Este año será clave para definir el rumbo político y económico, pues se juntan la reforma electoral y la revisión, o renegociación, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Ambos temas están profundamente conectados, y definirán en gran medida el futuro del país.

Si la Reforma Judicial ha tenido un enorme efecto económico (el mediocre, casi nulo, crecimiento económico no tiene otra explicación que la falta de inversión) una reforma electoral gandaya, sin el consenso de los partidos de oposición y que limite artificialmente las posibilidades de alternancia del poder sería el último clavo en el ataúd de una economía estancada.

Los grandes temas que ha planteado la Presidenta Claudia Sheinbaum en la reforma electoral son: la reducción del número de diputados, la desaparición de listas plurinominales y un menor gasto electoral, tanto en lo que tiene que ver con la dieta de los partidos como en el costo de organización de la elección.

Reducir el número de diputados, eliminar las listas y repartir los plurinominales por otro sistema, por ejemplo, asignando las curules a los candidatos con mayor porcentaje de votación en sus distritos, es perfectamente factible, mientras no se altere el principio básico de que los partidos estén representados en la Cámara de Diputados con el mismo porcentaje de su votación. En la Cámara de Senadores, que representa el pacto federal, eliminar a los plurinominales tiene todo el sentido del mundo. De hecho, nunca debieron haber existido.

Reducir el gasto electoral, bajando el financiamiento a los partidos, eliminando los organismos locales y “abaratando” la elección, puede ser el ahorro más caro de la historia de este país. Si el mensaje que manda la Presidenta Sheinbaum con la reforma es que lo que se busca es perpetuar a un sólo partido y una sola visión en el poder, los socios comerciales nos la van a cobrar muy caro.

Las famosas cláusulas democráticas del Tratado no son un tema de injerencismo o tutela ideológica sino de certeza en la inversión. En un país democrático las reglas son estables y cuando cambian lo hacen de manera ordenada y consensuada. Cuando los gobiernos no tienen contrapesos y los derechos quedan anulados aumenta el riesgo país, y lo ciudadanos pagamos todo más caro.

El espejo venezolano no miente. La aniquilación de las instituciones democráticas lleva inexorablemente a la ruina económica. Embelesados como están con el poder casi absoluto los morenistas claman que es hora de quedarse con todas las canicas. La Presidenta dijo que la reforma aún no está lista y que no la mandará al Congreso la próxima semana. Que no lo hagan con prisas es una buena señal, la pregunta es si habrá suficientes diputados y senadores con visión de estadistas y la suficiente altura de miras como para detener una debacle segura. Si los hay, están muy callados.