Ciudad de México, 11 de marzo (SinEmbargo).- Eduardo Medina Mora es Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como se esperaba desde que el pasado 2 de marzo, día en que el Presidente Enrique Peña Nieto defendió públicamente su designación durante su viaje a Londres, Inglaterra. El mismo día que el todavía embajador comparecía ante la Comisión de Justicia.

Parecía que con su comentario el Presidente decía: No se hagan bolas, es Medina Mora, emulando la frase del ex Presidente Carlos salinas de Gortari. Desde ese momento, prácticamente fue mero trámite su paso por la Comisión de Justicia, en donde doblando al máximo la interpretación constitucional, dio luz verde a la “idoneidad” de Medina Mora para ocupar el cargo en el máximo tribunal del país.

“Han forzado interpretaciones legales mediante estrambóticos criterios”, acusó el Senador Javier Corral Jurado, único panista que decidió votar en contra del bloque blanquiazul que le dio todo su apoyo a Medina Mora.

Sin embargo, el camino de Medina Mora a la Corte no fue del todo terso: su nombramiento ha sido el más cuestionado por integrantes del Senado de la República en dos años y medio de la presente legislatura.

“Nombrar a Medina Mora como Ministro es premiar la impunidad de la violación a estos derechos humanos, es un pésimo mensaje a toda la comunidad internacional que ha alertado sobre la grave crisis que vive nuestro país en este terreno, agudizada con el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa”, afirmó la Senadora Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Esta vez no solo la oposición, la misma que es acusada de estar en contra de todo sin proponer nada, rechazó la designación. Por lo menos 55 mil personas se opusieron a que Medina Mora ocupara una silla en la Suprema Corte: académicos, politólogos, juristas, periodistas y ciudadanos en general exigieron no avalar la aspiración de Medina Mora.

¿Por qué 50 mil firmas? Cuestionó Denise Dresser, profesora de ciencia política. “Por qué se pone en un puesto tan importante a alguien cuyo paso por el poder fue un fracaso para la seguridad y una catástrofe para los derechos humanos. Alguien que permitió que el abuso se convirtiera en rutina, como lo denunciaron en su momento una multiplicidad de organismos internacionales”, respondió.

Pero no fueron escuchados por los panistas en el Senado quienes acordaron votar en bloque a favor del ex Procurador General de la República durante el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).

Muchos de ellos fueron convencidos de votar a favor por Medina desde el día de su comparecencia, el pasado 2 de marzo, fecha en que el ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) se declaró afín al principio de respeto a la vida desde la concepción, es decir en contra del aborto.

Esto se confirmó por el Senador Daniel Ávila Ruiz, quien durante su intervención en tribuna para defender la designación de Medina Mora argumentó que el PAN es un partido de ideas y valores humanistas.

“Nuestros principios y valores se centran en el respeto a la dignidad de la persona humana y el derecho a la vida desde la concepción”, recordó el legislador panista.

Indicó que Eduardo Medina Mora era ese personaje “capaz de enarbolar una postura consistente con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en defensa a la vida”.

Para el PAN, Medina Mora “ha postulado que la vida del ser humano es el más elemental de todos los derechos, argumento estrictamente jurídico, exento de cualquier posición personal”.

LOS PECADOS DE MEDINA MORA

El nombramiento de Medina Mora es también el caso en que la oposición ha documentado más textos oficiales para demostrar que un ciudadano, en este caso Medina Mora, no cumple con los requisitos constitucionales de “buena reputación” ni de haber “servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia”.

Previo a la votación, la izquierda puso a disposición de los senadores los expedientes de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre violaciones a derechos humanos en la población de San Salvador Atenco, Estado de México, cuando Medina Mora se desempeñaba como Secretario de Seguridad Pública federal.

Los hechos se desarrollaron los días 3 y 4 de mayo del 2006 cuando Enrique Peña Nieto era Gobernador de la entidad. Esos días policías federales y estatales irrumpieron violentamente en la localidad para arrestar a ciudadanos que se manifestaban contra la toma de sus ejidos para construir el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

En el mismo sentido, diversas organizaciones de la sociedad civil cuestionaron el desempeño de Medina Mora como Secretario de Seguridad Pública por la actuación de su policía en Texcoco y San Salvador Atenco, en donde la acción de la autoridad dejó saldo de dos jóvenes asesinados, además de 207 personas detenidas, entre las que se encontraron 47 mujeres que denunciaron haber sido torturadas y violadas sexualmente por elementos policiacos.

La oposición presentó un texto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) donde se le relaciona con los hechos derivados del enfrentamiento entre fuerzas de seguridad pública tanto federales como locales, con trabajadores de las empresas Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S.A. de C. V., Asesoría Técnica Industrial del Balsas, S. A. de C. V., y Administración de Servicios Siderúrgicos, S. A. de C. V. (Sicartsa).

El operativo de desalojo ocurrió el 20 de abril de 2006, cuando Lázaro Cárdenas Batel era Gobernador michoacano. Ese día la policía estatal recibió “colaboración” y “apoyo” de la Policía Federal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Ese día dos trabajadores mineros perdieron la vida, como consecuencia de las acciones policiacas.

“Sobre este caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) refirió en su Recomendación 37/2006 que en los hechos se había cometido diversas violaciones a los derechos humanos por parte de elementos policiales tanto federales como estatales, quienes actuaron accionando sus armas de fuego contra los trabajadores privando a dos de ellos de la vida”.

La oposición también presentó otro informe de la CNDH donde se relaciona a Medina Mora con la intervención de la Policía Federal Preventiva en el conflicto de Oaxaca en 2006 y 2007, donde se reprimió a los integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

“En menos de un mes, se detuvo arbitrariamente a más de 200 personas, se torturo a decenas de ellas, encarcelándoseles y procesándoseles penalmente sin que mediara un debido proceso legal”, afirmó la Senadora Dolores Padierna Luna, del PRD.

No se omitió mencionar que durante las refriegas callejeras se asesinó al periodista estadounidense Bradley Roland Wheyler en el marco del conflicto social de Oaxaca del 2006.
A todo esto, Medina Mora respondió con tibios deslindes.

Afirmó que la propia Corte nunca lo responsabilizó por los operativos policiacos violentos en Atenco y en Oaxaca.

“Quiero recordar que las resoluciones de la SCJN sobre la investigación que realizaron estos hechos no se me encontró responsable”, dijo.

ES UN INCOMPETENTE: OPOSICIÓN

La izquierda tampoco olvidó que Eduardo Medina Mora, como Procurador General de la República instrumentó el llamado Michoacanazo. El 26 de mayo de 2009 fueron detenidos 38 funcionarios públicos estatales y municipales de Michoacán, por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La detención se realizó a través de la figura del arraigo, es decir, sin fincarle la comisión de un delito en lo particular al momento de su detención.

Año y medio después de este aparatoso operativo, 37 de los 38 detenidos fueron puestos en libertad debido a que las pruebas aportadas por la Procuraduría General de la República (PGR) fueron desechadas; y unos meses después, el último detenido también fue liberado por falta de pruebas.

La CNDH, también en este caso emitió una recomendación, la 72/2009, señalando las omisiones y actos violatorios del debido proceso legal en que había incurrido la PGR al imputar una “presunta responsabilidad delictiva” a servidores públicos del orden municipal y estatal sin que mediaran pruebas o indicios suficientes para ello.

“Más allá de la forma en que se obtuvieron la libertad de los 38 implicados, el punto central es que en ningún caso, ni siquiera uno, se lograron acreditar los delitos imputados, entonces, puede surgir aquí dos hipótesis: uno, que se hace uso de la PGR para hacer acusaciones políticas sin ningún sustento o dos es tan incompetente que no logró probar la responsabilidad de nadie en ninguno uno de los acusados; cualquiera de las dos cosas es muy grave”, afirmó la Senadora Padierna Luna.

La izquierda también mencionó la ineficiencia de Medina Mora en lo relacionado al encarcelamiento y consignación de tres mujeres indígenas: Jacinta, Teresa y Alberta, detenidas ilegalmente y acusadas de secuestrar a seis agentes de la Agencia Federal de Investigaciones tras un operativo en un tianguis de Querétaro.

Estas mujeres fueron encarceladas injustamente por más de tres años a partir de una falsa acusación incoada por la PGR que encabezaba Medina Mora.
También se le criticó su pésimo desempeño en el manejo de casos como las agresiones y persecuciones en contra del padre Alejandro Solalinde y el secuestro, encarcelamiento y tortura de la periodista Lydia Cacho.

En el primer caso, se señaló a la PGR de Medina Mora como una instancia omisa y negligente por la falta de investigación en relación a las agresiones, hostigamientos y persecución que había sufrido el padre y defensor de los derechos humanos Alejandro Solalinde en el año 2007.

En el segundo, se acusó a Medina Mora de que como Procurador impidió que la Fiscalía Especializada de Delitos contra las Mujeres (FEVIM) consignara a los policías ministeriales que habían detenido arbitrariamente y torturado a la periodista. “Con esta actuación brindó protección a funcionarios públicos ligados a las redes de pornografía y prostitución infantil que eran evidenciadas por la periodista”, afirmó la senadora Padierna.

EL AMIGO DE CARLOS SALINAS DE GORTARI

La oposición no olvidó mencionar el tema de la liberación de 73 millones de dólares que presuntamente devolvió a Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex Presidente Carlos Salinas, pocos días antes de dejar el cargo como Procurador General de la República.

“Le haré una pregunta directa al licenciado Medina Mora ¿qué tiene que decir, licenciado Medina Mora, sobre la liberación del aseguramiento de las cuentas por un monto de 73 millones de dólares con motivo del juicio de desvío de recursos públicos contra Raúl Salinas de Gortari, antes de que se resolviera el caso de peculado? ¿Ese tipo de criterios y comportamientos será su uso y costumbre para resolver los asuntos a su consideración como Ministro de la Corte?”, cuestionó desde la tribuna el Senador perredista Luis Sánchez Jiménez.

Sánchez Jiménez afirmó que con Medina Mora en la Suprema Corte se ampliará la desconfianza social en las resoluciones en las que él pudiera ser ponente, porque como servidor público demostró que no respeta los derechos humanos y no tiene los conocimientos sobre la administración de la justicia.
Por su parte, la Senadora Padierna recordó que durante el sexenio de Carlos Salinas, Medina Mora fungió como asesor del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá.

“Medina Mora pertenece al grupo salinista que está de regreso en la Presidencia; con su voto el PRI y el PAN y el Verde van a elegir al Ministro incómodo, como Raúl Salinas fue el hermano incómodo”, recalcó la perredista.

En su oportunidad, el Senador Manuel Bartlett Díaz afirmó que como embajador de México en Estados Unidos, Medina Mora estuvo del lado de las petroleras y del gobierno de Estados Unidos durante la discusión de la Reforma Energética.

Agregó que el Eduardo Medina Mora participó en la Iniciativa Mérida, además de facilitar la operación “Rápido y Furioso” a un costo de miles de vidas para los mexicanos.

Asimismo, el Senador Bartlett sugirió que con su nombramiento, el Presidente Enrique Peña Nieto paga facturas a quienes lo llevaron al poder en el 2012.

“Por sus relaciones e intereses personales con Televisa para extender el poder de esta empresa, como una hidra que lo pudre todo, en todas las instituciones del Estado y, por sus vínculos con el gobierno de Estados Unidos para instrumentar las reformas estructurales al gusto de ese gobierno”.

Además remarcó que Peña Nieto necesita “un Ministro que le garantice impunidad y que interprete la reforma energética a favor de los intereses de las grandes petroleras y no a favor del pueblo de México”.
Pese a todos los argumentos vertidos durante más cuatro horas de debate, se consumó la designación de Eduardo Medina Mora.

En su defensa en tribuna, los priistas resaltaron que Medina Mora es un “buen amigo”, un “buen padre de familia”, un “mexicano ejemplar”. En resumen, pocos argumentos y muchos elogios para el nuevo Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.