El INE cerró el caso que involucraba al hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador debido a que no encontró pruebas suficiente de financiamiento ilegal a Morena entre 2015 y 2018, de lo que lo acusaba la oposición luego de la publicación de videos en 2020 donde David León Romero le entregaba sobres con dinero en efectivo.
Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).– El Instituto Nacional Electoral (INE) exoneró a Morena de acusaciones de presunto financiamiento ilegal entre 2015 y 2018 por falta de pruebas este jueves, en un caso que involucró a Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por los sobres con dinero en efectivo que recibió por parte de David Romero, entonces funcionario del Gobierno de Chiapas con Manuel Velasco, y evidenciados en videos publicados hace más de un lustro.
La resolución del Consejo General del INE, aprobada por unanimidad, concluyó que no existen elementos suficientes para acreditar que los recursos entregados en los videos fueron destinados al financiamiento de campañas del partido Morena entre 2015 y 2018. El órgano electoral señaló que, a pesar de las extensas indagatorias realizadas por su Comisión de Fiscalización, no se logró establecer un vínculo causal entre la entrega de dinero y un beneficio directo para el partido fundado por AMLO.
Carla Humphrey, la Consejera del INE y presidenta de la comisión de Fiscalización, aseguró que "la investigación [fue] realizada con rigor, se verificó la trazabilidad financiera, montos bancarios, contables, fiscales, se analizó documentación, soporte y registros contables, incluso se consideró peritajes técnicos al material audiovisual".
"Sin embargo, en nada de ellos se obtuvo en grado suficiente para acreditar la conducta denunciada. No hay rastro bancario, no hay registro contable, no hay comprobación fiscal que permita transformar ese indicio en certeza sobre el origen, monto, destino y carácter partidista del efectivo observado", añadió durante la presentación del proyecto, avalado por el Consejo General del INE.
"Por lo tanto, la conducta no se acredita y esto otra vez nos llama a la urgencia de fortalecer nuestras herramientas en materia de fiscalización y la obligación legal de todas las autoridades de aportar información cuando esta autoridad lo solicite en materia de fiscalización", pidió Humphrey.
Y es que la Consejera reconoció que, aunque el INE solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a Morena, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y a "personas directamente vinculadas en los vídeos, incluidos a David León Romero y a Pío López Obrador, y a empresas relacionadas con el exfuncionario federal", para rastrear los fondos, pero no todos cumplieron con las solicitudes, incluido el Tribunal mencionado.
En 2022, recordó el Consejero del INE, Jaime Rivera, la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel) determinó determinó no ejercer acción penal ante la publicación de los videos, publicados por Latinus en 2020, aunque la fecha de las grabaciones serían originales de entre 2015 y 2018.
En contraste, Guillermo Santiago Rodríguez, representante de Morena, defendió la decisión del INE y calificó el caso como un “escándalo de ocho columnas” sin sustento legal. Aseguró que la Fiscalía fue clara en su determinación de exonerar a los implicados y que el expresidente se deslindó de cualquier influencia en el proceso judicial. “No hay pruebas, no hay delito, no hay financiamiento paralelo”, sentenció.
El INE concluyó este jueves que no puede sancionar con base en indicios sin respaldo documental o financiero. Pío López Obrador y David León quedan oficialmente absueltos de cualquier responsabilidad administrativa en materia electoral.
En 2022, Pío López Obrador afirmó a Expansión Política que el dinero entregado por David León fue para “apoyar al movimiento con el tema de gastos menores, como gasolinas”, pero negó que con esto haya cometido un delito. “Es más una falta”. También aseguró que no recibió ayuda de su hermano, el entonces Presidente López Obrador, y no había hablado hablado con él, así como tampoco alguna otra autoridad.
León Romero, por su parte, era Coordinador nacional de Protección Civil del Gobierno de López Obrador en sus primeros años de Gobierno, y estaba a punto de convertirse en el zar de la distribución de medicamentos, pero dejó su sitio en el gabinete a mediados de año, cuando explotó el escándalo.
