10 CLAVES | Los pros y contras de la implementación del Mando Único a nivel nacional

09/01/2016 - 12:00 am

Tras el asesinato de la Alcaldesa de Temixco, Gisela Mota Ocampo, el tema del Mando Único ha abierto un debate a nivel nacional acerca de la implementación de este modelo en el país. Ediles, regidores, analistas y partidos políticos han expresado su opinión al respecto, pero ¿en qué consiste el Mando Único? En 10 claves te explicamos el plan de seguridad que propone el Presidente Enrique Peña Nieto.

Foto: Cuartoscuro
Elementos de la policía de Mando Único en Morelos. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).– El asesinato de Gisela Mota Ocampo, Alcaldesa de Temixco, Morelos, reavivó la discusión de la iniciativa del Presidente Enrique Peña Nieto para establecer el Mando Único a nivel nacional.

A lo largo de esta semana se ha hablado mucho del tema, alcaldes, regidores, analistas y partidos políticos han expresado su opinión respecto al Mando Único pero, ¿en qué consiste este modelo?, ¿cuáles son los pro y los contra de su implementación?

El modelo del Mando Único no es una iniciativa propiamente de Peña Nieto, en octubre de 2010, el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa firmó la iniciativa de Reforma Constitucional para crear este modelo como un plan de seguridad para acabar con la infiltración de integrantes del crimen organizado en las policías municipales.

La propuesta de Calderón Hinojosa encontró los primeros obstáculos por parte de los alcaldes.

Posteriormente, a 17 días de asumir el cargo como Presidente de México, Peña Nieto retomó la iniciativa de su predecesor y anunció su plan de seguridad que consistió en seis líneas de acción para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.

La creación de la Gendarmería fue la principal propuesta del Presidente a nivel federal, además de la implementación del Mando Único policial en los estados y el modelo de policía de proximidad para los municipios.

La iniciativa, que lleva congelada en el Senado de la República más de 400 días, pretende reformar los artículos 21, 73, 104, 105, 115, 116 y 123 de la Carta Magna. En el texto se afirma que la propuesta es respuesta a la necesidad de atender la “disparidad” y la “falta de coordinación” entre policías municipales con las estatales y federales, que ha imposibilitado al Estado mexicano a cumplir con su función de dar seguridad a los mexicanos.

Con el Mando Único Estatal, el Presidente Enrique Peña Nieto pretende, según el texto, atacar las causas que han generado la debilidad institucional de las policías a nivel municipal; su vulnerabilidad ante las estructuras delictivas; y en algunos casos la cooptación de algunos elementos por parte de las organizaciones criminales.

A pesar de que la iniciativa de Mando Único está congelada, mediante convenios estatales se han unificado parcialmente los cuerpos de seguridad en algunos estados. El Tercer Informe de Gobierno de Peña Nieto, 30 entidades del país incorporaron este modelo de policía, en localidades que abarcan al menos 85 por ciento de la población.

Sin embargo, en algunas entidades todavía no se implementa el Mando Único por completo debido al rechazo de alcaldes y regidores que se oponen a este modelo.

El caso que destaca es el de Morelos, la entidad ha estado en el ojo público en los últimos días luego del asesinato de una Alcaldesa y la polémica entre el Gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu y el Alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, por la implementación de este modelo policial en el municipio.

El pasado 3 de enero, un día después de la muerte de la Alcaldesa, el Gobernador de Morelos anunció la imposición del esquema policíaco de Mando Único en 15 municipios, incluido Cuernavaca, a través de decretos que serán publicados en el Periódico Oficial.

En un inicio el Alcalde de Cuernavaca había rechazado este decreto, sin embargo, el pasado 6 de enero Cuauhtémoc Blanco declaró que cedería al modelo del Mando Único en Cuernavaca.

A diferencia de Blanco, el Alcalde perredista de Tlaquiltenango, Enrique Alonso Plascencia,  no sólo no cedió al decreto del Gobernador,  también envió una controversia constitucional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la decisión de Graco Ramírez.

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