Le llamaron “la madre de todas las reformas”, y es que dentro del paquete de reformas estructurales que el Gobierno de Enrique Peña Nieto promovió, la Reforma Energética representaba la más ansiada por el PRI y el PAN desde tiempos del Salinismo, porque, finalmente el Presidente del “nuevo PRI” oficializaba la apertura del sector energético para ahondar en el proceso cuasiprivatizador que hasta entonces subrepticiamente se había aplicado a Petróleos Mexicanos (Pemex).
Evidencia anecdótica del tipo de acuerdos de los legisladores para dar su voto, son los sobornos que se repartieron en efectivo, narrados en parte por Emilio Lozoya, el director de Pemex, a su vez también receptor de sobornos y encargado de enviarles otros sobornos a los legisladores que aprobarían esa reforma.
En el sector petrolero caló hondo, para mal, esa reforma, porque no sólo no llegaron las prometidas inversiones, sino que en varios ámbitos se generó un descontrol cuyas consecuencias hasta hoy se siguen padeciendo: el contrabando de combustible, el contrabando técnico, llamado coloquialmente como huachicol fiscal.
El contrabando de petrolíferos y refinados en la industria petrolera no era nuevo, y ya en pasadas ediciones de esta columna expliqué que, desde hacía décadas, a la par que sustraían combustibles de manera ilegal de las instalaciones de Pemex, también por la frontera norte, principalmente mediante las aduanas de Tamaulipas llegaban cargamentos de combustibles de contrabando que traían transportistas o empresarios gasolineros y que desde por lo menos la primera década del 2000, aún y cuando se les detenía incluso en flagrancia, quedaron impunes. Asimismo, operaban la ruta marítima en los puertos del Golfo de México, del lado mexicano hacia los puertos texanos y viceversa.
Pero antes de la Reforma Energética que abrió a los privados la libre importación, exportación y comercialización de petrolíferos e hidrocarburos, era Pemex quien tenía esos eslabones del mercado: la producción, exportación, importación, y distribución directa a franquicias gasolineras y estaciones de servicio. A las autoridades hacendarias debía reportárseles cómo era ese suministro, y a su vez las gasolineras y estaciones de servicio debían reportárselo también al SAT. En la forma por lo menos se tenía esa posibilidad y candados para hacer un cruce de datos y cuadrar las cifras.
Así, por ejemplo, se podía identificar si una gasolinera o estación de servicio estaba comercializando combustible robado o que había llegado de contrabando: en aquellos casos en que reducía significativamente los volúmenes que compraba a Pemex, o de plano dejaba de comprarle, pero seguía operando, porque no había manera, legalmente, de comercializar ese combustible si no procedía de Pemex, ya fuese el refinado en alguna de las refinerías de la petrolera, o el importado por la paraestatal para abastecer el mercado nacional.
Como narré, gasolineras y estaciones de servicio vinculadas a la comercialización de huachicol o combustible de contrabando operaban así en las zonas norte y el bajío principalmente.
Pero a partir de la Reforma Energética del peñanietismo el descontrol se desbordó, porque sin una planeación previa, sin establecer los controles para el cruce de datos o la trazabilidad de todos esos combustibles que se comercializarían ya libremente, en un mercado en que Pemex sería solamente un oferente más, y sin atender el problema que ya entonces generaba el mercado ilícito de combustible, se comenzaron a dar masivamente permisos de importación y exportación de petrolíferos, así como permisos de comercialización, pretextando libre oferta y demanda.
Por descuido o deliberadamente se omitió la trazabilidad de los combustibles, ya ni Pemex tenía el control de esos volúmenes porque ya no era el único proveedor, y con la reforma se le restó atribuciones, sin dejarle posibilidad de actuar en ese ámbito. Tampoco en el SAT se establecieron mecanismos para esa trazabilidad, que de haberse realizado conllevaría cruces de información también en el sector aduanero, los cuales tampoco se hacían.
Los permisos de importación, exportación y los de comercialización de combustibles al amparo de la Reforma Energética peñanietista se dieron, se entregaron sin que los beneficiarios de esos permisos acreditaran ni siquiera dónde iban a almacenar el combustible y cómo se haría el trasvase, las entregas, a quiénes abastecerían. Tampoco se revisó si las personas físicas o morales beneficiarias de los permisos en realidad tenían alguna empresa o eran sólo de papel, lo que provocó que muchas operaran como factureras, usadas para evadir impuestos y otras actividades ilícitas.
El llamado “libre mercado” en el ámbito de los combustibles a partir de la Reforma Energética del peñanietismo se usó como patente de corso para el contrabando, porque los poseedores de esos permisos comenzaron a utilizarlos para meter combustibles -proveniente principalmente de Texas-, que traían con documentación que decía que eran aceites, naftas, o alguna otra materia prima que evadía el pago de impuestos, utilizando también documentación apócrifa, falsa. Se encubría también el origen, en algunos casos combustible robado.
La autoridad tampoco les inspeccionaba ni verificaba sus instalaciones, y es que muchos de esos beneficiarios de los permisos de importación ni siquiera contaban con la infraestructura adecuada para el almacenamiento o trasvase de esos combustibles, sino que utilizaban directamente los transportes (trenes, buques).
En los primeros años de aplicación de la Reforma Energética peñanietista se otorgaron mil 377 permisos de importación, para importar gasolina, diésel, turbosina y gas avión, gas licuado de petróleo, así como aceites crudos de petróleo. De éstos, mil 363 permisos fueron para privados y 14 para Pemex.
Aún y cuando entraban barcos, trenes, pipatanques con enormes cargamentos, no se reportaban ante el SAT, y cuando se hacía, en las aduanas se decían que eran precisamente aceites o desechos de aceites, para evadir el pago de impuestos. La colusión en puertos, aduanas, patios fiscales consistía en que se daba validez a esos documentos y no se realizaban las pruebas para comprobar que se trataba de lo que decían los documentos.
El otro eslabón del contrabando lo constituía la parte de comercialización. Y en cuanto a permisos de comercialización se autorizaron miles también a personas físicas o morales que algunas operaban sólo como factureras.
Para el año 2018 al menos 90 barcos operaban la sustracción, transporte, contrabando de combustible vía el Golfo de México utilizando facturas falsas y pedimentos de importación y exportación también apócrifos.
Empresas beneficiarias de esos permisos de importación adquirían, principalmente en Texas, combustibles a comercializadoras estadounidenses en cargamentos de los que a las autoridades mexicanas les reportaban o que eran aceites, o que eran cantidades mucho menores de los que en realidad estaban trayendo al país. Se transportaba por buque tanque o en carros de ferrocarril.
Entre 2019 y 2024, ya en el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, como parte de la estrategia contra el robo y contrabando de combustibles, más de mil 300 de esos permisos fueron cancelados por incumplimientos como el que por casi un año no había declarado ante el SAT sus ingresos y cuando se hizo el cruce de información se detectó que habían metido cargamentos que habían registrado como desechos de aceite o aceite y en realidad era gasolina o diésel.
Sin embargo, algunos de esos beneficiarios de dichos permisos se ampararon contra la resolución. Una de esas empresas a la que desde 2019 se le retiró el permiso por detectársele irregularidades diversas, fue Ingemar (en la que el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, es accionista), pero de manera influyente logró obtener un amparo del Poder Judicial, del antiguo Poder Judicial. Fue un Juez el que ordenó a la Sener que le restituyera el permiso, y así fue como la compañía siguió operando.
En julio pasado en Coahuila las autoridades federales hicieron el aseguramiento de un cargamento que en 129 carrostanques de ferrocarril transportaba más de 15 millones de litros de combustible de contrabando. En la indagatoria se descubrió que eran de Ingemar.
Además de Ingemar, actualmente la FGR investiga centenares de empresas implicadas en la utilización de documentación falsa para el contrabando y comercialización ilícita de combustibles.
La contraparte son las empresas texanas, origen de parte de ese combustible que se contrabandeó al país, algunas están también en investigación de las autoridades estadounidenses.
Entre las compañías bajo investigación en México, está las que operaban los cargamentos vía marítima, que eran facilitados en su logística por funcionarios públicos de las aduanas y personal de la Marina, incluidos los hermanos Fernando y Manuel Farías Laguna, con grado de vicealmirante y contralmirante, así como los capitanes que cooptaron y personal de aduanas. La investigación continúa abierta contra empresas exportadoras, importadoras, comercializadoras, transportistas.
Las carpetas de investigación se van sumando a las más de 40 mil que la FGR ha integrado a partir de el año 2019 en que se puso en marcha la estrategia integral de combate a los delitos en materia de hidrocarburos y que derivado de esas carpetas se tiene a particulares, funcionarios y exfuncionarios bajo investigación.
También, a partir del trabajo que el SAT comenzó a realizar desde el año 2020, para identificar empresas que se utilizan para simular operaciones, las llamadas EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas), la lista 69-B del SAT en que se identifica a ese tipo de empresas implicadas en operaciones de fraude fiscal, se ha ido incluyendo a personas físicas y morales, defraudadores fiscales que entraron al sector petrolero con la fallida y lesiva Reforma Energética del peñanietismo aprobada con sobornos de por medio.
