La detección y aseguramiento de cargamentos de millones de litros de combustibles de contrabando introducidos al país a bordo de buques, de carrostanque de ferrocarril y de pipas, llevaron a las autoridades federales a indagar, entre los involucrados en las redes de contrabando de combustible, o huachicol fiscal, la participación de agentes aduanales.
Algunos agentes aduanales están bajo investigación, ya que las maniobras en documentos y trámites que realizaban para hacer pasar los cargamentos como si fuese otra sustancia, con la finalidad de evadir impuestos, es lo que a los contrabandistas les facilitaba sus transacciones. De manera que identificar y procesar judicialmente a quienes han participado en esas operaciones, es clave para desarticular las redes criminales que operan el huachicol fiscal.
En las redes de contrabando, cuyos cargamentos fueron asegurados en meses recientes, algunos aduanales facilitaban documentación con información falsa para encubrir los volúmenes de combustible, o declarar que transportaban otras sustancias, usualmente decían que eran aceites o desechos de aceites.
Por eso, la detección de esos cargamentos evidenció no sólo la colusión de funcionarios públicos, sino de agentes aduanales, que formalmente son quienes representan a los importadores y exportadores ante la aduana para llevar a cabo el despacho de sus mercancías y que son coadyuvante de la autoridad y enlace entre el sector público y los importadores y exportadores.
El Agente Aduanal se define formalmente como “la persona física autorizada por Hacienda mediante una Patente para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías en los diferentes regímenes aduaneros, o previstos en la Ley Aduanera”.
En ese contexto, con la detección del modus operandi en el contrabando de combustible mediante documentación falsa o con declaraciones falsas en materia aduanera, se evidenció también la laxitud en la Ley Aduanera vigente.
Ante ello, como parte de la estrategia para combatir la evasión y elusión fiscal, la subvaluación y el contrabando, el Gobierno federal envió al Legislativo una iniciativa de reformas, adiciones y modificaciones a la Ley Aduanera que tiene entre sus puntos clave el fortalecimiento en la regulación para el comercio internacional, y las reglas en el actuar de las agencias aduanales y de los agentes aduanales.
La propuesta pasó ya por la Cámara de Diputados, donde tras revisiones y algunas modificaciones, el dictamen se aprobó el pasado 7 de octubre, y fue turnado al Senado para su análisis y dictaminación; se prevé su discusión y aprobación para esta semana.
Me referiré al dictamen actualmente en revisión en el Senado:
Se especifican nuevas disposiciones legales y funciones para que las autoridades puedan tener mayor vigilancia, supervisión, y revisiones a la operación de los agentes aduanales y de las agencias aduanales. También la modernización y mayor eficiencia que deberán cumplirse en recintos fiscales, fiscalizados y estratégicos, así como quienes hagan despacho aduanero, que deberán cumplir en materia de vigilancia y seguridad.
También se plantea la creación de un Consejo Aduanero integrado por representantes de la Secretaría de Hacienda, que a su vez tendría la titularidad, además del SAT, la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Secretaría Anticorrupción.
El Consejo Aduanero, entre otras funciones se encargará de la autorización, otorgamiento, suspensión, cancelación o extinción de las patentes y demás autorizaciones y concesiones, así como cancelaciones de patentes de agentes aduanales en los casos donde incurran en incumplimientos a la Ley, ya que tendrá a su cargo la certificación periódica de los agentes aduanales.
Se especifican requisitos para obtener la patente de agente aduanal para evitar conflictos de interés que propicien la corrupción, además de diversos exámenes.
La patente sería personal e intransferible, con un periodo de vigencia de 20 años con el requisito de certificaciones cada tres años para mantener la patente activa, hasta ahora se tenían con periodos de vigencia indefinidos, vitalicios. La patente podrá prorrogarse por un plazo igual, previo cumplimiento de los requisitos, incluido el que el agente aduanal no haya sido inhabilitado o suspendido en más de tres ocasiones por incumplir con las leyes en la materia.
Las nuevas disposiciones establecen causales para la suspensión de sus funciones de los agentes aduanales y causales también para la suspensión o cancelación de las patentes, y la inhabilitación, derivada de la participación en delitos fiscales.
También las obligaciones de agente aduanal y agencia aduanal en el sentido de la veracidad y exactitud de los datos e información suministrados, de la correcta determinación del pago de las contribuciones, de la determinación del régimen aduanero de las mercancías, de su correcta clasificación arancelaria, de asegurarse que el importador o exportador cuente con los documentos que acrediten el cumplimiento de sus obligaciones en materia de comercio exterior.
El agente aduanal deberá cerciorarse de que los usuarios que le soliciten operaciones de comercio exterior cuenten con infraestructura, que estén en cumplimiento de sus obligaciones fiscales, aduaneras y de comercio exterior; que no estén en el listado de empresas que el SAT ha identificado como utilizadas para evadir impuestos o simular operaciones fiscales, coloquialmente conocidas como factureras.
Uno de los planteamientos centrales de las nuevas disposiciones es la mayor digitalización y tecnología, el uso de expedientes electrónicos con la finalidad de agilizar y dar mayor certeza a los procesos. También se establecen requisitos para los recintos fiscales.
Dicho en términos generales, las nuevas disposiciones buscan resolver los vacíos legales que, se han detectado, han sido aprovechados de mala manera por las redes de contrabando técnico, como las que operan el huachicol fiscal.
Estas nuevas disposiciones legales están encaminadas a la mayor supervisión y trazabilidad de las operaciones en que participan agentes aduanales y agencias, junto con personal de aduanas.
En ese contexto está también la anunciada instalación en los puertos fronterizos y las terminales marítimas, de laboratorios móviles, para revisar y certificar los hidrocarburos importados, además de los sistemas mediante los cuales, se ha comprometido el Gobierno, se realizará en tiempo real el registro de los volúmenes de combustibles importados, exportados y los que se comercializan, que es parte de la trazabilidad, ello con la finalidad de combatir el mercado ilícito de combustibles.
El contrabando de mercancías es un desafío a nivel global. Se da básicamente en dos modalidades: introducir mercancías a un país evadiendo aduanas, controles, de manera oculta, “contrabando bronco” se le denomina coloquialmente.
Y está la otra modalidad, la de “contrabando técnico”, que consiste en introducir mercancías con documentos que pueden ser falsificados o en los que se declara una mercancía distinta a la que en realidad es, para evadir impuestos, pero también por otras causas, por ejemplo, porque puede tratarse de un producto que está prohibido en un país o que contiene sustancias prohibidas y en los documentos se disfraza.
Es la modalidad de “contrabando técnico”, la utilizada por las redes de contrabando de combustible que han tenido la colusión de empleados y funcionarios de aduanas, y de oficiales de la Marina.
No es una modalidad nueva, y tampoco es exclusiva para contrabandear combustibles. De hecho, en las aduanas del país, se ha utilizado para otro tipo de mercancías. Cito uno de esos casos: en la primera década del 2000, en el sector textil era frecuente el uso de documentación falsa para contrabando de mercancías del sector textil también para evadir impuestos.
En aquellos años se identificó que en esas redes de contrabando estaban involucrados agentes aduanales, agencias aduanales, verificadores, personal de la entonces Administración General de Aduanas, que eran quienes permitían y participaban en el contrabando. Y en el año 2005 la misma Administración General de Aduanas presentó ante instancias judiciales 76 denuncias sobre contrabando técnico de textiles, que involucraba a 290 personas, entre ellos agentes aduanales, representantes aduanales, verificadores e importadores, y hubo despidos de personal que, se comprobó, participaba en el contrabando técnico de mercancías.
Realicé y publiqué varias investigaciones periodísticas al respecto. En uno de esos reportajes, que titulé “Aduanas, los 500 expedientes de la corrupción”, en la revista Contralínea, en el año 2005 detallé precisamente el modus operandi de corrupción en Aduanas en esos expedientes integrados por las contralorías internas.
Cito ese caso, porque no es la primera vez que los agentes aduanales y otros empleados de aduanas se involucran en ese tipo de corruptelas, por lo cual, resultan relevantes las nuevas disposiciones que se plantean para la Ley Aduanera; sin embargo, una vez que se hagan vigentes, para que éstas funcionen, será primordial la vigilancia de las autoridades como también la coordinación entre autoridades e instancias gubernamentales.
A su vez, sería clave también, sería necesaria la revisión permanente, la fiscalización, auditoría, certificación, que pudiera hacerse de quienes operan en aduanas ya sea personal civil o de las Fuerzas Armadas, sean empleados gubernamentales o particulares coadyuvantes de la autoridad; pero también resultaría indispensable sacar de las estructuras gubernamentales a quienes participan en esas prácticas ilícitas. Es necesario hacer una limpia a fondo para romper los eslabones de delincuencia organizada, para poder combatir a los contrabandistas de cuello blanco.
