Por: Anaid García Tobón (@lanaidtobon)
Hace unas semanas un escándalo sacudió a México: la develación del huachicol fiscal, una red de contrabando de combustibles en el que estaba involucrada la Marina y que deja un desfalco en promedio de nueve mil millones de dólares anuales. Aunque el huachicol fiscal no es nuevo, ha aumentado de manera exponencial y ha mostrado que incluso instituciones que el Gobierno anterior calificaba como “incorruptibles” pueden estar involucradas en cuantiosos desvíos de recursos.
Paradójicamente, la Secretaría de Marina señaló haber realizado 37 auditorías por el Órgano Interno de Control entre 2023 y 2025 sin que hubiera observaciones ni sanciones a personas servidoras públicas y particulares por faltas administrativas graves. Este caso es uno de los tantos que reflejan que nuestro país está muy lejos disminuir sus niveles de corrupción. Aunque pareciera que el Gobierno actual abraza su combate, esto no se refleja en el Proyecto de Presupuesto de Egresos (PPEF) 2026 ya que los recursos destinados a instituciones anticorrupción muestran una tendencia a la baja, cinco de seis registran recortes:
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) muchas responsabilidades poco presupuesto, esta dependencia reemplazó a la Secretaría de la Función Pública, tiene un rol importante en las contrataciones públicas y en la coordinación de los órganos internos de control, que son las instancias que en cada entidad pública previenen, detectan e investigan la corrupción. De igual forma, la SABG investiga responsabilidades administrativas, impone sanciones por actos indebidos no graves y administra los registros patrimoniales y de declaraciones de intereses. Pese a su rol clave en materia anticorrupción y a la multiplicidad de funciones al ser una instancia que previene, identifica, investiga, y sanciona, su presupuesto se redujo dos por ciento (-37 mdp) respecto al año anterior.
Tiro de gracia al acceso a la información. Transparencia para el Pueblo recibe únicamente dos por ciento del presupuesto que tenía el INAI, el PPEF proyectado para 2026 otorga a Transparencia para el Pueblo 25 millones de pesos frente a los mil 209 millones que tuvo en 2024 el INAI. La estrategia de debilitamiento de la política pública de la transparencia y el acceso a la información no sólo se efectuó a través de la controvertida reforma constitucional de Simplificación Orgánica que trasladó las funciones del INAI a una institución que depende del Ejecutivo federal (la SABG), sino que culmina con su declive mediante la reducción del presupuesto, lo que refleja el desdén para asegurar el derecho a saber de la población mexicana.
Auditoría Superior de la Federación (ASF) es la entidad encargada de identificar posibles actos de corrupción mediante la fiscalización de los recursos públicos federales ejercidos por los tres poderes de la Unión, organismos autónomos, etc. Presenta una disminución del 4.58 por ciento (-135 mdp) en el PPEF. Es fundamental garantizar la suficiencia presupuestaria de esta institución y, al mismo tiempo, fortalecer sus acciones de fiscalización, dado que el número de auditorías ha disminuido en los últimos años, al igual que la imputación de faltas administrativas y acciones penales. Por ejemplo, en la Cuenta Pública 2023 se realizaron veintinueve auditorías de cumplimiento forense, mientras que en 2024 no se efectuó ninguna.
Investigar penalmente a la corrupción con pocos recursos: más recortes a la FEMCC, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) cumple un papel estratégico al investigar delitos de corrupción, así como al recabar pruebas para que las instancias judiciales determinen las sanciones correspondientes. Esta función resulta especialmente relevante en un país con altos niveles de impunidad como el nuestro. Para 2026, la Fiscalía se mantiene como una de las instituciones anticorrupción más relegada presupuestariamente, contará con recursos por 227 millones de pesos, lo que implica una reducción del 4.58 por ciento (-10 mdp). Ante la magnitud de los actos de corrupción en México, la necesidad de investigaciones sólidas y los recursos limitados con los que opera, la FEMCC enfrenta el riesgo de no cumplir plenamente con sus objetivos ni responder a las demandas que plantea la realidad nacional.
El Tribunal de Disciplina Judicial, con la reforma judicial recientemente implementada, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial sustituyeron al Consejo de la Judicatura Federal. El Tribunal de Disciplina Judicial resulta estratégico en el combate a la corrupción dentro del Poder Judicial, operará en Pleno y tendrá la facultad de conocer, investigar y sancionar a personas servidoras públicas por conductas contrarias a la ley, incluyendo casos de corrupción, tráfico de influencias, nepotismo y otras irregularidades. Para 2026 contará con un presupuesto de mil 856 millones de pesos, y será necesario evaluar si estos recursos resultan suficientes frente a la magnitud de los actos de corrupción presentes en el Poder Judicial.
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, institución que sanciona la corrupción en el ámbito administrativo, tuvo una reducción de 1.8 por ciento (-63 mdp) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), brazo técnico del SNA, tendrá un decremento de 3.12 por ciento (-4 mdp).
En el marco de los recientes escándalos de desvío de recursos y la discusión del PPEF 2026 quedan varias interrogantes: 1) si el combate a la corrupción, como sucedió el sexenio pasado, será atajado mediante otras instituciones que no pertenecen al SNA como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada que tuvieron un rol preponderante en el desmantelamiento del huachicol fiscal, 2) si con base en esa lógica hay un decremento en el presupuesto de las instituciones del SNA. Y una de las dudas más destacadas es, ¿cómo logrará Transparencia para el Pueblo garantizar la rendición de cuentas de instancias, como las Fuerzas Armadas, que siempre han sido opacas, y evitar que otros esquemas de corrupción como el huachicol fiscal se repitan con tan solo 25 millones de pesos?
Sin mayores recursos para las instituciones anticorrupción, controles y resultados reales de estas instituciones será muy difícil detectar, investigar y sancionar las redes de corrupción en nuestro país. Por ello, instamos al Poder Legislativo a reconsiderar los recursos otorgados a las instituciones del sector, así como a mantener una vigilancia minuciosa del cumplimiento de sus objetivos.
* Anaid es investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.
