Con el asesinato de Marcos Aguilar Rojas el pasado 26 de noviembre, representante agrario de la comunidad indígena autónoma de San Lorenzo Azqueltán en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco, se confirma que México es uno de los países más peligrosos para los defensores del territorio, los bienes comunes y los derechos colectivos.
Desde hace varios años distintas organizaciones civiles, mexicanas e internacionales, se han dedicado a reseñar y analizar las agresiones de diverso tipo que sufren los defensores del territorio y los derechos colectivos. Cada año publican sus respectivos reportes y lo alarmante es que México aparece siempre entre los primeros lugares del mundo como una territorio peligroso para los defensores de la tierra, especialmente entre comunidades indígenas y campesinas, como fue el caso de Marcos Aguilas de la comunidad tepehuana y wirárika de San Lorenzo, Azqueltán.
Pero lamentablemente, las agresiones ocurren por todo el territorio nacional. Aunque las cifras del total de agresiones y asesinatos no coinciden entre las distintas agrupaciones, de cualquier modo las cifras son alarmantes. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), que viene documentando violencias contra defensores desde hace una década, señaló que el año pasado se asesinó a 25 defensores del territorio. Una de las conclusiones preocupantes en el reporte de Cemda es que se documentó que agentes del Estado cometieron las agresiones en 66 por ciento de los casos, en tanto que en 17 casos los responsables fueron grupos de la delincuencia organizada.
Por su parte la Red Todos los Derechos, que agrupa a 87 organizaciones civiles en todo el país, documentó el asesinato de 92 defensores del territorio durante la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador. A pesar de su reiterado discurso de que, durante su Administración, el Gobierno ya no reprimía, los defensores del territorio siguieron siendo hostigados, criminalizados, desaparecidos y asesinados, y en muchas ocasiones por parte de los mismos agentes estatales.
La cifra de agresiones durante el Gobierno de López Obrador se disparó de acuerdo a un reporte de la organización civil Servicios para una Educación Alternativa (Educa), de acuerdo al monitoreo “Todos sus nombres, Todas sus luchas, sobre agresiones graves a personas defensoras en México”, el cual registró 252 atentados contra la vida, que comprenden 225 asesinatos y 27 desapariciones. Según el reporte de Educa, las luchas más peligrosas corresponden a la defensa del territorio y los derechos civiles.
Dos organizaciones internacionales ofrecen cada año un panorama mundial de las agresiones a defensores del territorio. Por un lado Global Witness registró 18 asesinato de defensores en 2024 en México. Este informe documentó 117 personas defensoras asesinadas solo en América Latina, con Colombia en primer lugar con 48 asesinados, seguido de Guatemala con 20 y México con 18.
Por su parte, el informe anual de Front Line Defenders registró 32 asesinados en México el año pasado. El informe de Front Line Defenders subrayó que “la situación es especialmente crítica para las personas defensoras indígenas, quienes enfrentan amenazas, hostigamiento y asesinatos, además de procesos judiciales arbitrarios que terminan en sentencias desproporcionadas”, tal como ocurrió con el caso de Marcos Aguilar en San Lorenzo Azqueltán, en Jalisco.
Y a su vez sostiene que en México la situación es más difícil para los defensores debido a que las agresiones son sistémicas: “La criminalización de quienes defienden sus comunidades y territorios en México responde a una estrategia sistémica en la que el Estado, en vez de protegerlos, se alinea con intereses empresariales y criminaliza sus denuncias”, se señaló en el documento.
Si bien las cifras de defensores asesinados en México por defender el territorio difieren, no así la identificación de los agresores, pues se coincide siempre en señalar la troika de la represión que viene de la colusión entre sujetos estatales, empresas y el crimen organizado.
Otra vez, esta colusión entre agentes estales y los sujetos interesados en despojar o arrebatar los bienes de los territorios campesinos o indígenas, pone a los defensores casi con una sentencia de muerte en sus espaldas. Como publicó en un comunicado el Congreso Nacional Indígena sobre el asesinato de Marcos Aguilar: este se había advertido previamente a las autoridades, pero estas no actuaron. “El ataque que arrebató la vida de Marcos no fue un hecho aislado: es la consecuencia directa de décadas de agresiones armadas, invasiones de nuestras tierras comunales, ataques paramilitares, amenazas y una estructura completa de complicidad e impunidad, tal como lo demuestra el documento que hemos hecho público”. La defensa del territorio y los bienes comunes no debiera representar una firma de sentencia de muerte. Es hora de poner alto a las agresiones y asesinatos de defensores del territorio y los derechos colectivos en México
