Paloma Nicole tenía 14 años, estudiaba la secundaria, le gustaba practicar deporte, jugaba voleibol y era capitana de su equipo. En fotografías que circulan en redes se le ve sonriente junto a su papá Carlos Said Arellano el día de su primera comunión; en otra, radiante Paloma Nicole carga un osito de peluche; en una más, en uniforme deportivo sostiene un balón.
En enero de 2026 cumpliría 15, y como “regalo adelantado”, el viernes 12 de septiembre su madre Paloma Yazmín Escobedo y la pareja de ésta, el cirujano Víctor Manuel Rosales Galindo, la sometieron a procedimientos múltiples de cirugía estética: aumento mamario con implantes, liposucción y lipotransferencia.
Paloma Nicole era una adolescente delgada, su cuerpo aún no terminada de desarrollarse biológicamente, y la sometieron a procedimientos sumamente invasivos. Además, de las intervenciones de índole estético, ese tipo de cirugías: las cirugías múltiples, tan de moda actualmente, se han convertido en las de mayor riesgo aún para mayores de edad.
Como se las harían a espaldas de su padre, para ocultárselo, falsificaron documentos para que pareciera que había contraído COVID (ha comprobado la Fiscalía). Con esa prueba falsa, Paloma Jazmín le dijo a Carlos que llevaría a su hija a la sierra unos días.
La tarde del lunes 15 de septiembre Paloma Yazmín le llamó a Carlos y le dijo que su hija estaba hospitalizada en condición de gravedad. Carlos alcanzó a verla intubada en coma inducido y mientras la abrazaba percibió que tenía un corpiño quirúrgico. El 20 de septiembre Paloma Nicole falleció.
Posteriormente Carlos comprobaría el engaño: durante el velorio descubrió los implantes, y acudió a denunciar ante la Fiscalía General de Durango.
La historia expuesta por Carlos Arellano y los avances de la Fiscalía, que incluyen la reciente detención de Paloma Yazmín y el cirujano Víctor Manuel Rosales, han ido revelando las atrocidades e irresponsabilidad de las que fue víctima Paloma Nicole por parte de su propia madre, quien no sólo fue quien autorizó las cirugías, sino que hoy se indaga si ella misma habría participado, ya que el cirujano la tenía como enfermera y asistente de quirófano aunque no tiene preparación alguna en el sector clínico, y por parte de un cirujano inescrupuloso, sin ética. Aunado a que ambos maquinaron la falsificación de documentos para mentirle a Carlos respecto a la prueba de COVID de su hija. La Fiscalía descubrió también que Víctor Manuel firmó la documentación para realizar las cirugías en su condición de médico, y suplantando como tutor de la niña sin serlo legalmente.
El pasado sábado, horas antes de que se realizara la manifestación convocada por Carlos para exigir “Justicia para Paloma Nicole”, la Fiscalía anunció que la detención de Paloma Jazmín y su pareja Víctor Manuel Rosales procedió inicialmente por los delitos de omisión de cuidados por parte de la mamá como autora directa y de él como su cómplice al haber puesto en peligro innecesario a la menor; por falsificación de documento, relacionado con la prueba de COVID; a ella se le imputó también usurpación de profesión porque fungía como enfermera y participaba en los procedimientos quirúrgicos sin estar acreditada; a él se le imputa además el delito de suplantación.
La imputación de posible delito de homicidio dependerá de lo que arrojen los exámenes histopatológicos que están en curso.
El caso ha conmocionado no sólo en Durango, sino a nivel nacional e internacional se le ha dado amplia cobertura, colocando en la discusión pública las cirugías estéticas en menores de edad y los vacíos legales, ya que en México no hay una edad mínima para este tipo de intervenciones.
Además del negligente y criminal actuar del cirujano, porque en este caso, a diferencia de muchos de los fallecimientos en procedimientos estéticos que en su mayoría ocurren principalmente a manos de intrusistas o esteticistas, pero en el caso de Paloma Nicole, quien la intervino es un cirujano con certificación, que pertenece asociaciones, y aun así, su conducta, y todas las anomalías en su actuar, –según lo informado por la Fiscalía– evidencian su falta de ética y actuación criminal, porque además de la polémica de intervenir a una adolescente con ese tipo de procedimientos sumamente invasivos y riesgosos, en complicidad con su pareja -a su vez madre de la menor- maquinaron desde el cómo ocultarle a Carlos que a su hija le harían las cirugías, y luego cómo ocultar la causa del fallecimiento.
También está el hecho irregular de que tenía a su pareja como enfermera y su asistente en quirófano, sin que ella tuviera la preparación profesional, ya que las leyes de salud exigen que cada participante quirófano sea personal especializado y acreditado, por lo que a ella se le imputó usurpación de funciones.
A partir de la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General del Estado de Durango, que está actualmente en etapa de integración, tendrá que indagarse la responsabilidad de cada uno de los involucrados y el hasta dónde alcanza incluso a la clínica donde se realizaron los procedimientos, porque se ha vuelto usual que en esa veta de negocio en que se han convertido los procedimientos de índole estético, los hospitales simplemente se arrienden sin que el establecimiento asuma ningún nivel de responsabilidad, y esta es una problemática frecuente.
Públicamente el cirujano Víctor Manuel Rosales Galindo se anunciaba en páginas de Internet dirigidas a turismo médico, ofreciendo “numerosos procedimientos cosméticos y plásticos”. En esos anuncios se dice que recibía pacientes internacionales y locales.
En la manifestación del sábado en que se exigió “Justicia para Paloma Nicole”, también para que se legisle para que en México ningún menor de edad sea sometido a cirugías estéticas, una Ley Nicole, bajo la consigna “¡A las niñas no se les opera!”.
Ambos temas son prioritarios, urgentes, porque el caso de Paloma Nicole ha puesto en la discusión pública una práctica cada vez más frecuente en muchos países, principalmente los de mayor incidencia de turismo estético, como lo es México desde hace varios años: las cirugías estéticas a edades cada vez más tempranas.
Los invasivos procedimientos de índole estético en menores se van tornando en una tendencia cada vez más riesgosa, y está asociada a la manera en que, desde redes sociales influencers, cirujanos, pero también intrusistas, y esteticistas promueven y promocionan la cirugía estética “para quinceañeras”.
En diversos países la problemática de la cirugía estética se ha vuelto materia de discusión pública cuando trasciende el doloroso testimonio de las familias que han perdido a un ser querido.
La problemática que genera el intrusismo en la cirugía estética también se ha expuesto en diversos momentos en el Congreso mexicano. Pero con el caso de Paloma Nicole se evidenciaron otros vacíos legales: los menores de edad que son sometidos a cirugías estéticas.
A partir de que Carlos expuso el fallecimiento de su hija y las circunstancias, en el Legislativo se habló de la necesidad de reformar la Ley General de Salud, para que se especifique que, en el caso de menores, las cirugía estéticas se prohíban cuando no exista una justificación médica y científica.
En la Cámara de Diputados, el 24 de septiembre se presentó una primer iniciativa que propone adicionar el artículo 272 Bis I a la Ley General de Salud, a fin de establecer lineamientos claros y estrictos para especificar que en procedimientos a menores de edad, debe observarse en todo momento el principio del interés superior de la niñez.
Que, para la realización de procedimientos del ámbito estético, se fijen y consideren requisitos para su realización, tales como valoraciones médicas fundamentadas, el asentimiento de la persona menor considerando su edad, el grado de desarrollo cognoscitivo y madurez, el consentimiento informado de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, y los dictámenes psicológicos que resulten necesarios, según sea el caso.
Destaca la iniciativa que es indispensable evitar más casos de operaciones carentes de sentido médico, que en nada protegen el interés superior de la niñez y que desafortunadamente llegan a significar vidas de menores.
Se planta establecer candados legales y que las normas oficiales mexicanas proporcionen la regulación técnica que garantice que únicamente se realicen aquellos procedimientos que, tras valoraciones médicas fundamentadas, con filtros legales, clínicos, sanitarios y psicológicos adecuados, entre otros, respondan efectivamente al interés superior de la niñez y la adolescencia.
Se propone que, a partir de esa reforma, la Secretaría de Salud emita las Normas Oficiales Mexicanas en las que se especificarán los criterios clínicos y sanitarios aplicables para la práctica de dichos procedimientos, así como los requisitos para su realización.
Pero una reforma en ese sentido tendría que ir más allá: es imperioso que se legisle no sólo en cuanto a la edad mínima para realizarse este tipo de procedimientos, sino muchos otros factores como la responsabilidad que tienen los establecimientos que alquilan sus quirófanos, porque es una realidad que estos operan como franquicias que alquilan instalaciones deslindándose en casos que ocurren complicaciones; también el alcance de las inhabilitaciones temporales o permanentes contra los cirujanos que incurran en mala praxis, porque se ha vuelto frecuente que simplemente se trasladen de entidad en entidad o a otros países para seguir realizando procedimientos.
Y más aún, se debería también legislar respecto a las campañas publicitarias mediante las cuales en redes sociales principalmente se promueve, se publicita, se incita a la cirugía estética a edades cada vez más tempranas. La manera en la que hoy, mercadológicamente influencers incentivan y promueven estos procedimientos.
Legislar al respecto es urgente, porque la tendencia, en muchos países, es la cirugía estética a edades cada vez más tempranas.
La rinoplastia, bichectomía, liposucción y aumentos de senos o glúteos son de los tienen mayor popularidad en redes sociales entre las personas cada vez más jóvenes. También adolescentes que comienzan con inyectables “preventivos” sin la orientación suficiente ni la certeza del tipo de sustancias que se utilizan.
Las redes sociales se han convertido también en plataformas para difundir y enganchar hacia lo que denominan cirugías exprés y de supuesto “bajo costo”, son los anuncios que más abundan, y en muchos casos enmascaran el intrusismo. Sobre ello también debería legislarse y, sobre todo, verificar que se cumpla con las leyes que se aprueben.
