Por Janet Oropeza/Fundar 

La corrupción es un fenómeno cotidiano, complejo y estructural, que permea a las instituciones públicas e impacta a la sociedad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), tan sólo en 2023, 83 por ciento de la población la consideraba frecuente. Además de pérdidas económicas, la corrupción afecta los derechos de las personas y con mayor fuerza a poblaciones históricamente vulneradas como personas en situación de pobreza, indígenas y afromexicanas, niñas, adolescentes y mujeres, migrantes, personas con discapacidad, entre otras.

Por ejemplo, el desvío de recursos públicos en el sector salud impacta directamente en la disponibilidad y/o en la cantidad de tratamientos, insumos y medicamentos disponibles para las personas que más los necesitan. La corrupción en las fiscalías revictimiza a las personas y a sus familias e impide que puedan acceder a la justicia y reparación en casos tan graves como extorsión, privación de la libertad o un feminicidio. En última instancia, la corrupción erosiona la confianza en el gobierno y en sus instituciones. 

Hace unas semanas, la Cámara de Diputados anunció que comenzará un proceso de reforma del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) creado en 2015. El diagnóstico es que, más de una década después, dicho Sistema no ha logrado prevenir ni disminuir la corrupción y menos paliar sus efectos. El proceso de reforma incluirá la revisión y dictaminación de la iniciativa presentada por el Comité de Participación Ciudadana y las más de 70 iniciativas de reforma en la materia hechas por los diferentes partidos políticos. Se prevé que el Poder Ejecutivo también envíe una propuesta. 

Para que este proceso sea exitoso y logre reconstruirse un SNA fortalecido y efectivo, en principio, es importante garantizar una participación ciudadana sustantiva y una rendición de cuentas por el Poder Legislativo. Por lo general, los foros impulsados por el Legislativo para escuchar a la ciudadanía tienden a realizarse en la Ciudad de México y sólo permiten participación presencial. Por ello, una buena práctica sería organizar foros regionales y locales que consideren cuestiones de accesibilidad y en los cuales los sectores afectados por la corrupción en los distintos territorios puedan compartir sus propuestas y experiencias. También es fundamental que exista rendición de cuentas y transparencia sobre cómo se integrarán o tomarán en cuenta las aportaciones de distintos sectores y grupos en la integración de la reforma final. De lo contrario, la participación ciudadana será meramente simbólica.

Con base en nuestro trabajo, desde Fundar, hemos identificado algunos puntos mínimos que la reforma debe considerar para realmente atender la corrupción:  

1. Visión de derechos humanos y de género: Las estrategias anticorrupción deben poner los derechos de las personas al centro y considerar las afectaciones diferenciadas de este fenómeno en los distintos grupos.
2. Priorizar un enfoque preventivo y estratégico: dados los altos niveles de impunidad y que sólo dos por ciento de las denuncias de corrupción llegan a una sentencia, sería mejor priorizar un enfoque preventivo, que identifique las áreas de riesgo de corrupción, sus causas y soluciones; como contrataciones en salud, construcción de obra e infraestructura pública, etc. También puede apostarse por desmantelar las redes de corrupción y a los distintos actores públicos y privados que las conforman, así como implementar medidas que eviten la formación de nuevas redes y actos de corrupción. 
3. Recuperación de activos y reparación del daño: la reforma debe generar mecanismos efectivos que permitan que los activos recuperados en actos de corrupción sean canalizados para reparar las afectaciones que ocasionaron. Por ejemplo, si se recuperan recursos de empresas fantasmas que nunca realizaron una obra pública, es importante que éstos puedan regresar para concluir dicha obra. 
4. Promover una mayor coordinación entre los actores: la efectividad del SNA dependerá de la generación de mecanismos de comunicación, colaboración y coordinación interinstitucional, que permitan prevenir la corrupción y detectar redes. Por ejemplo, las entidades de fiscalización pueden realizar auditorías forenses para ayudar a identificar áreas de riesgos y los esquemas que permiten el desvío de recursos para que otras agencias construyan políticas de prevención efectivas.
5. Integración de los diferentes instrumentos de política pública: el SNA debe buscar integrar y articular los distintos instrumentos de política pública que ya existen, como la Política Nacional Anticorrupción, la Plataforma Digital Nacional y el Anexo Transversal Anticorrupción de manera que estos guíen definan y/o alimenten las estrategias anticorrupción. La PDN puede ya ofrecer información sobre inconsistencias en declaraciones patrimoniales o sobre empresas sancionadas, que permitan identificar y desmantelar patrones de corrupción. Por su parte, el Anexo Transversal Anticorrupción puede ligar la asignación de recursos con las acciones prioritarias para poder evaluar si se están destinando recursos suficientes y los impactos de éstos.
6. Fortalecer la protección a personas alertadoras y denunciantes: Tanto la Auditoría Superior de la Federación como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno cuentan con plataformas de denuncia de la corrupción. Sin embargo, estos mecanismos deben fortalecerse, en al menos en cuatro vías. Primero, es esencial que exista un reconocimiento de la figura del denunciante y alertador en el marco normativo. Segundo, estos mecanismos deben ser accesibles para las personas ya que actualmente requieren que las personas denunciantes tengan altos conocimientos técnicos sobre las irregularidades denunciadas. Tercero, estos mecanismos deben partir de la medida de protección como anonimato y confidencialidad para que las personas puedan involucrarse en el señalamiento de actos de corrupción, pues en muchos casos éstas han señalado que la denuncia viene aparejada con riesgos a su integridad física y de sus familias. Cuarto, es necesario garantizar la transparencia y rendición de cuentas del seguimiento de las alertas y denuncias para que se visibilice su aporte como instrumentos en el combate a la corrupción. 

Una reforma al SNA es una necesidad impostergable, para la cual las organizaciones de la sociedad civil y otros actores tenemos propuestas que parten de nuestra experiencia. ¿Tendrá el Poder Legislativo y Ejecutivo la voluntad política para realizar una reforma que recoja los aportes de todos los sectores o será una reforma cosmética? 

* Janet es investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.