El sino del escorpión escucha en los mentideros políticos sobre la difícil y riesgosa situación que vive el Gobierno de Claudia Sheinbaum. Los ataques lanzados por el delirante Gobierno de Trump son golpes bajos en plena negociación del T-MEC. A ello se suman los redoblados esfuerzos de la ultraderecha y la derecha nacionales por golpear a su Administración a toda costa y con cualquier pretexto. Por si fuera poco, continúa el descrédito de muchos legisladores y funcionarios de Morena, impermeables a la crítica y hasta enojados ante cualquier señalamiento de corrupción, problemática que también da en la línea de flotación de la confianza de los militantes y votantes de ese partido.
Además de la criminalización de los migrantes y la fascista aprehensión de miles de ellos, Trump ha intensificado una campaña retórica y operativa contra México que combina descalificaciones públicas, amenazas de intervención y medidas concretas en seguridad. “México está gobernado por los cárteles”, insiste, mientras evalúa operaciones militares o bombardeos de objetivos relacionados con el narcotráfico, y aumenta las operaciones navales en el Pacífico y el Caribe para interceptar cargamentos. Estas “intercepciones” han resultado en asesinatos públicos televisados que han aumentado la tensión diplomática con México y Latinoamérica.
En lo político, Trump mezcla elogios personales con acusaciones de ineficacia para presionar a la Administración de Sheinbaum, lo que obliga a México a responder cuidadosamente en mesas bilaterales y foros públicos. Estas tácticas buscan condicionar la cooperación bilateral y movilizar apoyo interno en Estados Unidos mediante el supuesto control del flujo de drogas y la migración.
Para responder a estas políticas y acciones agresivas de la administración Trump, el Gobierno mexicano ha utilizado herramientas diplomáticas, comerciales, legales, de seguridad y comunicacionales. La estrategia más efectiva ha sido, hasta ahora, combinar presión multilateral, defensa jurídica, medidas económicas calibradas y preparación interna para reducir vulnerabilidad y costos políticos y sociales, pero el riesgo sigue presente.
Al mismo tiempo que ocurre este ataque desde el exterior, al interior del país hay señales de fortalecimiento y reconfiguración de organizaciones y grupos de ultraderecha, que se esfuerzan por institucionalizarse (buscando registro como partidos), por articular redes mediáticas y civiles, y buscan promover agendas antiderechos y nacionalistas impulsadas también desde el exterior por las ultraderechas española, estadounidense y de países latinoamericanos como Argentina, El Salvador y Ecuador.
Desde el Yunque, las sectas evangélicas y la Luz del Mundo hasta las agrupaciones provida, los movimientos anti LGBTIQ+ y los impulsos nacionalistas radicales, se registran al menos una docena de grupos de ultraderecha y antiderechos activos en México, al tiempo en que varias agrupaciones civiles —algunas con carácter confesional o nacionalista como “Viva México” o proyectos vinculados a figuras conservadoras— solicitaron en 2025 registro ante el INE para convertirse en partidos políticos nacionales. Hay además proyectos locales con agenda conservadora, como en Chihuahua, donde avanza la ultraderecha en política y comunicación pública bajo un Gobierno con posturas antiaborto y profamilia tradicional.
Las campañas mediáticas y la desinformación (encabezadas por TV Azteca y su impresentable dueño ya en victimista campaña contra los “zurdos de mierda”), los mensajes repetidos sobre censura y ataques a la libertad de expresión, la narrativa de continuidad con AMLO para deslegitimar a Sheinbaum, la disputa política por el espacio institucional, y las movilizaciones y presión social antiderechos, son algunas de las acciones desplegadas por estas fuerzas derechosas en contra del Gobierno.
Y no obstante toda la gravedad de todo lo anterior, el escorpión ve un riesgo definitorio en la crisis de Morena, cuyos cuadros parecen pensar “mejor conservar un puesto que rendir cuentas o profesionalizar la gestión pública”. Al parecer las decisiones estratégicas de ese partido se toman en cámaras cerradas, las disputas se resuelven por cuotas y favores más que por argumentos (los emblemáticos casos de Yunes y Blanco), y quienes controlan las candidaturas y recursos imponen lealtades.
Cuando en puestos clave del Legislativo aparecen figuras si no probadamente corruptas sí bien desprestigiadas (Monreal, Adán Augusto, Gutiérrez Luna, Blanco, Haces, et al), y cuando abunda la presencia de personajes con cuestionamientos éticos y mal historial público, se termina por contaminar todo el proyecto y minar la confianza ciudadana. La tolerancia interna hacia comportamientos reprobables revela que la disciplina partidista pesa más que la integridad pública, lo cual deviene en una corrupción producto no sólo de la suma de actos individuales, sino claramente sistémica.
Los llamados constantes a la unidad en Morena devienen entonces un código de silencio que prioriza la cohesión interna por encima de la transparencia. La unidad se convierte en mecanismo de control y protección de estructuras, no en instrumento de deliberación democrática. La exigencia ritual de lealtad produce acuerdos tácitos para no investigar a compañeros con señalamientos públicos, tolerancia hacia prácticas administrativas dudosas y cierre de filas frente a escándalos que deberían abrir procesos internos y judiciales.
Aquí observa el venenoso una de las debilidades mayores del Gobierno de Sheinbaum, un partido mayoritario, hegemónico y dominante pero ajeno a la crítica. La protección mutua entre cuadros hace que muchos asuntos nunca lleguen a instancias de fiscalización efectivas y que la ciudadanía perciba complicidad entre el partido y los actores cuestionados. De ahí surgen las sospechas de una normalización del pragmatismo táctico frente al crimen organizado. Cuando se tolera colaboración instrumental con redes ilícitas para mantener hegemonía territorial, se sacrifica el principio de Estado de derecho por ventajas electorales cortoplacistas.
Corregir este camino (o si se quiere, esa percepción) exige más que retórica: requiere profesionalizar la selección de cuadros; institucionalizar controles internos, transparentar procesos de selección de candidatos, sancionar sin excepciones la corrupción y construir mecanismos efectivos de rendición de cuentas. También exige abrir espacios reales para la crítica y la disidencia interna, porque ningún proyecto político que aspire a regenerar la vida pública puede sobrevivir a la intolerancia hacia la pluralidad.
La encrucijada de Morena está ahí, insiste el alacrán, institucionalizar la ética pública y castigar su incumplimiento o exponerse a ser devorado por la corrupción política y el crimen organizado.
@Aladelagarza
