Confirmé la intuición de que algo olía mal con el Bitcoin y sus derivados cuando escuché a buenos amigos sin rigor en el arte del dinero pavonear inversiones y ganancias en activos cripto, cual fiebre del oro digital. Las banderas rojas estaban allí: desconocimiento de la tecnología subyacente, apetito por riesgo desmesurado y ánimos especulativos ajenos al ahorrador convencional. Luego vino el spam en X y el jaqueo masivo. Después, que un analfabeto moral como Ricardo Salinas Pliego declarara en una entrevista que tiene alrededor del 70 por ciento de su portafolio expuesto a Bitcoin fue la paja que rompió el lomo del camello. Quedé entonces convencido de que algo más que una simple burbuja estaba inflándose en el mundo financiero.
Las criptomonedas surgieron en el 2008 cuando Bitcoin fue inventado por una entidad desconocida bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. No han hecho más que crecer y multiplicarse desde entonces. El sitio especializado CoinMarketCap estima que la capitalización global de mercado de los activos cripto rondaba los tres billones de dólares a comienzos de abril, con un sólo nombre (Bitcoin) concentrando más del 50 por ciento. En un inicio, la supuesta virtud del instrumento descansaba en las expectativas de mejorar el sistema de pagos digitales, mismas que hasta la fecha siguen sin cumplirse. En años recientes, la complejidad aumentó hasta desdibujar el propósito fundacional. Ahora, oscuros usos y bajas pasiones mueven el precio de las meme coins y los tókenes.
Un nuevo informe del Observatorio Tributario de la Unión Europea analiza los desafíos de aplicar impuestos a las criptomonedas, centrándose en una iniciativa de Dinamarca que obligó en 2019 a las plataformas locales a reportar transacciones de usuarios a la autoridad tributaria. A pesar de la medida danesa, más del 90 por ciento de los inversores no declararon ingresos en criptomonedas, evidenciando una elevada evasión fiscal. Además, trasladaron actividades a plataformas extranjeras no reguladas, reduciendo la efectividad de la política. El informe del Observatorio concluye que la evasión fiscal en estos activos digitales es masiva y persistente, requiriendo soluciones multilaterales para cerrar las brechas de regulación en mercados globalizados.
En esa línea, Paul Krugman escribió en diciembre que las criptomonedas son para delinquir. Contra las peticiones de megadonantes republicanos como Elon Musk, el Nobel de Economía desaconseja la intervención gubernamental para garantizar a los inversores cripto el derecho a una cuenta corriente por la creciente especulación y delincuencia asociada. Krugman pone como ejemplo de actos inmorales a Howard Lutnick, Secretario de Comercio estadunidense de estrechos vínculos con Tether, empresa relacionada a una red de lavado de dinero descubierta por el Reino Unido. Pero no es la punta del iceberg.
Donald Trump tomó el segundo mandato como una nueva oportunidad para engordar su riqueza personal. Consciente de la legitimidad que reviste el cargo y de la fidelidad de su base electoral, puso la mira de halcón en las criptomonedas como mecanismo de enriquecimiento expedito. Con el resquicio de la desregulación y la opacidad a su favor, el Presidente estadunidense apadrinó dos monedas ($TRUMP y $MELANIA) a cambio de una mayoría accionaria. Según cálculos de Reuters, la familia Trump obtuvo a cambio derecho al 75 por ciento de los ingresos netos por la venta de tókenes y al 60 por ciento de las operaciones de la empresa World Liberty creada dos meses antes de la elección del 2024. El acuerdo garantiza a la familia derecho a unos 400 millones de dólares en comisiones. Por si fuera poco, Eric y Donald Trump Jr. adquirieron en días recientes una participación minoritaria en una minera digital llamada American Bitcoin, también de reciente creación. La apuesta crece y con ella la sospecha.
Insensible a toda crítica sobre potenciales conflictos de interés, Trump decretó en marzo la creación de una Reserva Estratégica de Bitcoin bajo argumentos de certidumbre y centralización. Poco angustió al Presidente la contradicción en que cae al defender la hegemonía del dólar frente a retadores como los BRICS mientras impulsa el uso extendido de las criptomonedas, de facto de una expansión de la base monetaria que erosiona al todopoderoso. Tampoco incomodó el poder regulatorio y la información confidencial favorable a los intereses particulares de la Casa Blanca.
Trump no es el único mandatario envuelto en escándalos dignos de un manual de ética pública. El Presidente argentino Javier Milei encabezó un presunto fraude planeado durante meses que hasta la fecha carece de explicaciones convincentes y deslindes legales. A pesar de intentos de un lavado de manos que hasta Pilato envidaría, Milei intentó ocultar trazas del fraude $LIBRA arguyendo una llana “difusión y no una promoción”. Testimonios comprometedores del propio entorno presidencial vuelven poco creíble la victimización como artilugio defensivo en lo que es ya la mayor crisis de confianza del cuatrienio. Casos como el de Estados Unidos y Argentina alertan que, mediante el afán de lucro desmedido y el incentivo institucional a la opacidad, presidentes como Trump y Milei facilitan la vida a los delincuentes de cuello blanco.
Las criptomonedas ya rebasan la esfera de la simple especulación. Buena parte de su uso es delictivo. Se suman las amenazas de enriquecimiento personal desde el poder político. Un tema aún inexplorado es el uso de los activos digitales para financiar campañas y eludir reglas electorales. Con no poca ironía, libertarios que en otras circunstancias rechazarían la corrupción gubernamental y el peligro democrático miran a otro lado tratándose de ultras en el poder. Queda claro que su nivel de tolerancia frente a las corruptelas crece cuando los actos inmorales se alinean a la riqueza personal libre del esfuerzo y la honradez. Esa contradicción y el tufo a corrupción dará más motivos a una resaca regulatoria. Entretanto, el bacanal sigue.
