Desde que comenzó la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, gobernadores, alcaldes y hasta presidentes se han quejado amargamente del mismo. Le atribuyen al sistema el hecho de que los jueces liberen a los detenidos.

El argumento engañoso es que los jueces liberan con tecnicismos a delincuentes que ellos detienen con mucha dificultad. La verdad de fondo es que desde que comenzó la implementación del nuevo sistema no se ha capacitó correctamente a policías, peritos y ministerios públicos para que respeten la cadena de custodia, obtengan evidencia e integren expedientes de manera correcta.

Además, el rezago de expedientes del sistema anterior y la falta de personal en el sistema de procuración de justicia hace más serio el problema de la impunidad en México. Es contradictorio: cada vez invertimos más en policías y militares para detener delincuentes que no tenemos capacidad de juzgar en tiempo y forma.

Por supuesto eso no significa negar que delincuentes poderosos contratan buenos abogados para usar a su favor las debilidades de sus procesos judiciales. Pero eso también es responsabilidad de los fiscales y sus ministerios públicos, no un problema de origen en el sistema penal.

También se entiende que décadas de cultura inquisitoria no cambian en apenas unos años, pero aún así hay que reconocer que el sistema penal acusatorio es un acierto en materia de justicia y de derechos humanos.

Por eso preocupa mucho lo que acaba de suceder en el senado mexicano donde nuestros legisladores prácticamente acabaron con el principio básico del nuevo sistema: la presunción de inocencia. Es decir, que todos debemos ser considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

¿Y cómo lo hicieron? Básicamente abusando del recurso de la prisión preventiva oficiosa al ampliar el catálogo de delitos por el que esta puede ser aplicada.

Solo para dimensionar el tamaño del problema: actualmente tenemos casi 80 mil personas en prisión preventiva con un costo de 5,700 millones de pesos ( según texto de Montserrat López y Carlos de Rosa en Nexos) y eso habrá de aumentar con lo aprobado en el senado.

Suena bonito tener más opciones para detener gente y meterla a la cárcel, pero en la práctica no funciona: nuestras prisiones están llenas de presos sin sentencia. Es decir, la prisión preventiva no combate la impunidad, la simula.

Eso es lo que más me preocupa, porque la inseguridad y la violencia serán el principal problema del gobierno de López Obrador por dos razones: por la complejidad del fenómeno y porque es donde la sociedad querrá ver resultados más rápido. En ese sentido la prisión preventiva es un atajo fácil para mostrar esos resultados pero sin resolver nada de fondo.

Y me preocupa más si a la mezcla agregamos el empoderamiento de las fuerzas armadas a través de la creación de la Guardia Nacional, una institución que no se distingue precisamente por su respeto a los derechos humanos y que ahora tendrá un abanico de opciones más amplio para encarcelar personas sin que nadie se los impida.

La ampliación de la prisión preventiva es otro retroceso en materia de seguridad y justicia. Un retroceso que pone en entredicho una de las principales promesas de López Obrador: pacificar a México.

Pacificar a México no sucederá metiendo más gente a prisión por todas las razones mencionadas y por una razón todavía más poderosa: ¿quién controla las cárceles en México?