Recientemente se fundó el enésimo frente de firmantes que, de nuevo, anuncia la urgencia de salir a defender la democracia, en el marco de la construcción de una reforma electoral en México. Pese a que la propuesta formal de ésta aún no se anuncia, y en foros abiertos y hechos históricos recientes se pueden intuir sus objetivos, de todos modos el frente de firmantes ya esboza que esa reforma es una especie de peligro para la democracia y hay, por tanto, que oponérsele, o algo así.

Antes de observar de lleno el manifiesto de ese Frente, vale la pena exponer parte de sus antecedentes y, también, de sus taras. De entrada, el nombre parece engañoso. El uso del concepto “frente” parece querernos remitir a una postura de izquierdas y asemeja al nombre del partido de Pepe Mujica en Uruguay, el Frente Amplio, fundado en 1971 por un general disidente, Líber Seregni, proceso que derivaría en una de las izquierdas más vigorosas y prestigiadas de América Latina.

Pero no va por ahí el sentido del Frente Amplio Democrático mexicano -al que llamaremos FAD, por practicidad-. Sus referencias deben ser mucho más limitadas y cuestionables. Porque este FAD tiene exactamente el mismo nombre que usó el PRD en 2016 -cuando este partido era ya un engendro de los chuchos- para distanciarse del debutante Morena y canalizar una alianza dizque progresista de cara a 2018, que terminó en el Frankenstein unido con el PAN que postuló al pillo conservador Ricardo Anaya.

Debido a que en el FAD de hoy, 2026, firman integrantes de ese acto de simulación y oportunismo de hace diez años, como Guadalupe Acosta Naranjo, Jesús Ortega o Agustín Basave, es de suponer que de ellos nació la inspiración del nombre. Sin olvidar que algunos de esos personajes están en este momento en proceso de fundar un partido más, Somos México, encabezado por Acosta, que sin duda, en caso de lograr registro, será un grupúsculo más de porros oportunistas, como lo fueron de 2008 a 2024 cuando terminaron de pudrir al PRD.

Más allá de esa anécdota, volvamos al nombre del Frente Amplio Democrático, pues ahí mismo entraña tres mentiras, porque no es Frente, sino un grupo de firmantes; no es amplio, ya que es más bien una nómina de personas que tienen una amplia persistencia en este tipo de organizaciones fallidas. Precedentes de esto son ese grupúsculo inane de Futuro 21, de 2019; el panfleto anticientífico aquel de la “deriva autoritaria” de julio de 2020; el Sí por México de ese mismo año, el Va por México de 2021; y, como coletazo final, la Marea Rosa.

Asimismo, se duda mucho de lo democrático del Frente, porque en él firman ni más ni menos que personajes como Fox, el gran criminal electoral que urdió la peor regresión autoritaria del siglo XXI en México, que fue el binomio desafuero y fraude en 2004 a 2006. Firma también Francisco Labastida, beneficiario de uno de los grandes latrocinios electorales que quedaron sin sanción real, como fue el Pemexgate en 2000. Firma un apologista del delito electoral, como Jorge Castañeda, quien llamó cínicamente en 2024 a violar el Cofipe e instar a campañas ilegales contra Claudia Sheinbaum (actitud que por cierto fue la misma de 2004, cuando de manera hamponil señaló que a López Obrador había que ganarle por la buena o por la mala).

Firman también personajes como Aurelio Nuño, quien llegó a la Secretaría de Educación pública gracias al dispendio ilegal de Monex y otras canalladas de la campaña peñanietista; y firma Claudio X. González -no se sabe si el padre o el hijo-, pero da igual, porque ambos fueron partícipes de la violación al Cofipe en la campaña del Consejo Coordinador Empresarial con espots ilegales en 2006. Y no está de más omitir que uno de esos dos Claudios, gritaba en 2006 que si López Obrador ganaba, habría que darle un golpe de Estado como Pinochet a Allende. Vaya demócrata.

Señalar el pasado de ilegalidades electorales de estos personajes no es un argumento ad hóminem sino un acto de memoria histórica. Que hoy aparezcan firmando un manifiesto por la democracia es algo tan grotesco como si un desplegado a favor del bienestar de la infancia fuera firmado por Marcial Maciel. Hay que decirlo con claridad: la presencia de esos firmantes en el documento es un autogolpe en su línea de flotación porque le resta credibilidad de forma brutal, sobre todo porque en uno de los párrafos del mismo exponen que se oponen “a prácticas que ponen en riesgo los equilibrios democráticos”.

Pues bien, ahí aparecen firmantes personajes que violaron flagrantemente las leyes que rigen esos equilibrios, o llamaron abiertamente a violarlas, en las contiendas de 2000, 2006, 2012 y 2024 cuestión que no es exageración sino una verdad documentada. Llevar a esos tipos como compañeros de ruta no sólo es lastre, sino una resta absoluta de autoridad moral para hablar del tema. Un Frente verdaderamente democrático, realmente preocupado por instituciones electorales, se abstendría de permitir en su seno a personajes que las han lacerado o violentado sus preceptos.

Pero esos personajes, si bien son relevantes porque contradicen los objetivos y nombre del propio Frente Amplio Democrático, pasan a segundo plano cuando observamos que el error estructural de ese manifiesto es su mal diagnóstico de la situación y sus contradicciones irresolubles, hechos que ameritan mención.

El primero de ellos es la simulación. En un párrafo de su manifiesto, el frente declara, de manera textual, “no pertenecer a ninguna ideología”. Eso es falso. En política, cualquier actor que exponga una serie de propuestas que considere válidas o defendibles o necesarias, lo hace desde una perspectiva ideológica que justifica tal validez, tal defensa y tal necesidad.

Así, la visión de una democracia procedimental plural y liberal, que el manifiesto implícitamente defiende, es una ideología, porque este concepto, ideología, no significa solamente “falsa conciencia” o “sesgo subjetivo”, sino que significa una forma coherente de ver la política y con un horizonte específico, en este caso, la equidad de competencia, para interpretar la vida pública. Y eso es absolutamente legítimo y necesario. Lo que no se vale es disimular la ideología u ocultarla, para hacer parecer que quien lo hace está por encima de todos o habla desde el empíreo de marfil.

Para mayor problemática, muchos de los firmantes son personajes que en este momento quieren formar una fuerza política registrada ante el INE, como el ya mencionado Acosta Naranjo, a cuyo esfuerzo se suman los firmantes Emilio Álvarez Icaza y Edmundo Jacobo Molina. Momento crucial para poner en entredicho a ex funcionarios electorales, como Jacobo Molina, que, precisamente se asumieron como voceros del empíreo democrático, y hoy se juntan con lo más sucio del extinto PRD para hacer una fuerza partidista, como un árbitro que luego de ser corrido de la comisión arbitral, busca unirse como centro delantero de algún equipo famoso por marrullero, violento y tramposo.

En segunda instancia, el documento asegura que México sí vivió una transición a la democracia y que el actual poder desplazó ese sistema. Eso es una rotunda falsedad. De entrada, porque el poder que hoy gobierna, al que llamaremos por economía la 4T, es una fuerza política que ha sido partícipe y constructora de esa transición a la democracia, que, en efecto, existe. Al obradorismo movilizado en Tabasco o a nivel nacional se le deben, por ejemplo, las acciones que derivaron en la construcción de la figura de nulidad abstracta en el Tribunal Electoral, cuando en 1994 denunció los crímenes electorales de Roberto Madrazo. Y asimismo, al obradorismo se le debe la Reforma Electoral de 2007, que restringió gastos y tiempos de campañas para que éstas tuvieran una duración e inversión mucho más racional, luego de su activismo tras el fraude de la elección de 2006. La 4T no sólo ha jugado con las reglas de la transición, sino que ha sido un legítimo y protagónico constructor de muchas de ellas.

En ese sentido, guste o no a los redactores del manifiesto, la llamada 4T ha sido un actor que se ha ceñido mucho mejor que PRI y PAN, o muchos de los firmantes del documento, a las reglas electorales creadas por el periodo de la transición. Nadie de la 4T tiene sobre sí multas o sentencias como las que significaron el Pemexgate o Amigos de Fox. La 4T nunca ha violado el Cofipe con campañas que desafiaron por medio año al IFE y al Tribunal Electoral, como sí hicieron el calderonismo y el CCE en 2006. La 4T nunca gastó miles de millones de pesos, como sí hizo el PAN, en una campaña de cinco meses de 400 mil espots ilegales. La 4T nunca ha empleado mecanismos como Monex, o empresas fantasma para triangular recursos electorales; ni ha invertido dinero de gobiernos estatales para campañas sucias carísimas en X, como sí hicieron el PRI en 2012, el PAN en 2006 y los gobiernos de Chihuahua y Guanajuato en 2024. La 4T no ha tratado de usar a la FGR para meter a la cárcel a un inocente para evitar que sea candidato, como sí hizo el PAN en 2004.

Y, en un dato clave, la 4T no ha usado dinero público federal para compra de voto, pues como expuso en su momento Pablo Gómez aún en la Unidad de Inteligencia Financiera, las elecciones de 2021 y 2024 fueron las primeras en la historia donde no se desvió un solo peso de esa fuente para compra de votos. Hay desde luego taras persistentes en el país con esas prácticas sucias, hechas por todos los partidos, que ameritan sanearse, prohibirse e institucionalizarse con fuerza y capacidad de sanción en una eventual reforma. Pero negar el contraste que ha significado la actual fuerza gobernante respecto a los partidos que se asumen “de la transición”, es decir PRI y PAN, es un acto de sesgo en el mejor de los casos, o de deshonestidad, en el peor.

Y aquí se enuncia el problema central de ese manifiesto, y es su mal diagnóstico respecto a la democracia mexicana. La historia a ese respecto que defienden sigue estando incompleta. Nunca han asumido las graves regresiones que padeció esa transición, sobre todo en el bienio 2004-2006; ni las capturas reales y comprobadas de instituciones electorales, como fue el IFE en 2003 (misma institución que, por consenso, fue saneada en 2007 y sus consejeros corridos de forma escalonada por haber lacerado la credibilidad del instituto); o la captura del Tribunal Electoral de 2006 a 2009, cuyos fallos permitieron hechos grotescos que dañaron gravemente la credibilidad de esa institución (como el fallo mafioso a favor de Jesús Ortega en 2008 o a favor de Silvia Oliva en el kafkiano caso Iztapalapa en 2009). Estos hechos, que son gravísimos, ni siquiera aparecen como anécdotas o episodios de estudio en el discurso de estos firmantes, quienes al desconocerlos por ignorancia, u omitirlos por deshonestidad, restan credibilidad a su versión de la historia de la transición misma.

Quizá es ahí donde está la falla mayor de este manifiesto: su visión de la transición de la democracia no coincide con la historia completa de las instituciones que dicen defender, lo cual equivale a querer explicar las pirámides de Egipto omitiendo a las personas que fueron forzadas a construirlas. Es muy válido que los firmantes decentes del manifiesto (que los hay, aunque no todos lo son) discrepen con la llamada 4T y tengan críticas a su desempeño tanto en los términos de la democracia procedimental y la calidad de la democracia. Pero hay algo innegable, y es que muchos actores de la 4T conocen muy bien esa historia indeseable de los fraudes e iniquidades contenidos en el periodo de la transición, porque los han experimentado. Desde esa legitimidad, la de haber observado y padecido el incumplimiento en el terreno de normas democráticas, es desde donde hoy integrantes de la 4T buscan una propuesta de reforma electoral.

Justamente que el manifiesto haga un alarde implícito de ser una especie de corriente guardiana de la democracia es su principal error. No sólo por las carencias históricas que ya se señalaron, sino porque una democracia para ser tal, no tiene monopolizadores ni santos patrones, ni menos aún debe servir para que una fuerza política blanda a la historia de la transición como su patrimonio exclusivo. Al final, esta práctica en el sexenio pasado no sirvió para fortalecer a las instituciones sino para corear consignas más religiosas que políticas, como “el INE no se toca”, y para respaldar candidaturas como las del PRIAN en 2024. Hoy el manifiesto hace lo mismo al señalar que se oponen a una “regresión autoritaria” en una reforma que todavía ni siquiera existe. Es de temerse que esa especulación absurda, basada en nada, sea la renovación de aquella consigna ridícula, nacida de voz de un fanático religioso como Salvador Abascal Carranza, de que había temor por que López Obrador se reeligiera. Así como la idea de la reelección de AMLO siempre estuvo basada en prejuicios absurdos y no en evidencia histórica, es de preocuparse que la consigna de “la reforma electoral es regresión autoritaria” sea una condena de antemano nacida igual de la fantasía y la mala fe.

En relación a las consecuencias partidarias de la Marea Rosa, ese es el único aporte de este tipo de desplegados y manifiestos. Una labor partidista que sería legítima y honesta si se asumiera como simple jugadora de la cancha de las disputas democráticas, y no como juez que quiere, al mismo tiempo, arbitrar el partido mientras anota goles para su equipo favorito.