Me contaron la siguiente historia en torno a la Gendarmería, ese proyecto policíaco del Presidente Enrique Peña Nieto. Ojalá estos datos ayuden a tratar de entender qué está haciendo el gobierno federal en torno al tema de la violencia. Porque de alguna manera sí es increíble que 130 días después de comenzado el sexenio no sabemos bien a bien qué es o qué será la Gendarmería, cuándo estará lista en su primera fase y qué podremos esperar de ella.
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En el principio fue la promesa electoral. El 25 de mayo de 2012, en Monterrey el “candidato presidencial de la coalición Compromiso por México, propuso crear una gendarmería nacional con 90 mil elementos”, decía la nota de Milenio de ese día. Agregaba el diario: “al participar en el cuarto Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, explicó que para ello ampliará a la Policía Federal de 36 mil a 50 mil elementos, a los que se sumarán los 40 mil miembros del Ejército que actualmente participan en las labores de seguridad”.
Luego vino la transición. El 4 de septiembre el entonces presidente electo nombró a su equipo de transición. La vicecoordinación de Seguridad y Justicia recayó en el yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín. El ex diputado, y hoy Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se abocó a trabajar con un equipo en desarrollar diferentes líneas estratégicas en donde desde el primer momento destacó por un lado el enfoque de prevención del delito empujado por Roberto Campa, nombrado a su vez coordinador de justicia de ese gabinete de transición.
Por otra parte, con Ramírez Marín a la cabeza, quien además reportaba de manera directa a Miguel Ángel Osorio Chong, el equipo comenzó a revisar modelos policíacos que pudieran servir de referente para configurar la Gendarmería. De lo estudiado se quedaron inicialmente con tres: Carabineros, de Chile; Guardia Civil, de España, y la Gendarmería nacional francesa. Este último, según lo que me fue contado, tuvo las mayores simpatías. Sobre todo después de que Osorio Chong y Ramírez Marín se entrevistaran a principios de noviembre con la embajadora francesa Elisabeth Beton y un funcionario de la gendarmería que estuvo, coincidencia o no, por aquellas fechas en nuestro país. Francia tenía tantas ganas de colaborar como de ver a su compatriota Florence Cassez fuera de la cárcel. Entre los modelos desechados estaba el brasileño, que fue considerado muy “belicoso”, es decir, más propio de un enfoque con el que se identificó a la anterior administración, y perspectiva de la que Peña Nieto se quería distanciar.
El equipo de transición se enfrentó entonces a un primer problema: cómo hacer para constituir de inmediato un cuerpo policíaco de 50 mil agentes. Era una locura, por lo que sugirieron comenzar a rebajar expectativas y empezar a manejar el término de un año para montar la Gendarmería.
Con ello cambiaba un poco el evento que habían pensado en realizar el 2 de diciembre para desvelar a la Gendarmería como parte esencial de la estrategia anticrimen del nuevo gobierno. Una de las posibles sedes que se contemplaban para ese eventual anuncio era el Castillo de Chapultepec, sede de los diálogos de las víctimas con el gobierno de Felipe Calderón, el Congreso de la Unión y con los entonces candidatos presidenciales.
El perfil de la Gendarmería que se exploraba sería un híbrido entre los tres modelos finalistas, y su objetivo sería garantizar la seguridad en el país sin los costos que acarrea la presencia del Ejército en la calle. Porque aunque en un principio se preguntaron si podrían sacar al Ejército de las calles, se concluyó que eso resultaba imposible, que hay regiones en las que de momento no se puede retirar a las Fuerzas Armadas. Entonces el equipo se abocó a trabajar en perfilar un cuerpo policíaco que combinara “la capacidad, la disciplina y el sentido estratégico del Ejército” pero con “capacitación efectiva para tener trato con la ciudadanía”. La Gendarmería como una síntesis de lo mejor de los dos mundos: las virtudes de las Fuerzas Armadas más la proximidad con la sociedad. Incluso se habló de usar a la Gendarmería en muchas cosas que irían más allá de las labores de combate al crimen organizado, como por ejemplo para desaparecer a los agentes del Instituto Nacional de Migración, y poner a los gendarmes en labores de policías migratorios.
Todo lo anterior se atoró cuando ocurrieron dos cosas: supieron que las Fuerzas Armadas aceptarían desprenderse de efectivos pero no de las plazas de los mismos. En consecuencia, el costo de crear este nuevo cuerpo se volvía prohibitivo: 50 mil nuevas plazas, más instalaciones y logística. Eso fue a mediados de noviembre. Ahí se paró en seco cualquier trabajo en el proyecto de la Gendarmería. Por lo que cuando en la última semana de ese mes Ramírez Marín no fue perfilado para labores de seguridad, el nuevo encargado de la misma –que a la postre resultó ser el doctor Manuel Mondragón– apenas si recibiría del equipo de transición unos apuntes no concluyentes sobre lo que podría ser una Gendarmería a la mexicana.
El viernes pasado, La Jornada publicó que 8,500 soldados “que participan en acciones contra la delincuencia y el narcotráfico, y miles de elementos que antes realizaban labores de seguridad pública ahora son capacitados para formar parte de la Gendarmería Nacional”. Esa información siguió a una nota de Reforma del 30 de marzo en la que la Secretaría de la Defensa Nacional aseguraba que “a la fecha no se ha materializado ninguna capacitación o curso relacionado a dicho organismo propuesto por el Gobierno federal”. El oficio de la Sedena está fechado el 22 de marzo.
Es seguro que el gobierno de Peña Nieto pretende conformar una Gendarmería, pero no sabemos a partir de qué o cómo lo está haciendo. Es más, en la nota ya citada de Reforma se agregaba que la Secretaría de Gobernación ha decidido reservar por seis meses la información sobre la Gendarmería, lo más que dijo Bucareli es que ese cuerpo policíaco “se encuentra en fase de planeación, revisión, análisis e integración”. Osea, está en fase de todo.
Por lo pronto, aquí hay unos apuntes sobre lo que pasó en transición. Si todo fue como me fue contado, habría sido un primer tropezón del nuevo equipo gobernante. Peña Nieto debería atender la solicitud de grupos de la sociedad civil para integrarse a la discusión de cómo hacer este nuevo cuerpo policíaco. En una de esas se evita un nuevo proceso que no lleva a ningún lado.
