El escándalo de corrupción que involucra a María Amparo Casar Pérez por recibir decenas de millones de pesos del erario federal por la muerte de su marido —suicidio, según la autoridad local, accidente, de acuerdo con Pemex— debe analizarse en el tiempo y en las circunstancias de 2004, cuando era alta funcionaria del Gobierno de Vicente Fox y como coordinadora de asesores del secretario de Gobernación, Santiago Creel, que diseñó, ejecutó y validó numerosas decisiones tramposas, no en su actual condición de opositora, una coartada política que le sirve para su defensa mediática, pero que no debe estar por encima de las evidencias documentales del caso.
Si la presidenta del grupo de presión Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) está tan segura de que todos los pagos que ha recibido por 20 años son legales y legítimos, no tiene por qué preocuparse. Con toda la documentación va a dejar en ridículo a la Fiscalía General de la República (FGR) y a Petróleos Mexicanos (Pemex), que el año pasado la denunció por presuntamente recibir recursos económicos a los que no tenía derecho, porque su marido se suicidó después de haber trabajado sólo 159 días en la empresa.
En este, como en cualquier caso, que se preocupen los corruptos. A nadie se le debe fabricar un delito, pero tampoco nadie debe quedar impune si lo cometió. Si efectivamente Casar Pérez está en contra de la corrupción y la impunidad, como se ufana la organización que fundó el oligarca Claudio X. González, no debe oponerse a que se esclarezca el caso. Ella misma puede, públicamente, exhibir la documentación y defender su condición de mujer íntegra. Tan repugnantes son los mafiosos del crimen organizado como los delincuentes de cuello blanco.
El tema fundamental es muy simple: Dejar claro que Carlos Fernando Márquez Padilla, el esposo de Casar Pérez que era coordinador de asesores del director de Administración de Pemex, murió como consecuencia de un accidente o si se suicidó. El dictamen pericial de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal establece que se privó voluntariamente de la vida. Entonces, si se suicidó, cuando tenía sólo cuatro meses de haber iniciado ese trabajo, ¿su viuda tenía y tiene derecho a los más de 30 millones de pesos que ha cobrado por dos décadas?
¿O es que el acta del Ministerio Público que certificó el suicidio del esposo de Casar Pérez en 2004 fue alterada sólo para dañarla años después como opositora? ¿O las autoridades de Pemex otorgaron a la viuda los beneficios por muerte accidental, pese a que se privó de la vida? ¿Fue un acto de influyentismo o de corrupción? El director de Administración de Pemex, jefe del fallecido, era Octavio Aguilar Valenzuela, hermano de Rubén Aguilar Valenzuela, vocero de Fox y los dos amigos de Casar Pérez y de Creel.
Más aún: ¿Por qué la viuda se hizo acompañar del escritor Héctor Aguilar Camin para pedirle al Procurador Bernardo Bátiz cambiar la causa de la muerte de Márquez Padilla de suicidio a muerte accidental? ¿Mintió el Presidente Andrés Manuel López Obrador al revelar este “asunto muy penoso” en su libro Gracias, el año pasado? Son preguntas legítimas y de inobjetable interés público.
Pero, además, ubiquémonos en el tiempo de la muerte de Márquez Padilla: En octubre de 2004, el Gobierno de Fox ya había tomado decisiones tramposas y antidemocráticas con el fin de mantener a su grupo en el poder y consolidar la candidatura presidencial de Creel, de cuyo proyecto Casar Pérez era pieza estratégica.
Muchos quisieran que nadie lo recuerde, entre ellos Casar Pérez y sus vocingleros, pero un año antes, en noviembre de 2003, PRI y PAN se repartieron a los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), colocando a Luis Carlos Ugalde como presidente, y también con la participación de Creel y su coordinadora de asesores colocaron a los integrantes del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), los supuestos “contrapesos” que tanto lloran ahora.
Creel y Casar Pérez fueron artífices de los videoescándalos de marzo de 2004, en cuya trama intervinieron también Carlos Salinas de Gortari, Diego Fernández de Cevallos, Eduardo Medina Mora y el empresario Carlos Ahumada, y luego tramaron el desafuero de López Obrador como Jefe de Gobierno, consumado el abril de 2005, en el que los tres poderes del Estado actuaron como mafia.
Casar Pérez también intervino directamente en el “decretazo” de Creel, en octubre de 2002, para darle a Televisa, TV Azteca y a toda la industria de la radiodifusión el gran regalo de eliminar el pago del 12.5 por ciento en tiempos fiscales. Ellos también diseñaron la entrega de los permisos para casinos, con dedicatoria a Televisa, cuya fundación estaba encabezada por Claudio X. González Guajardo, amigo de ellos dos.
Menciono sólo estos seis episodios truculentos y antidemocráticos en que intervino Casar Pérez, para acreditar que no se trata de una “lúcida” académica y desinteresada integrante de la sociedad, sino una política y servidora pública que intervino en decisiones de Estado que exhiben los intereses facciosos que defiende, los de un grupo político-empresarial que fue expulsado del poder en 2018 por el voto popular y que se articula en torno al magnate Claudio X. González Guajardo.
Es el grupo de Carlos Salinas de Gortari, de quien Claudio X. González padre fue asesor personal y su hijo ostentó la misma condición con Ernesto Zedillo y lo fue un tiempo de Enrique Peña Nieto, hasta que llegó la ruptura y ambos magnates descubrieron —como una iluminación— que en México existía la corrupción.
Se trata de la gran corrupción empresarial de la que forma parte Kimberly Clark de México, la propia empresa familia de los Claudio X., y de otros magnates del país que han financiado al grupo de presión que preside Casar Pérez.
Casar Pérez no lo sabe, porque no es periodista, pero el verdadero periodismo somete a escrutinio a todos los poderes, a los constitucionales y a los fácticos: A los políticos, a los económicos, a los mediáticos, a los religiosos, a los criminales…
