Hace trece años lanzamos en las calles de la Ciudad de México una campaña para informar sobre las cantidades de cucharadas de azúcar que tienen los refrescos. Hace unos días, una imagen muy similar fue presentada por el Secretario de Salud, David Kershenobich, y la Presidenta, Claudia Sheinbaum. La imagen en las calles y en muy diversos materiales que difundimos en las redes sociales es muy similar a la presentada en la conferencia en Palacio Nacional.
Esa campaña y toda la evidencia de los enormes daños de habernos convertido en los mayores consumidores de estas bebidas en el mundo forzó a establecer un impuesto de 1 peso por litro a estos productos, equivalente a un 10 por ciento del costo del producto en ese momento. Esa era la más importante recomendación para bajar el consumo: poner impuestos al producto y destinar los recursos a enfrentar el problema de salud. Recomendábamos destinar parte del recurso a bebederos en escuelas y atención en salud a las poblaciones más vulnerables.
Desgraciadamente, aunque México fue el primer país en establecer un impuesto a estos productos —acción que se volvió ejemplo a escala mundial, reproduciéndose en Reino Unido, Sudáfrica, Portugal, Filipinas, India, etc.—, la tasa del impuesto fue muy pequeña, de sólo 10 por ciento. La recomendación es que fuera al menos del 20 por ciento. El anuncio de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, de la que formaba parte este impuesto, se dio en un evento que encabezó el Presidente Peña Nieto en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, teniendo a su lado al presidente regional de Coca-Cola. Eso explicaba por qué el impuesto había sido tan pequeño y por qué se establecería un etiquetado introducido en México por Coca-Cola y que llevaba al consumo de muy altas cantidades de azúcar; un etiquetado que estuvo en los productos entre 2014 y 2020.
El impuesto al refresco tuvo su efecto en los primeros años al reducir el consumo; sin embargo, con el tiempo el impuesto se debilitó hasta que actualmente representa alrededor del 5 por ciento del costo de estas bebidas. Las naciones y ciudades donde el impuesto se estableció por encima del 20 por ciento —en algunas naciones ha llegado hasta el 50 por ciento—, los resultados han sido muy efectivos al reducir el consumo y, en especial, en varios casos, al proporcionar los recursos recaudados a la atención y salud de las poblaciones más vulnerables.
Para dar una idea de la dimensión de la diabetes en México, retomé una información difundida por El Poder del Consumidor al inicio de este año. De acuerdo con un estudio científico publicado recientemente en la revista científica Nature Medicine, el consumo de estas bebidas es responsable de una tercera parte de los nuevos casos de diabetes en nuestro país presentados durante el año 2020.
En México, el número de personas que viven con diabetes ha aumentado de manera exponencial en los últimos años. Según la Encuesta Nacional de Salud (2000) y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2022), en el año 2000, 5.3 millones de personas vivían con diabetes, mientras que para el año 2022 esta cifra estuvo cerca de triplicarse, con 14.6 millones de personas con diabetes.
Para el año 2020, 151 mil 19 personas murieron a causa de la diabetes; 22 mil 500 de esas muertes por diabetes se atribuyen al consumo de bebidas azucaradas. Mientras que las muertes por enfermedades cardiovasculares, en ese mismo año, fueron de 255 mil 725; 23 mil 500 de esas muertes se atribuyeron al consumo de bebidas azucaradas. El total de muertes atribuidas al consumo de bebidas azucaradas por diabetes y enfermedades cardiovasculares en el 2020 fue de 46 mil. El costo de tratamiento de la diabetes es una carga económica insostenible para el sistema de salud mexicano. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los gastos anuales en tratamiento y complicaciones derivadas de la diabetes superan los 50 mil millones de pesos, y se trata de datos solamente del IMSS.
El tema aquí es quién paga los daños provocados por la venta de estos productos: mientras las empresas se enriquecen, la sociedad se enferma, y los sistemas de salud y las finanzas familiares se colapsan.
En el pasado, eran los organismos internacionales —como la Organización Mundial de la Salud, la Federación Internacional de Diabetes, el Instituto Mundial de Investigación en Cáncer, la Federación Mundial de Obesidad—, así como institutos nacionales y organismos sociales, quienes pedíamos el establecimiento de impuestos altos a estos productos para bajar su consumo y obtener recursos para los sistemas de salud enfocados en las poblaciones más vulnerables. Sin embargo, ahora los propios organismos financieros internacionales, sabiendo que los daños que provocan estos productos no son asumidos por las corporaciones, y que estos daños son impagables para los sistemas de salud, se han sumado a recomendar altos impuestos a estos productos. El Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Fondo Monetario Internacional se han sumado a la OMS para llamar a establecer altos impuestos a estos productos.
Ya no hay quien defienda esta lógica salvaje de ganancias por parte de estas corporaciones, que dejan enormes daños en salud a los gobiernos y la sociedad para llevarse grandes ganancias.
Por eso exigimos impuestos para la salud, que bajen el consumo y dirijan, de manera transparente, los recursos a la salud de las poblaciones más vulnerables.
