En días recientes, la Presidenta Claudia Sheinbaum nombró a una comisión para construir una propuesta de Reforma político-electoral, encabezada por el histórico Pablo Gómez Álvarez. Si bien el contenido de ésta aún no puede saberse, sí hay posibilidad de intuir sus directrices, que son el análisis del gasto electoral y de los partidos políticos, y la situación de los legisladores plurinominales. A esto, se puede inferir, se incluiría el problema de la representación legislativa y cuál es la mejor manera de lograrla, tema que hace tres años, en otra propuesta que no fue aprobada, fue primordial para uno de sus principales redactores: el mismo Gómez. Además de estas directrices, pueden haber otras de igual relevancia.
Ante ello, y dada la importancia del tema, han corrido reacciones curiosas. Por un lado, tres exconsejeros presidentes del IFE/INE (José Woldenberg, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova), expusieron en un foro el 12 de agosto pasado sus preocupaciones -más especulativas que documentadas-, sobre lo que esperan de esta iniciativa de Reforma. La mesa en que hablaron (uno de ellos mediante un escrito que leyó la moderadora María Marván y dos de forma presencial) tenía un título curioso, que decía así: “Reforma electoral, construcción de una alternativa”.
La pregunta inmediata que surge es de dónde viene un título así. Dado que la propuesta de Reforma del Poder Ejecutivo aún no se expone, ¿entonces por qué los exconsejeros emiten una “alternativa”? ¿Alternativa a qué, si no hay aún documento qué alternar? Da la impresión, más allá del contenido extenso de la conferencia, de que, de nuevo, hay una reticencia a priori a querer escuchar la propuesta del Ejecutivo, tal cual ocurrió en 2022. Y esa reticencia es todo, menos abierta y dialogante. Habría valido la pena que la autocrítica en ese foro no se limitara al lugar común de que “las instituciones democráticas son perfectibles” y se hubieran hablado con franqueza los enormes y múltiples errores que el IFE/INE ha cometido a lo largo de lustros. De eso se hablará un poco más adelante.
Otra reacción curiosa viene de voces de ciertos políticos, como legisladores del partido Movimiento Ciudadano, o de comentócratas, quienes exponen preocupación porque una propuesta de Reforma Electoral provenga “del Gobierno” y que no tenga consenso, como sí tuvieron las reformas anteriores a partir de 1977.
Vale aquí decir que los consensos son valiosos, pero por “consenso” no debe entenderse una especie de unanimidad o un pretexto para negarle legitimidad a algunos actores políticos. De entrada, es falso que todas las reformas electorales anteriores hayan sido por consenso: en la Reforma electoral de 2014, por ejemplo, una parte de la izquierda partidista no estuvo de acuerdo; mientras que en la Reforma electoral de 2007 todos los partidos minoritarios, especialmente el Partido Convergencia y el Partido Verde, se opusieron y votaron en contra de la misma en el legislativo. A menos que consenso signifique “acuerdo entre PRI y PAN”, la realidad es que nunca ha existido la uniformidad armónica de todas las fuerzas políticas y actores sociales para aprobar reformas en ese sentido. Ni tiene por qué existir esa uniformidad, ya que en esos procesos siempre hay variedad de intereses, unos legítimos y otros no, en disputa, y no es posible satisfacer a todos.
Pero en esta coyuntura, preocupa más otro argumento esgrimido en estos días y que asimismo fue expuesto en 2022 ante la reforma electoral propuesta por López Obrador. Y ese es el de que “por primera vez, una Reforma electoral viene desde el Gobierno”. De entrada, el argumento es falso: la iniciativa de reforma que institucionalizó un mayor pluralismo en 1977 provino de actores del Gobierno. Años más tarde, otras reformas en ese sentido también provinieron de un Gobierno, como el de Ernesto Zedillo, quien por eso hoy es visto como un inmerecido santón de la democracia y se le perdonan sus criminales negligencias en ese sentido, como su respaldo al mapache Roberto Madrazo en 1994 o el histórico crimen del Pemexgate ocurrido en su administración.
Esa premisa de que “por primera vez una propuesta de reforma viene del Gobierno” no sólo es falsa sino autoritaria, porque busca dar la idea de que los argumentos que emita al respecto el Poder Ejecutivo van a ser necesariamente malos, o algo así, o necesariamente tendrán como objetivo último un acaparamiento o permanencia total en el poder, o algo así. De ese modo, este argumento es absolutamente antidemocrático, porque le niega legitimidad a la actual fuerza gobernante para hacer propuestas en ese sentido, cosa que no sólo es su derecho, sino que es parte de su proyecto desde siempre; y se asume que una Reforma Electoral sólo es válida, legítima o buena (póngase el adjetivo laudatorio que se quiera) si tiene como origen primigenio a los partidos de oposición.
Y es ahí donde hay un error histórico. Es verdad que la propuesta de reforma que encabezará Pablo Gómez a propuesta de Claudia Sheinbaum vendrá del grupo gobernante. Pero también es verdad que este grupo gobernante específico tiene toda la autoridad moral para emitir propuestas de cambios en la institucionalidad democrática, porque lo respalda una historia constante de lucha a ras de suelo en pos de la equidad electoral.
Eso no es ninguna exageración: la fuerza gobernante hoy, que por economía verbal llamaremos “obradorismo”, tiene su primer antecedente organizativo como partido político en una lucha eminentemente a favor de la equidad electoral, cuando en 2005 se estructuró un movimiento para contener una acción antidemocrática y excluyente de Vicente Fox, que fue el desafuero de López Obrador.
De hecho, los primeros tres años de existencia de ese movimiento, de 2005 a 2008, se caracterizaron por una prioridad: la recopilación y denuncia real de iniquidades electorales cometidas tanto dentro de las instituciones como en el terreno. Así, ese obradorismo denunció fallas ciertas y agravios reales, como la captura del IFE por parte del PRIAN en 2003 -al excluir a la mala al PRD en la conformación del Consejo General-; las omisiones del IFE contra los delitos electorales de Fox, Calderón, el PAN, el Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex en 2006; las múltiples y deliberadas irregularidades cometidas en casillas el 2 de julio de ese año, y las oquedades graves que cometió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en septiembre, donde esa instancia reconoció que Fox y el PAN habían cometido conductas indeseables -y por ende fraudulentas-, pero no encontró manera de sancionarlas.
A ese trienio de lucha eminentemente electoral, se sumarían dos denuncias posteriores en la coyuntura de 2008-2009, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló el fraude cometido por Jesús Ortega en la elección interna para presidir el PRD en marzo de 2008, y luego ese mismo Tribunal cometería la bajeza criminal de anular de la boleta electoral a una candidata legal y legítima, como Clara Brugada, y decidir que todos los votos que su nombre recibiera en la elección constitucional no serían para ella sino que se contarían a favor de una mapache fraudulenta, como Silvia Oliva, ausente en la boleta, en la histórica elección en Iztapalapa en 2009.
Cortemos hasta aquí la historia. Parte de esas denuncias electorales del obradorismo se tradujeron en cambios institucionales legítimos que los transitólogos aplaudieron, como fue el caso de la Reforma Electoral de 2007, que precisamente tuvo como fin evitar que nadie padeciera las trampas y canalladas que sí padeció el obradorismo en 2006.
Y eso lo que se resalta aquí: una mirada equilibrada y honesta de la historia de nuestras elecciones de 1994 a 2018 llega a una conclusión: si bien ha habido muchos agraviados por las taras, inequidades y canalladas electorales -sean éstas institucionales o mapacherías cometidas por otros actores-, el perjudicado protagónico ha sido, guste o no, la izquierda partidista, una de cuyas expresiones, el obradorismo, hoy gobierna.
De ese agravio histórico, de esas denuncias de cómo las leyes electorales no se cumplieron, y, en suma, de esa experiencia única y lamentable -de la cual ni PRI ni PAN tienen la menor idea porque no hay nada de lo que ellos se puedan quejar como agraviados electorales- es que nace la autoridad moral del hoy grupo gobernante para exponer las limitaciones, cortedades, ausencias, problemas y fallas de la institucionalidad electoral; mismas que conocen no por haberlas sólo estudiado y atestiguado, sino el haberlas padecido.
