Por: Maira Olivo*

A un año de la presentación del Plan México, es posible identificar avances y tensiones en su implementación: si bien el portafolio de inversiones pasó de 277 mil a 298 mil millones de dólares y México se ubica en la posición 13 a nivel mundial por el tamaño de su PIB nominal, según el Fondo Monetario Internacional, el desempeño de la inversión como proporción del PIB resulta menos alentador. Según la organización México ¿Cómo vamos?, en contraste con la Meta 2 del Plan, que prevé superar el 25 por ciento a partir de 2026 y el 28 por ciento en 2030, la inversión disminuyó de 24.8 por ciento del PIB en el tercer trimestre de 2024 a 22 por ciento en el mismo periodo de 2025, lo que pone en duda el cumplimiento de dichos objetivos en el corto y mediano plazo.

En este contexto, hay sectores que afirman que el éxito del Plan México dependerá, en gran medida, de la capacidad del Estado para generar confianza, certidumbre jurídica y un entorno predecible para la inversión privada, esta visión es muy limitada, pues la revalorización de la política industrial en el debate económico contemporáneo, acentuada tras las crisis financieras, la pandemia y la emergencia climática, abre una oportunidad estratégica para redefinir el papel del Estado en la economía. Desde nuestra perspectiva, la política industrial no debe concebirse únicamente como un instrumento para mejorar la competitividad empresarial, sino como una herramienta orientada al bienestar social, la sostenibilidad ambiental, el fortalecimiento de la soberanía económica y el ejercicio de los derechos humanos, respetando a quienes ancestralmente han sido guardianes de la biodiversidad del planeta y de los territorios.

Reducir la política industrial a un papel marginal, bajo el supuesto de que el mercado asigna eficientemente los recursos, constituiría un error estratégico. En este sentido, la apuesta del Gobierno mexicano por colocar la política industrial en el centro de su agenda resulta positiva, en tanto busca superar esquemas de dependencia estructural del exterior, tanto en el ámbito tecnológico como en el energético. Desde esta óptica, resulta imprescindible subsanar las omisiones legislativas existentes y corregir las inconsistencias del orden jurídico nacional, caracterizado por una regulación abundante pero desarticulada, así como por procesos de desregulación selectiva que han favorecido prácticas de corrupción e incentivos perversos. Entre los pendientes más relevantes se encuentran la reglamentación de la reforma a la Ley de Minería y la expedición de una ley general de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos que garantice la implementación de la reforma al Artículo segundo constitucional.

Asimismo, fortalecer la dimensión ecológica de la política industrial resulta ineludible, ya que frente a modelos de crecimiento ilimitado se vuelve necesario cuestionar y redefinir qué se produce, cómo se produce y para quién se produce. Esta transformación debe partir del reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, quienes históricamente han cuidado y gestionado los territorios mediante formas comunitarias de organización, trabajo y toma de decisiones, y cuyo vínculo con la naturaleza no se rige por la lógica de la acumulación, sino por principios de reciprocidad, equilibrio y responsabilidad intergeneracional, fundamentales para respetar los límites biofísicos del planeta.

México es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, condición estrechamente vinculada a la presencia histórica y contemporánea de los pueblos indígenas, quienes habitan y gestionan una proporción significativa de esos territorios con mayor biodiversidad. A través de sistemas de conocimiento tradicionales, prácticas agrícolas diversificadas y formas comunitarias de manejo de los bienes comunes, los pueblos indígenas han contribuido de manera decisiva a la conservación de ecosistemas, especies y agrobiodiversidad, al tiempo que garantizan su existencia. En este sentido, la protección de la biodiversidad en México no puede desvincularse del reconocimiento y fortalecimiento de los derechos territoriales, culturales y de autodeterminación de los pueblos indígenas, ya que su exclusión no solo implica una injusticia histórica, sino también un riesgo estructural para la sostenibilidad ecológica del país.

De igual forma, la justicia social debe constituir un eje rector del diseño y la implementación de la política industrial. No es suficiente impulsar procesos de reindustrialización si estos no garantizan una distribución equitativa de sus beneficios; por el contrario, es indispensable que la transformación productiva se traduzca en empleo digno, cohesión social, soberanía productiva y sostenibilidad ambiental. La precarización laboral no puede considerarse una ventaja competitiva, sino un obstáculo estructural para el desarrollo productivo y la innovación. En este marco, la política industrial debió diseñarse y debe implementarse desde un enfoque democrático y participativo que incorpore a pueblos indígenas y afromexicanos, personas trabajadoras, personas consumidoras y actores territoriales, asegurando que la reducción de la burocracia frente a tramites de inversionistas, los incentivos o ayudas públicas, estén condicionados a retornos sociales, laborales y ambientales, y consolidando así una estrategia económica al servicio del bienestar colectivo y de los derechos humanos.

* Maira es coordinadora del programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de @FundarMexico.