Durante más de 50 años, la industria azucarera de los Estados Unidos desvió la atención sobre los daños de ese producto, como lo demuestran documentos internos de la Fundación del Azúcar. Desde entonces, y hasta el punto en que la Organización Mundial de la Salud comenzó a sugerir establecer una recomendación de no consumir más del 10% de las calorías de la dieta en azúcares añadidos —lo que provocó que el gobierno de Estados Unidos amenazara con retirarle los fondos si lo hacía—, una serie de acciones permitieron que este producto se incorporara a la dieta en cantidades que han afectado la salud de miles de millones de personas. Esta afectación va desde daños no manifiestos hasta la muerte, principalmente a través de la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.
Como siempre ocurre cuando se intenta impulsar una medida para reducir el consumo de un producto que no solo daña, sino que devasta la salud, las corporaciones globales reaccionan. Sus millones de recursos crean narrativas, como lo hacen ahora ante la propuesta de aumentar los impuestos a las bebidas endulzadas. Veamos cada una de estas narrativas:
“El impuesto no funciona”. En 2014, se estableció un impuesto a las bebidas azucaradas de 1 peso por litro, lo que equivalía aproximadamente al 10% del precio del producto. La recomendación era que fuera de al menos un 20%. Sin embargo, las campañas de quienes se oponen en los medios de comunicación, las asociaciones empresariales y las propias refresqueras impidieron que el impuesto alcanzara ese 20%. Esos mismos actores afirman ahora que el impuesto no sirvió.
Las evaluaciones realizadas con metodologías científicas —no financiadas por la industria— y publicadas en revistas científicas demuestran una caída de entre el 6% y el 9% en el consumo durante los primeros dos años, y una disminución en la ingesta de calorías a más largo plazo, especialmente en las mujeres. De haber sido un impuesto del 20% o más, se habría logrado una reducción de entre el 25% y el 30%, como ha ocurrido en Reino Unido y Sudáfrica.
En la India, donde en 2014 el consumo era muy bajo en comparación con el alto consumo de México, y donde se ha observado un aumento debido al poder de las corporaciones para penetrar en el mercado —intentando volver a su población adicta a estas bebidas desde temprana edad—, acaban de elevar su impuesto al 40%. No quieren que su población llegue a un estado de salud como el nuestro.
“Va a venir una crisis económica con el impuesto”. Sin embargo, diversos estudios realizados alrededor del mundo —hay que considerar que 130 jurisdicciones, entre países, ciudades y estados, han establecido este impuesto— no han detectado una pérdida de empleos. Al contrario, cuando los recursos recaudados se invierten en atención, no solo no se pierden empleos, sino que se crean.
Así, se pasa de un círculo vicioso en el que las corporaciones expanden el consumo —y la adicción a su producto— para obtener enormes ganancias, dejando en la población daños enormes a la salud, enfermedad y muerte, a un modelo en el que pasan a pagar parte de los daños que generan a través de impuestos, los cuales se dirigen en beneficio de las poblaciones más vulnerables.
En el caso de la ciudad de Filadelfia, el impuesto a las bebidas azucaradas y a las que tienen edulcorantes no calóricos se destina a programas dirigidos, de manera especial, a atender a las infancias de los barrios más marginados, creando empleos en beneficio de la población.
“Los pobres son los más afectados”. Los impuestos altos a estos productos reducen su consumo en mayor medida entre las poblaciones de menores ingresos, que son las que más sufren las consecuencias. Una misma enfermedad puede afectar a una persona de altos ingresos y a una de bajos ingresos, pero los desenlaces suelen ser muy diferentes, así como el padecimiento.
En el caso de la diabetes, como hemos documentado y puede verse en nuestros documentales Dulce Agonía y Destapa la fatalidad, las personas de bajos ingresos suelen descubrir que sufren esta enfermedad cuando ya han desarrollado pie diabético o han empezado a perder la vista; es decir, en estados avanzados de la enfermedad. Por lo tanto, la atención es tardía y, además, la calidad de la atención no suele ser la más adecuada. Por otro lado, el padecimiento es distinto debido a las complicaciones económicas, familiares y de apoyo que existen entre una persona con ingresos altos y una de ingresos bajos frente a la diabetes. En resumen, los más pobres son los más afectados por el consumo de estos productos.
Al respecto, los defensores de las corporaciones hacen un mundo por un impuesto de 3 pesos al litro, pero no dicen nada en relación con los aumentos que las propias empresas realizan a estos productos, que en muchos casos superan el impacto del impuesto en el precio final. Mientras que esos aumentos son ganancias para las empresas, parece que el incremento de precios no impacta a los más pobres. Pero si se trata de un impuesto para el Estado que se destinará al sector salud, entonces sí se argumenta que es un grave daño.
La presidenta Claudia Sheinbaum comentó en una de sus conferencias mañaneras que había visitado un hospital donde le informaron que una gran parte de los pacientes sufría deficiencias renales. Al preguntar cuál era la causa, le contestaron que era el consumo de refrescos. La presidenta, una persona bastante bien informada, reconoció su desconocimiento respecto a que el consumo de refresco provocara estas consecuencias.
Este es el caso de Yucatán, que presenta uno de los índices más altos de enfermedad renal y que, hace años, vio cómo uno de los directivos de BEPENSA, la embotelladora de Coca Cola en la península, declaró que los yucatecos eran los mayores consumidores de Coca Cola en el mundo. Como nota de cómo se oculta la información sobre los daños, la Fundación Mexicana de la Salud —una institución con mucha influencia en México, por la que pasaron diversos secretarios de salud y que estaba patrocinada por el sector privado— estableció una filial en Yucatán dirigida por un funcionario de BEPENSA. Los estudios realizados por FUNSALUD se dirigieron, de manera exclusiva, a evaluar el impacto de la calidad del agua de la región en las enfermedades renales. Nada sobre el impacto de las bebidas de Coca Cola. Y así, no pararíamos de señalar los casos de ocultamiento de los daños en los que ha existido un contubernio entre las corporaciones y funcionarios públicos.
Las grandes corporaciones globales de estas bebidas nunca declaran directamente; ponen como voceros a las asociaciones empresariales. Acabo de escuchar a uno de los dirigentes de una de estas asociaciones declarar que, con estos impuestos, se va a afectar la inversión en México, que será una catástrofe económica, que se perderán empleos, etcétera.
Ya no se trata solo de que la Organización Mundial de la Salud recomiende el impuesto a las bebidas azucaradas; se trata de que organismos internacionales de finanzas, como el Banco Mundial o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, hacen esta misma recomendación. Esto se debe a que son conscientes de que los daños provocados por el consumo de estos productos, junto con los del tabaco y el alcohol, ponen en crisis los sistemas de salud y las finanzas públicas. Si no se actúa con impuestos más elevados y con medidas contundentes para reducir su consumo, como sociedad seguiremos pagando los daños que generan; seguiremos permitiendo que el gobierno y la sociedad subvencionen indirectamente a estas corporaciones, enriqueciéndose a costa de la salud de la población.
Salgamos del círculo vicioso y mejoremos la salud de los mexicanos.
