El Partido Revolucionario Institucional diseñó un proceso para la elección de sus candidatos a la gubernatura en los nueve estados de la República donde habrá elecciones que, por los resultados obtenidos, no tiene nada de democrático.

El proceso se inicia en los estados, a través de los comités estatales priistas, pero teniendo en cuenta que la última palabra la tiene el presidente de la República -véase “La llamada (o el dedo telefónico)”, de Salvador García Soto- vía el CEN del PRI, concluyendo con la sumisión (o unidad) de todos los precandidatos hacia el ungido.

Todo este escrutinio se hace de forma oscura y a través de supuestos análisis y encuestas que ningún ciudadano ve a pesar de que los partidos políticos son organismos sostenidos por los impuestos de la sociedad y, por lo tanto, deberían ser obligados a transparentar sus procesos, pues no se mandan solos.

En Colima, por ejemplo, polis que sigo de cerca, prevaleció la opacidad y la arbitrariedad por parte del CEN del PRI, en perjuicio del candidato no sólo con mayor presencia social y mejor perfil, sino el que mayor rentabilidad electoral tenía, Federico Rangel Lozano. Se impuso, en cambio, a José Ignacio Peralta Sánchez, subsecretario de telecomunicaciones, por su amistad  personal con Luis Videgaray.

La imposición de Peralta Sánchez se dio a pesar de que toda esta entidad federativa conoce sus ligas con personajes oscuros y corruptos de la política estatal, como el propio ex gobernador Fernando Moreno Peña, actual delegado del CEN en Michoacán, donde ahora curiosamente acusan al PRI de simular el proceso de selección de candidatos.

Si esta farsa democrática colimense (la primera de la administración peñanietista) se dio igualmente en el resto de los estados de la República, entonces se confirma que el nuevo PRI sigue siendo un partido de  padrinazgos, corrupción y arbitrariedad.

Como siempre.

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