El domingo pasado comenzó el último periodo ordinario de sesiones de la actual legislatura. De entre los muchos pendientes que tienen los diputados y senadores, hay uno de especial trascendencia: la creación de un nuevo entramado institucional para combatir la corrupción.

Las prácticas de corrupción, entendidas como mal uso de los recursos a disposición del Estado para obtener ventajas privadas –en el sentido más amplio de recursos, es decir, económicos, jurídicos, burocráticos, simbólicos, coercitivos–, abollan el crecimiento económico, degradan la confianza en las instituciones, limitan los alcances de la inversión pública, reproducen la desigualdad. Los acontecimientos que sacudieron al país el segundo semestre año pasado, desde Ayotzinapa hasta la casa de Las Lomas, obligan a colocar como prioridad nacional el combate a la corrupción en todas sus manifestaciones.

La corrupción es un problema estructural en tanto configura muchas de las relaciones políticas, económicas y sociales. Como todo mal estructural, no se resuelve de la noche a la mañana. Sin embargo, crear y echar a andar instituciones que limiten su proliferación es la mejor alternativa para encaminar una solución democrática. Hay muchas propuestas en discusión. Entre ellas está el Sistema Nacional Anticorrupción que presentó el PAN y que cuenta no solo con el respaldo de distintas organizaciones especializadas en transparencia, rendición de cuentas y fiscalización, sino que estas organizaciones también participaron en su diseño.

Una primera fortaleza del Sistema es que asume la naturaleza estructural de la corrupción. La corrupción, además de estar estructurada, es estructurante: configura muchas de las interacciones que ocurren diariamente en el país. Ante problemas estructurados y estructurantes, las soluciones tienen que ser sistémicas, es decir, basarse en un conjunto de instituciones y mecanismos ligados entre sí. Un solo aparato o varios aparatos actuando por separado de poco o nada sirven ante un problema estructural.

Entre las mayores muestras de rezago de la democracia mexicana está el que muchos gobiernos se nieguen a transparentar sus procesos. Lo peor del caso es que la transparencia es solo una parte del combate a la corrupción, aunque sin ella es imposible comenzar la lucha. Se requieren diversos elementos adicionales a la transparencia, tanto en lo público –mejorar los procesos de rendición de cuentas; fortalecer a las auditorías, sobre todo en los estados y más en particular en aquellos que son enclaves autoritarios– como en lo privado –mayor periodismo de investigación.

El Sistema incorpora a la Fiscalía Especializada Anticorrupción y dota de nuevas facultades a la Auditoría, sobre todo para que fiscalice el gasto en tiempo real. No obstante, en el ámbito de las sanciones, aun si se aprobara el Sistema, quedará mucho por hacer. El derecho penal mexicano no ofrece las herramientas necesarias para tipificar con eficacia actos de corrupción y, más grave aún, la procuración e impartición de justicia en el país, como se sabe, solo logran castigos en una ínfima minoría de los delitos que se cometen.

Ahora bien, en la implementación y gestión del sistema hay amenazas de fondo. La principal es, desde luego, que las herramientas terminen controladas por quienes deberían quedar sujetos a ellas. El Sistema incluye un control para enfrentar las amenazas de cooptación: participación ciudadana. En particular, se habla de consejos ciudadanos y de un Comité Ciudadano para la Ética Pública. Ante la amenaza de que, en la práctica, los dientes del Sistema no pasen de encías, ciudadanizar es obligado.

El año pasado, el PRI bloqueó la aprobación de la propuesta. El diferendo entre tricolores y blanquiazules estribaba, sobre todo, en que aquellos buscaban que el sistema estuviera encabezado por un Consejo Nacional de Integridad Pública, conformado –parece broma de mal gusto– por el Presidente y los 32 gobernadores. Ojalá el PRI haya abandonado esta posición y la actual legislatura esté a la altura de entregarle al país un nuevo entramado institucional para combatir este mal. La dimensión del asunto merecería, además, que se confiara la operación del Sistema a especialistas reconocidos, que no se amilanen ante presiones y sean de consabida probidad.

En un contexto marcado por la implementación de las reformas estructurales, donde hay tantos recursos en juego, un buen sistema, bien gestionado no solo es necesario sino además urgente.

@GermanPetersenC

Germán Petersen Cortés

https://www.sinembargo.mx/author/germanpetersen

Licenciado en Ciencias Políticas y Gestión Pública por el ITESO y Maestro en Ciencia Política por El Colegio de México. En 2007 ganó el Certamen nacional juvenil de ensayo político, convocado por el Senado. Ha participado en proyectos de investigación en ITESO, CIESAS, El Colegio de Jalisco y El Colegio de México. Ha impartido conferencias en México, Colombia y Estados Unidos. Ensayos de su autoría han aparecido en Nexos, Replicante y Este País. Ha publicado artículos académicos en revistas de México, Argentina y España, además de haber escrito, solo o en coautoría, seis capítulos de libros y haber sido editor o coeditor de tres libros sobre calidad de vida.

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