderón.
Es deber del Gobierno actual cumplir lo que el tribunal internacional le mandata en la sentencia, y eso incluye llegar hasta el fondo de la investigación en el caso de Ernestina Ascencio y que se aplique la ley a cada responsable, ya sea por acción, pero también por omisión. Es deber moral también en memoria de Ernestina y en memoria de Regina.
