Con la fuerza del pueblo, Concordia, para todos, reza un eslogan inspirador que más bien parece una amarga ironía por el largo olvido de los responsables institucionales. 

Efectivamente, yerra la plataforma digital de esta Alcaldía gobernada por Morena desde 2021, cuando esta semana, fueron descubiertas fosas con un número todavía indeterminado de cuerpos pero que observadores calculan que podría ser la versión sinaloense del rancho Izaguirre que conmocionó al país en 2025. 

Para quienes vivimos en Mazatlán, Concordia, es un municipio que acostumbramos a visitar y recorrer la cabecera para perdernos en las rancherías y callejuelas de este pequeño pueblo en las estribaciones de la Sierra Madre Occidental que cuenta con una historia de taladores y filibusteros que data de siglos, y cuya actividad ha sido el principal sostén económico de la región.

Ahora, seguramente, las visitas han venido a menos y desaparecido los recorridos de los turistas de los cruceros que cada semana llegan al puerto y quieren vivir la experiencia rural en estos pueblos que guardan historias viejas y que los guías de turistas recrean entre lo pintoresco y el mito.

Sin embargo, de un tiempo acá, la situación cambio y el otrora pacífico sur de Sinaloa, se convirtió en escenario de guerra entre cárteles por el control absoluto de la región incluido los espacios políticos.

En las elecciones concurrentes de 2021, por ejemplo, fue notorio que el narco ya no sólo quería libertad para la producción y el trasiego de sus drogas, le interesaba tener el control de la Alcaldía y terminó imponiendo su voluntad en los siguientes tres años como sucedió prácticamente en todos los estados y municipios de la costa del Pacífico donde, salvo Jalisco, ganaron mayoritariamente los candidatos de Morena y sus aliados (véase mi libro: El dilema del prisionero en las elecciones sinaloenses de 2021, EdiUAS).

Y aquello, que parecía quedaría como una historia más de la crisis de seguridad y de las instituciones democráticas, nuevamente es tema como lo revela el libro: Ni venganza, ni perdón, de Julio Scherer, cuando menciona, a Jesús Ramírez, otrora vocero y coordinador de comunicación de la Presidencia de la República, y hoy coordinador de asesores de la Presidenta Sheinbaum y su presunta relación con Sergio Carmona, quien era considerado el “rey del huachicol”. 

Y es que este personaje fue asesinado en una barbería regiomontana después de las elecciones concurrentes donde presuntamente habría financiado campañas de Morena en varios estados, entre ellas las de Sinaloa, donde este partido arrasó en una operación coordinada que neutralizó a la oposición que fue secuestrada y atemorizada. 

Y hoy es noticia nacional e internacional, luego de que un grupo de ingenieros y geólogos fueran secuestrados el 23 de enero en el campamento minero La Clementina y llevados con destino desconocido. Esta semana -quizá, por la presión internacional - se implementó un operativo extraordinario que terminó localizando un número indeterminado de fosas donde han sido identificados cinco de ellos.

Concordia fue escenario de movilización de las distintas corporaciones del sistema de seguridad nacional y eso, reforzó la sensación de inseguridad, entre los pobladores de los pueblos y rancherías, que en los últimos años ha provocado desplazamientos forzados, lo que ha significado que muchas familias concordenses hayan abandonado sus comunidades buscando refugio en lugares menos inseguros.

Aún, con estas circunstancias adversas, la empresa minera Vizsla Silver continuó sus exploraciones con la anuencia del grupo criminal, que probablemente recibía un pago mensual mientras mantenía el control. Pero algo sucedió de manera que lo que era una suerte de arreglo habría terminado o coincidió con la llegada de un nuevo grupo criminal o hubo un cambio de mando en el mismo grupo que elevó sus pretensiones económicas. No está claro. 

Omar García Harfuch salió al paso con conjeturas, diciendo que las muertes del personal de la mina fueron por “una confusión” por parte de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, lo que inmediatamente fue considerado por muchos como una respuesta sin fundamento para tener el control de los daños. Pero nadie la cree, es más, molesta, especialmente, a las familias con desaparecidos que hablan de hermetismo en las pesquisas.

Dijeron que una confusión era imposible porque el campamento estaba perfectamente identificado como también la vestimenta que utilizaban los hoy fallecidos y desaparecidos, además de las identificaciones que cada uno de ellos portaba. Resultaba para ellos inverosímil que hubiera sido una confusión cuando estos trabajadores tenían meses viviendo en esa comunidad.

Algo que no se ha dicho, quizá porque se prefiere dejarlo como rumor, es que si bien desde hace años existe un grupo dominante en la región ésta se ha vuelto un espacio en disputa entre los distintos carteles -ya no sólo, el de Sinaloa- sino, alianzas, que habría tejido la facción de Los Chapitos con el CJNG. 

Esta versión la comentan vecinos y periodistas de los distintos municipios del sur de Sinaloa -Escuinapa, Rosario y Concordia- que en el último año y medio han vivido en medio del terror por los enfrentamientos que se han dado en la zona serrana y en algunas ocasiones en los centros urbanos.

O sea, no sólo son los enfrentamientos entre las facciones del Cártel de Sinaloa, todo parece indicar que va más allá. Parafraseando la máxima de que en política no hay vacíos, igual no los habría en el crimen organizado. 

En definitiva, el caso de Concordia y el hallazgo de fosas clandestinas no pueden verse como eventos aislados, sino como constantes y expresiones de una crisis estructural en seguridad que atraviesa vastas regiones de México y el gobierno insiste en hacer malabarismos estadísticos como lo hizo la Presidenta Sheinbaum esta semana. 

Las estrategias centradas en manipulación, operativos y detenciones han mostrado limitaciones significativas frente a la complejidad de fenómenos como es el control criminal de los territorios. 

La narrativa del narcoterrorismo desde Estados Unidos introduce, además, una capa adicional de presión diplomática y legal, que, aunque útil, en algunos aspectos no puede sustituir políticas profundas de prevención, desarrollo y fortalecimiento institucional, por lo que se requiere un enfoque más integral que equilibre la visión policial con estrategias sociales de justicia transicional, respeto la soberanía y los derechos humanos. 

Y esto vale más dónde gobernantes por colusión o miedo han permitido la captura de sus territorios que impiden, como dice el eslogan, una “Concordia para todos”.