Un término se ha abierto paso en los últimos tiempos para describir la difícil situación de muchas naciones del mundo: gobernanza criminal. El concepto se refiere a una situación en la que bandas armadas en colusión con gobernantes imponen reglas sobre comunidades con el fin de obtener beneficio económico y de otro tipo.
En los casos más virulentos este fenómeno va acompañado de lo que se conoce como un Estado fallido. Cuando esto ocurre estamos muy cerca de incursionar en la situación que el filósofo y político inglés, Thomas Hobbes, entendió como homo homini lupus, o el hombre es el lobo del hombre. Cuando arribamos ahí, no está lejos la guerra civil y, por lo tanto, el fin de la convivencia civilizada. El paraje se vuelve hostil y lo único que importa es permanecer vivo sin ser víctima de una muerte violenta. Daría lo mismo vivir en una distopía de zombies o en una película de la serie de Mad Max.
Sin duda alguna vastas zonas del planeta tierra han sucumbido ante tal aciago destino, sea en el África Subsahariana o en las junglas tropicales asiáticas, pobladas de paludismo y de minas antipersonales. Se trata de la última pesadilla de la humanidad.
La historia de nuestro país ha tenido episodios cercanos a esos infiernos, pero, en general, hemos evitado lo peor. En el siglo XX -quizás debido a una sabiduría primigenia- la sociedad mexicana evitó adoptar tanto el fascismo como el comunismo marxista. Esto nos salvó de sucumbir a las tiranías totalitarias y genocidas cuyo origen y evolución aún no alcanzamos a vislumbrar, quizás porque el mal radical carece de explicación.
No obstante, hay fechas recientes de la oscuridad del alma mexicana que, de alguna forma, no debemos olvidar: Tlatelolco, Ayotzinapa, Teuchitlán. El lector podrá agregar otros sitios devastados física y espiritualmente en sus localidades.
¿Hasta qué punto el México de hoy se acopla a la definición de gobernanza criminal? Sin duda una pregunta cuya respuesta no podemos posponer. Hay signos ominosos. En 2023 se registraron un promedio de 85 homicidios diarios. Nos cuesta trabajo imaginarlo, pero es rigurosamente cierto.
Existe la sospecha -que cada vez se parece más a una certeza- de que el crimen organizado ha penetrado a los gobiernos federales y locales. El caso bien sonado de La Barredora es el último en el que muy probablemente confluyeron intereses de bandas delincuenciales y ambiciones de gobiernos locales y regionales.
El hecho de que quizás un Senador de la República esté involucrado en esas actividades es razón de más para arquear las cejas en señal de preocupación. Mientras esperamos el resultado de las investigaciones del caso, no olvidemos que importa mucho aprender cómo evitar que semejante atropello a la convivencia civilizada, las arcas públicas y el Estado de Derecho vuelva a ocurrir. Aprender de los errores y enmendar el camino sigue siendo el mejor apotegma para los tiempos aciagos que vivimos.
