El 15 de septiembre de 2008, Michoacán tuvo una prueba del horror y angustia de lo que estaba por venir. En aquél entonces, a dos años de que la entidad fuera tomada por primera vez como laboratorio de pruebas de la estrategia federal de seguridad pública, un atentado contra la población civil que festejaba el 198 Aniversario del Grito de Independencia, en el centro de la capital, Morelia, fue una puñalada perpetrada por Los Zetas al corazón del estado.

La estrategia de seguridad anunciada en 2006 por el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa no detuvo la violencia; según sus informes, logró casi desaparecer al cártel de la Familia Michoacana, oficialmente extinto en 2010, pero en su lugar surgió una organización criminal más sanguinaria y dispuesta a todo con tal de no perder el territorio a manos de Los Zetas, el Cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación: Los Caballeros Templarios.

Este grupo delictivo nació, se desarrolló, creció y cobró relevancia internacional en medio de una histórica movilización de fuerzas federales, y, ahora, en medio de otro histórico operativo de la Federación se intenta extinguirlo.

La entidad ha vivido años de horror con un gobierno que actualmente está en manos de un calavérico Fausto Vallejo Figueroa, sometido a las decisiones de un “Zar” impuesto por el gobierno federal.

Pero el trago amargo aún no termina, no sólo por las balaceras y posibles ajustes de cuentas y enfrentamientos que se puedan registrar en los últimos meses, sino porque ahora sigue una labor que remueve heridas, lastima y fractura familias: el buscar e identificar a los muertos de la guerra.

El miércoles, grupos de autodefensa de la Ruana encontraron en Tingüindín una fosa clandestina con más de 24 cuerpos, mientras que en dos días aparecieron siete cabezas en distintos puntos de la entidad. No hay que olvidar los 67 cuerpos exhumados, hasta ahora, en las fosas clandéstinas encontradas en los límites de la entidad con Jalisco.

El 2013 fue el año más violento en Michoacán desde 1998, pues se registraron un total de 990 homicidios, siendo diciembre el que registró mayor el número de asesinatos, con 128 —nueve de ellos de mujeres—.

Según cifras del Secretariado Técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el año pasado se presentó un aumento de 31.13% en este tipo de crimen, con respecto del 2012, cuando se registraron 755 muertes violentas, 235 menos que en 2013.

La mayoría de las muertes se dieron por asesinatos entre hombres armados y pese a la presencia militar en el Estado.

Pero no sólo aumentó la cantidad de crímenes sino las regiones en que tuvieron lugar, pues se extendieron a 36 de los 113 municipios que integran el estado, siendo Morelia, Apatzingán, Tarímbaro, Uruapan y Zamora donde se concentraron más de la mitad de los asesinatos.

Además, tres de cada 10 crímenes se suscitaron en la población de Tarímbaro, lo que la convirtió en una de las zonas más peligrosa de la entidad.

Para todos, las cifras oficiales se quedan cortas, ya que nadie sabe a ciencia cierta cuáles son los saldos de la guerra por una sola razón: existen zonas a las que ni siquiera los ministerios públicos han podido ingresar ante las amenazas que pesan sobre su cabezas.

Por lo tanto, no se puede decir que existe un registro exacto de los muertos. De algunos se sabe porque grupos de autodefensas llevan sus cuentas de los abatidos en sus filas, pero ¿y de los que nadie lleva el conteo? ¿todos aquellos que se encuentran en fosas o que simplemente sus cuerpos fueron disueltos en alguna sustancia?

La tarea es larga y difícil, pues ya empiezan a salir a flote los cadáveres que dan testimonio de los horrores cometidos en el estado.