En inicios de 2025, cuando tomó posesión el energúmeno fascistoide llamado Donald Trump en Estados Unidos, desde este mismo espacio se auguró que ello convertiría a las derechas mexicanas y a la oposición que ahí se anida en dos vertientes: o trumpistas convencidos, o trumpistas de facto. 

Los primeros, al estilo Verástegui, serían los miembros abiertos de la extrema derecha mexicana que ve en bestias autoritarias como el republicano, o como Salinas Pliego, una encarnación de sus malsanas ideas. Los segundos serían más complejos, pues se trata de los autonombrados “liberales” mexicanos, que de dientes hacia afuera repudian a Trump, pero les espantan las mismas cosas que a la bestia republicana: las izquierdas latinoamericanas o el espantajo multiusos woke. Ellos repudian a Trump, pero parece que lo hacen porque les recuerda a una versión estridente y sin tapujos de sí mismos.

Hoy, un momento gravísimo de crisis para toda América Latina, confirma esa percepción. Toda la región, desde el Río Bravo a la Patagonia, tendría que ser una amalgama de repudio al unísono contra la acción imperialista de Donald Trump a Venezuela, más allá de la percepción que se tenga sobre Nicolás Maduro. Porque una acción imperialista, que es en sí misma condenable, no admite matices. Pero en vez de eso, destacan conductas vergonzosas, que van desde la desquiciada celebración del bombardeo de Caracas y secuestro de un Presidente -como hicieron los neofascistas Javier Milei o Antonio Kast-, hasta panfletos absurdos donde luego de lanzar diatribas a Maduro, se condena en un pie de página que Trump lo haya depuesto. Poco faltó para que, como cura que justifica la violación de una mujer por vestir provocativa, dijeran que el venezolano “se lo buscó”.

Vale la pena en este contexto exponer dos particularidades de la atrocidad de Trump contra Venezuela, misma a la que no hay que reducir a una simple ruptura del derecho internacional, sino que va más allá: se trata de una abierta agresión imperialista. Llamarle solamente “ruptura de la institucionalidad” es restarle gravedad, pues esta acción trasciende el mero crimen y se enmarca en el grado de invasión de una soberanía.

La primera particularidad de esta agresión es la siguiente. Estados Unidos ejerció en el Siglo XX una serie de injerencias en su órbita de influencia latinoamericana que siempre contó con complicidades y agencias de élites locales. Desde el primer Golpe de Estado de la Guerra Fría interamericana contra Jacobo Árbenz en 1954 hasta Pinochet, las maniobras antidemocráticas fueron complejizadas por la recepción de los actores latinoamericanos.

Hoy, el secuestro de Maduro por parte del gobierno de Trump, bajo acusaciones de narcotráfico, recuerdan más al papel de Estados Unidos no en el siglo XX latinoamericano, sino en el Medio Oriente ya en el Siglo XXI. Las imputaciones de “narco” contra el mandatario venezolano asemejan a la coartada de las “armas de destrucción masiva” con que otro republicano miserable, Bush, buscó adueñarse del petróleo en Irak en aquel marzo de 2003.

Y es ahí donde sobresale la otra particularidad. El actuar de Estados Unidos en América Latina ha implicado despliegues descarados de fuerza, más allá de cuál fuera la retórica con que la potencia del norte buscara legitimar sus actos ilegítimos. Desde “combatir el comunismo soviético” o emprender una campaña contra “el terrorismo internacional”, las banderas ideológicas estadunidenses trataban de disimular su verdadero objetivo: la hegemonía económica, el control absoluto de las rutas marítimas y comerciales; el control terrateniente y recursos naturales estratégicos.

Como demostró Carlos Vilas, la injerencia estadunidense en América Latina en el Siglo XX nunca estuvo preocupada por la democracia, sino que fue siempre un preludio al dominio económico de los países del subcontinente, que vieron en sus territorios, con la complicidad de cipayos locales, un aumento espectacular de las inversiones y extracciones para usufructo exclusivo de los Estados Unidos.

Hoy, al menos Trump es lo suficientemente cínico y autoritario como para exhibir sin ambages los resortes que mueven su imperialismo, porque abiertamente aseguró que su intención era controlar el gobierno venezolano para así controlar el petróleo de ese país. Ese acto de sinceridad no se agradece, sino que nos alerta, como nos debió alertar el exabrupto revelador del de nuevo trumpista Elon Musk, cuando dijo en 2019, pensando en el litio de América Latina, que ellos iban a hacer todos los golpes de Estado que quisieran para adueñarse del mismo.

Y es precisamente pensando en esa abierta confesión trumpista, que hoy nos debe resultar grotesca y condenable la reacción de las derechas mexicanas ante el embate de los Estados Unidos a un país soberano, porque el objetivo deseado va a implicar no sólo no respetar las reglas del juego democrático, sino que pondrá en riesgo a todo el subcontinente, que se convierte en presa sin límites ya impuestos por el derecho y el sentido común.

Así, no hay que dejar de mencionarlo: el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas; la dirigencia del PAN, encabezada por Jorge Romero; el enclenque ideológico de Movimiento Ciudadano llamado Jorge Álvarez Máynez; al igual que la nómina directiva de Letras Libres (que se asume erróneamente como el núcleo central del liberalismo), centraron sus posiciones en condenar a Maduro, el presunto fraude electoral que le imputan, en deturpar los problemas de la democracia venezolana y en resaltar las contraluces del Presidente secuestrado.

No les bastó que Trump gritara a cuatro vientos que esto no tiene que ver ni con defender la democracia ni con combatir el narcotráfico. La situación es sin más adueñarse con brutalidad de los recursos de un país soberano. No hay espacio en ello para reflexionar sobre las barbaridades que a esta gente dice preocuparle, y el efecto principal, acaso único, de sus diatribas, es lavarle la cara al energúmeno que hace del berrinche y el abuso una política de Estado desde la Casa Blanca.

No es un invento ni una exageración: algunos de estos personajes lo declararon también de forma abierta, como fue el caso del señor Enrique Krauze y su palafrenero Fernando García Ramírez, señalando que entre el autoritarismo de Maduro y la criminal intervención e Trump, literalmente “preferían” la intervención. Todo está dicho. Nadie tergiversa sus dichos y han expuesto el resorte de fondo que mueve la gimnasia mental con la que emiten sus posicionamientos, donde, tratando de engañar o de autoengañarse, se siguen sintiendo una vanguardia democrática cuando no es la primera vez que blanquean a un fascistoide. Krauze hizo exactamente lo mismo en 2003, cuando legitimó la agresión imperialista de Bush para adueñarse del petróleo iraquí.

En 2024, la oposición y derechas mexicanas tuvieron una oportunidad de oro para mostrar su lealtad a las reglas mínimas de democracia y convivencia civilizada, cuando el trumpista Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, invadió una Embajada mexicana y rompió el derecho internacional para ejercer un acto autoritario.

En vez de condenarlo de forma unánime, como dicta no sólo la decencia sino el sentido común, prefirieron o respaldar de facto al júnior corrupto ecuatoriano o mirar a otro lado. Hoy, en un momento que la crisis no admite matices y la agresión de Estados Unidos a Venezuela es unilateral, más que obvia y precedida de asesinatos atroces contra embarcaciones en el Caribe, esta derecha mexicana y esta oposición han decidido mostrar o su trumpismo convencido -como hizo Salinas Pliego- o su trumpismo de facto.

Los límites que imponía el consenso de la posguerra del Siglo XX en 1945 se están perdiendo. La agresión a Venezuela en pleno Siglo XXI es un punto de no retorno: se abre una era de aún mayor incertidumbre para América Latina, donde un personaje impredecible, autoritario y poderoso, se arroga el derecho a robarse con cinismo los recursos de otro país, sin mediar coartada; del mismo modo que en medio oriente, un Hitler mustio como Benjamín Mileikowski se arroga el derecho a perpetrar un genocidio. 

Los monstruos nos llevan sin atenuantes a una época de tinieblas. Impugnarlo no sólo es un deber ético sino una cuestión de supervivencia y dignidad. A menos, claro, que se carezca de esta última.