Lo primero que cualquiera podría preguntarse es si en los 1,500 años que tiene de fundada la institución religiosa conocida como “Iglesia católica” no hubo pederastia sino hasta hoy. La respuesta no tiene siguiera vuelta de hoja: el abuso a menores debió existir todo este tiempo y solamente ahora, cuando los Estados y las instituciones civiles se han fortalecido, es posible denunciarlo.

Esto para decir que en 1,500 años cualquier grupo de individuos, logia, organización, se habría preparado para garantizar el ocultamiento de delitos que contravienen todos sus propios principios. Es decir, la Iglesia lleva 1,500 años encubriendo a los sacerdotes que han violado a menores de edad. O qué, no sucedía en el pasado.

En el tema del nuevo escándalo en San Luis Potosí no es importante –aunque sí en términos penales– que la Iglesia local haya ocultado los abusos del cura Carlos Cabrero Romero en contra de más de 100 niños. Era de esperarse. Aquí lo dramático es que a pesar del escándalo existen evidencias de que la autoridad local, que se sabe es afín o simplemente religiosa, no haya iniciado una investigación de oficio por abuso sexual a menores de edad.

El ex sacerdote y activista Alberto Athié Gallo reveló que familiares de al menos 100 niños se acercaron a él para informarle que había denuncias detenidas ante distintas agencias del Ministerio Público en San Luis Potosí, en contra de Córdova Bautista por el delito de pederastia.

La acusación de Athié Gallo encontró eco en SLP, donde la Subprocuraduría de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que no existen denuncias contra Eduardo Córdova, no al menos en la zona centro de esa entidad.

Sin embargo, el ex sacerdote de la Arquidiócesis de México desmintió a las autoridades locales: las familias de los afectados sí interpusieron denuncias ante el Ministerio Público y están detenidas. Pero en este caso, como en otros relacionados con pederastia de sacerdotes católicos, hay un fuerte tufo de corrupción y complicidad entre los políticos gobernantes y las altas esferas de la Iglesia.

La solución para esa institución religiosa, denunció Alberto Athié, ha sido la más fácil: remover del cargo al cura señalado de abuso. Sin embargo, dijo, esto agrava la simulación y la complicidad que se vive en esa Diócesis, y la impunidad que se ha mantenido por años en todo el país, donde se han denunciado casos igual de graves.

“Por ello se debe de tipificar el delito de pederastia organizada, porque en el caso de Eduardo Córdova y de otros tantos casos, como el de Oaxaca, donde un sacerdote abusó de 45 niños de las comunidades indígenas. No se puede entender cómo se pudieron llevar a cabo abusos a tantos niños, en tantos lugares, por qué fue encubierto por la institución. Un sacerdote debería ser procesado como cualquier ser humano, no debe haber ningún privilegio”, expuso el activista.

De nuevo: el que la Iglesia católica proteja y encubra a uno de los suyos no es nuevo. Ha sido una práctica recurrente hace cientos de años. Lo grave es que el Ministerio Público, primero, no dé seguimiento a las denuncias y la Procuraduría local se lave las manos ignorando por completo su obligación de investigar; además, como segundo agravante, sería terrible que el caso estuviera detenido por la intervención directa del Arzobispo José Luis Chávez Botello, la máxima autoridad católica en San Luis Potosí, quien sin duda tiene fácil acceso al político más poderoso de la entidad: el Gobernador priista Fernando Toranzo Fernández.

Si el sacerdote Córdova, como plantean las denuncias, cometió un delito de estas dimensiones, debe ser procesado con todas las de la ley y sin privilegio alguno. Si es inocente, entonces debe mostrarlo con pruebas y ante los jueces. Pero si la libertad que ahora goza es producto de complicidades, entonces tan criminal es el cura como lo las autoridades que lo protegen.

Sin duda, las autoridades de SLP le deben a su ciudadanía y a la sociedad en general muchas explicaciones.