Donald Trump retomó la ofensiva contra un rival que no logra domar: la industria farmacéutica. Desde las vacunas hasta el paracetamol, la Casa Blanca intenta bajar los precios de los medicamentos tras el criticado manejo de la inflación de Joe Biden. En la última entrega de una larga saga de intimidaciones, Trump anunció un arancel de 100 por ciento a partir del 1 de octubre por el incumplimiento a una orden ejecutiva que igualaba los precios a los más bajos de otras naciones desarrolladas, una norma denominada “precio de la nación más favorecida” (NMF). Antes había advertido que las farmacéuticas enfrentarían "todos los recursos al alcance" contra los "precios abusivos".
El Presidente no parece dispuesto a dejar pasar la oportunidad política en un tema sensible para el bolsillo y las urnas. Además del decreto, Trump había amenazado a Wal-mart contra una subida de precios como respuesta a los aranceles impuestos —cuánta ironía— por Washington. Tras esa primera ronda de intercambios donde no ganó gran cosa, Trump ahora dobla la apuesta.
El diagnóstico del Presidente guarda algo de razón. Año tras año, Estados Unidos registra los precios más altos del mundo en medicamentos de prescripción. Un informe del 2024 de la Corporación RAND mostró que el precio medio de los medicamentos era casi tres veces mayor que en otras 33 naciones de ingreso alto. En general, los economistas atribuyen esta asimetría al complejo y fragmentado sistema de reembolso y a la falta de controles en el sector salud. En particular, los precios de los medicamentos suelen ser fijados por las farmacéuticas y negociados por aseguradoras privadas. Esto difiere marcadamente del modelo europeo, donde el sector público negocia en directo. Además, las aseguradoras privadas en Estados Unidos suelen recurrir a intermediarios conocidos como administradores de beneficios farmacéuticos (PBM, por sus siglas en inglés) en las negociaciones por su tamaño y poder de fijación de precios. No obstante, a menudo lo hacen con opacidad e incentivados por jugosas comisiones correlacionadas con precios inflados. Por su parte, las farmacéuticas pretextan la inversión en investigación y desarrollo como factor de riesgo que justifica unos márgenes generosos para compensar proyectos fallidos.
Sin embargo, la solución de Trump es miope. Por ejemplo, dejaría intocable el abuso de patentes. Trump tampoco parece interesado en iniciar juicios por prácticas monopólicas acompañadas de acciones que prohíban los reembolsos a los PBM o incluso desmantelen sus conglomerados matrices. En cualquier caso, desde que Luigi Mangione pateó el avispero contra United Healthcare, la indignación popular no ha encontrado canales de cambio estructural.
En México, distintos caminos han buscado mitigar los costos de la salud. Un ejemplo es la consolidación de compras del sector público, que en su mejor versión podría desinflacionar si evita la fragmentación y aprovecha la escala para obtener mejores precios unitarios. Además, el Plan México considera la inversión de la industria farmacéutica como un sector estratégico para reducir dependencia de las compras del exterior —que en una pandemia o una guerra crean vulnerabilidad— y a la par generar mano de obra y conocimiento especializado que pueda generar derramas en otros sectores, como el químico-biológico. Si bien México ha logrado atraer inversión en la manufactura de componentes médicos, en la de medicamentos los avances son exiguos, sin mencionar que no existe un ecosistema que promueva la canalización de capital de riesgo nacional—público o privado— ni la vinculación con los institutos de investigación.
Los nuevos aranceles de Trump podrían potenciar a México como productor de medicamentos siempre y cuando obtenga algún trato preferencial que reduzca la tarifa promedio relativa, en particular frente a la Unión Europea, Suiza e India. Si bien la investigación y el desarrollo, esenciales en la cadena de valor, seguirán dándose en las naciones avanzadas, la manufactura y los servicios de soporte tendrían cierto potencial si México alinea las políticas públicas adecuadas. Una forma relativamente sencilla de elevar el atractivo para la producción nacional es usar el tamaño de la demanda interna para ganar escala; por ejemplo, mediante la inclusión de cláusulas de contenido en las compras públicas, facilitada por un sistema sanitario menos fragmentado que el estadounidense.
Una reflexión aparte amerita cuestionar el derrotero que lleva a los países a la sobremedicación, un efecto indeseado atribuible en parte a caídas de precios en relación al poder adquisitivo. Dado que el encarecimiento de la salud para restringir la oferta es indeseable, una política integral —e inteligente— fomentaría el acceso a la medicina preventiva, incluyendo el cuidado de la salud mental. En tiempos en que el crecimiento demográfico de las ciudades mexicanas continúa y las áreas recreativas como los parques caen en relación a la superficie urbana, los consumidores han optado por una costosa solución de mercado: los gimnasios, incosteables para los hogares de modesto ingreso. Mientras la privatización de los espacios de ejercicio y recreación continúe en aumento, el deterioro de la salud física y mental creará una sobredemanda de medicamentos a la Estados Unidos que puede estimular la oferta. Empero, no parece ser la ruta sostenible a seguir.
