Por: Ángel Ruiz*

En nuestro país existen más de 79 mil cuerpos sin identificar. Conocer cuántas personas no pueden volver a casa porque el Estado no ha hecho lo suficiente para reconocer su identidad es un reto que se desfasa año con año. Desde hace un par de años, el Inegi se dio a la tarea de sistematizar la información de los servicios médicos forenses y periciales del país, gracias a ello, ahora sabemos cuántos cuerpos ingresan a la infraestructura forense estatal y federal; sin embargo, aún es imposible conocer cuántos de ellos continúan sin ser identificados al cierre de cada año, y –más aún– cuál es el rezago acumulado.

Esta cifra –el número de cuerpos sin identificar– es una que nunca se ha construido desde el Estado de manera formal. La primera vez que tuvimos una aproximación a la magnitud de la problemática fue cuando en el 2021 el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) hizo una investigación que dio el primer horizonte, que era de más de 52 mil cuerpos. Al cierre del sexenio pasado, en el 2024, Quinto Elemento Lab –ahora desde el periodismo de investigación– nos permitió tener un nuevo acercamiento de que el número de cuerpos era de 72 mil 172. En diciembre pasado –fruto de un esfuerzo conjunto entre Fundar, Elementa DDHH y Política Colectiva– hicimos un nuevo cálculo con base en las cifras reportadas en los proyectos ejecutivos de las Comisiones Locales de Búsqueda y lo reportado por Quinto Elemento Lab, lo que nos dio la actualización de que, al 31 de diciembre de 2024, la cifra de cuerpos que no sabemos su identidad asciende a más de 79 mil cuerpos.

En el centro está una problemática clara: no se conoce cuántas personas desaparecidas, podrían encontrarse en algún espacio de resguardo sin haber sido identificadas; lo que sí sabemos es que para poder hacerlo, la capacidad del Estado se encuentra rebasada. La propuesta inicial de colectivos de familiares de personas desaparecidas fue atender el rezago forense mediante un mecanismo extraordinario, propuesta que, apenas implementada, fue abandonada por la administración federal. En respuesta, en el 2022 se modificó la Ley General en materia de Desaparición Forzada, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda para que las comisiones de búsqueda –nacional y locales– no sólo pudieran auxiliar pericialmente en materia de identificación de personas, sino también crear infraestructura e instituciones que permitieran desahogar los servicios periciales y médico forenses de las fiscalías, al tiempo de lograr identificaciones dignas que dieran certezas a familias a las que el Estado había hecho todo lo posible por minar su confianza.

Desde Fundar hemos hecho un seguimiento político y presupuestario sobre la implementación de lo que podríamos nombrar como la “política nacional forense”, es decir, del conjunto de iniciativas de política pública cuyo objetivo es el de identificar a las personas que son localizadas –en su mayoría– por colectivos de familias buscadoras. Tanto a nivel nacional como a nivel local hemos observado que no sólo el presupuesto destinado es insuficiente, sino que tanto autoridades a nivel nacional como estatal carecen de un proyecto político que busque una sinergia entre las instituciones que atienden a este gravísimo problema público, que son las comisiones de búsqueda y las fiscalías.

En marzo de 2025 reportamos que las iniciativas de infraestructura forense en las entidades federativas eran ya 19, pero que de estas poco menos de la mitad estaban pensadas sólo como centros de resguardo y no de identificación de personas. El pasado 7 de enero, los periodistas Alberto Pradilla y Marcos García publicaron un reportaje donde dieron cuenta de las promesas incumplidas de la crisis forense en el país, donde mostraron que de los 19 centros de identificación que han sido financiados desde 2022, sólo siete de ellos son funcionales. De estos siete centros, sólo el Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila es reconocido como un centro independiente por las autoridades estatales que reportan año con año al Inegi sus datos en materia forense.

Todo este panorama evidencia el problema de fondo: la atención a la crisis forense no está pensada como política de Estado, es decir, no hay intención ni esfuerzos por tener una rectoría política que permita darles identidad a decenas de miles de personas desaparecidas en el país. Esto es grave, puesto que –al iniciar el segundo año de la administración federal actual– los riesgos de administrar y no resolver un tema tan delicado son cada vez mayores.

En términos políticos, la promesa de devolver a casa a las personas desaparecidas, particularmente a aquellas que se encuentran hoy día sin identificar, es algo que sólo puede pensarse dentro de un proyecto político a largo plazo, puesto que no es un problema público que de réditos políticos inmediatos. La creación de instituciones e infraestructura, la contratación y estabilidad de personal especializado, y más aún, la construcción de una cultura política para la búsqueda, identificación, notificación y restitución digna a las familias son cuestiones que dan resultados años después de hechos los esfuerzos. Ante un escenario político nacional e internacional de cada vez mayor incertidumbre, los riesgos no sólo podrían estar pensados desde las promesas incumplidas hacia las familias, sino en escenarios de franca regresión al pensar las problemáticas de la crisis de desaparición y forense dentro del escenario más amplio de seguridad y de derechos humanos.

Para reencausar los esfuerzos, no sólo la inversión para la política de atención a la desaparición y la política tendrían que ser mayor a lo proyectado en el Presupuesto de Egresos 2026, si no sobre todo las nuevas autoridades de la Comisión Nacional de Búsqueda y de la Fiscalía General de la República deberían tener un rol de pivote para engarzar las acciones públicas de estas instituciones con sus homólogas locales para la creación de una auténtica política nacional forense. A su vez, las autoridades estatales –principalmente gubernaturas y municipalidades– tendrían que crear sus proyectos ejecutivos pensando en el mediano y largo plazo, así como en una lógica regional, pues la desaparición de personas no responde a las fronteras políticas porosas.

Los retos son muchos y la información necesaria para la acción existe, pero está desperdigada entre distintas autoridades. No sólo como principio garantista de derechos, sino también en respuesta a la creación de la mejor política pública, las instituciones deben hablar con las familias de personas desaparecidas, pues son ellas quienes han transitado desde lo local hasta lo federal dónde están los nudos de una trama cada vez más difícil de romper.

Decir sin las familias no, no sólo es una política de reconocimiento, también es el mejor curso de acción posible si queremos que en este país todas las personas puedan volver a casa.

Conoce el informe En búsqueda de presupuesto 2024: Inversión en identificación y búsqueda de personas desaparecidas en https://fundar.org.mx/publicaciones/en-busqueda-de-presupuesto-2024-inversion-en-identificacion-y-busqueda-de-personas-desaparecidas/

* Ángel es investigador en el programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico.