En nuestro país, la mayoría de los seguros de gastos médicos mayores se contratan como parte del paquete de prestaciones en algunas empresas o por personas que no se quieren enfrentar al sistema de salud público que es, cuando menos, insuficiente e ineficaz, por no decir que se encuentra en un estado lamentable. También se contratan porque la medicina privada es muy onerosa; al menos en lo relacionado con la atención hospitalaria.

Cuando se tiene una urgencia médica o una enfermedad crónica se deben tomar decisiones radicales: se puede entrar a una lista de espera demasiado larga y contar con la suerte necesaria para que existan los insumos y las medicinas que permitan sanar los males o desembolsar cantidades ingentes de recursos. En el primer caso, se corre el riesgo de no ser atendido bajo las mejores prácticas. No por la incapacidad de los doctores, pues es sabido que muchos de los mejores trabajan en el servicio público, sino porque el sistema está claramente sobrepasado (todos hemos escuchado testimonios de citas que se agendan a meses de distancia o de medicamentos que llevan largos periodos sin llegar y las esperas no siempre son una alternativa). En el segundo caso, el riesgo es la bancarrota. Muchos hemos escuchado de alguien que vendió su coche o su casa para pagar la factura hospitalaria o hemos visto campañas de donaciones para conocidos que necesitan pagar tratamientos o medicinas muy costosas. Baste pensar en una fractura complicada, en el sufrimiento de un ser querido, en la necesidad de una atención expedita para paliar el dolor y empezar la curación, para darse cuenta de que no es sencillo esperar. Ya luego uno se tiene que enfrentar con la factura.

El alto costo de los servicios médicos privados hace que los seguros también tengan precios altos. Al margen de la discusión financiera, hay un argumento que se le reconoce a las aseguradoras: los hospitales cobran lo que se les antoja por sus servicios: pañuelos faciales en cientos de pesos, vendajes impagables, analgésico con sobre precios desproporcionados. Y aún no consideramos el quirófano, la terapia intensiva o la manta extra en la habitación del enfermo. Es probable que el estacionamiento más caro del país sea el de un hospital. Es claro que los hospitales son un negocio. Tienen socios o pertenecen a importantes grupos empresariales. Sin embargo, lucrar como algunos lo hacen es más un asunto ético que financiero. No seré yo quien defienda a las aseguradoras, también tienen mucho de cuestionable en sus procedimientos, pero hay abusos que deberían ser controlados. De momento, los pacientes que pueden optar por la medicina privada se encuentran atrapados entre dos gigantes: las aseguradoras y los hospitales, que parecen competir para ver quién gana más.

Las regulaciones tienen carácter de urgente. De lo contrario, pronto muchos tampoco podrán asegurarse, dado el costo de las pólizas, cuando la tendencia debería ser la opuesta: tener cada vez un mayor número de asegurados o, permítanme soñar, llegar a una situación en la que los seguros públicos (IMSS, ISSSTE y demás) sean capaces de cubrir los gastos de sus afiliados que opten por la medicina privada. Sé que suena absurdo, pero existen países donde esto es posible. Para ello, de nuevo, es preciso controlar los cobros exagerados de algunas instituciones hospitalarias. No es justo que un accidente o una enfermedad crónica, además del mal que ya implican, conlleven a un quebranto financiero.