El sino del escorpión observa a la nueva titular de la FGR, Ernestina Godoy, desplazar necesariamente su Fiscalía hacia un terreno minado por expedientes explosivos —huachicol fiscal con funcionarios involucrados; cárteles inmobiliarios a escala nacional; fraudes factureros de Álvarez Puga para beneficio de élites empresariales y políticas y, además, el propio grueso expediente del exfiscal Gertz Manero, señalado por operaciones patrimoniales sospechosas—, todos casos que exigen tanto pruebas, procesos y detenciones como una reconstrucción institucional que garantice independencia, transparencia y resultados.
Godoy enfrenta la prueba de transformar estos expedientes mediáticos en sentencias firmes, lo que exige, de inicio, una paulatina depuración de los amarres, acuerdos y compromisos de la Fiscalía anterior y su personal, más una política de transparencia que recupere la confianza ciudadana. Si la Fiscalía no logra articular técnica, coordinación interinstitucional y comunicación pública responsable, los casos señalados seguirán siendo símbolos de una justicia que promete mucho y resuelve poco.
El combate al huachicol fiscal y las operaciones conocidas como La Barredora son expedientes prioritarios para la Presidenta y la opinión pública. Su complejidad técnica y la posible colusión de funcionarios, criminales y actores privados exigen equipos forenses financieros y cooperación internacional para seguir el rastro del dinero. No basta con titulares mediáticos, el caso demanda reconstrucción documental, protección de testigos y blindaje jurídico para que las carpetas no se diluyan entre amparos y recursos, como ha ocurrido en otras investigaciones de alto impacto.
A su vez, el fenómeno del llamado “cártel inmobiliario” dejó en la Ciudad de México decenas de carpetas y una red de intereses que combinan corrupción administrativa, complicidad de servidores públicos y desarrolladores privados que lucraron con permisos y usos de suelo irregulares. Las investigaciones locales ya suman múltiples carpetas y desgloses que requieren de la coordinación precisamente de la Fiscalía General, para evitar la impunidad territorializada.
La magnitud del problema —van 55 investigaciones documentadas en la alcaldía Benito Juárez y varias sentencias parciales— muestra que no se trata solo de fraudes puntuales sino de una economía paralela que captura gobiernos locales y distorsiona el mercado de vivienda en favor de redes opacas. Aunque el término “cártel inmobiliario” se popularizó en la Ciudad de México, el alacrán destaca las investigaciones recientes que demuestran cómo se replican prácticas similares y mismo modus operandi en destinos turísticos clave —Cancún, Tulúm, Huatulco, Bahía de Banderas, Los Cabos— donde la presión del mercado, la debilidad institucional y la alta rentabilidad propician la proliferación de esquemas de corrupción urbanística.
Otro caso realmente explosivo es la detención y posible extradición de Víctor Álvarez Puga, cabeza de una red de empresas factureras que funcionó como arteria financiera para políticos, empresarios y figuras públicas de todo color y ralea; desentrañar ese nudo exige investigación forense, cooperación internacional, medidas de recuperación de activos, una estrategia integral para decomisos y la reparación del daño.
En términos de magnitud, las investigaciones periodísticas y auditorías citadas en la prensa estiman que la red habría operado con recursos por más de 3 mil millones de pesos, que apuntan a una estructura empresarial diseñada para emitir facturas, ocultar beneficiarios reales y canalizar recursos hacia cuentas y bienes de terceros.
El modus operandi incluye la creación de sociedades pantalla, el uso de testaferros, transferencias entre empresas fantasma y la emisión de facturas por servicios inexistentes para justificar salidas de dinero del sector público. Además (destaca el escorpión en plan Paty Chapoy), el caso involucra a estrellas de la farándula como la pareja de Álvarez Puga, Inés Gómez Mont, proveniente de una familia de abolengo panista.
Para enfrentar un expediente tan complejo, la Fiscalía debe combinar persecución penal con medidas administrativas y fiscales, identificar beneficiarios reales, perseguir activos en el extranjero y coordinarse con la Unidad de Inteligencia Financiera y autoridades internacionales para evitar que los recursos reaparezcan en circuitos legales paralelos. (¡Uf!)
Pero volvamos a Gertz, insiste el venenoso. La salida del exfiscal dejó expedientes emblemáticos sin resolución y acusaciones de filtraciones, manejo discrecional o falta de transparencia en los expedientes, problemas que erosionaron más la confianza pública en la alicaída institución encargada de perseguir la corrupción.
Pero aún hay más, Gertz se irá de embajador bajo sospecha de realizar operaciones patrimoniales y financieras en beneficio propio y en perjuicio de la Universidad de las Américas-Puebla. Durante su gestión se documentaron decisiones y actuaciones que involucraron a su entorno familiar y a apoderados legales que actuaron en causas relacionadas con la UDLAP. Esas actuaciones incluyen la reapertura de investigaciones y litigios que habrían favorecido posiciones particulares en la disputa por bienes y marcas vinculadas a la universidad.
El esquema es bastante enredado y parece diseñado expertamente para que el rastro no lleve a Gertz Manero: combina transferencias patrimoniales entre fundaciones, cambios en patronatos y litigios estratégicos que pueden haber servido para desplazar activos hacia beneficiarios finales vinculados al exfiscal o su red. ¿Cómo desentrañar tal nudo gordiano de intereses diseñado por el propio exfiscal? La nueva Fiscalía deberá revisar todo: protocolos de investigación, control de filtraciones, rendición interna de cuentas, responsabilidad y credibilidad de cualquier proceso penal, solidez probatoria y percepción de imparcialidad.
Estos casos mayúsculos de corrupción —sin olvidar al narcotráfico y la extendida actuación del crimen organizado en el territorio nacional—, son desesperanzadores, juzga el escorpión, porque más allá de que sean resueltos con justicia y sin impunidad, comprueban que la corrupción es constitutiva del sistema económico y la organización social, política y gubernamental que tenemos en nuestro país. Ojo, el escorpión no asegura, como hizo Peña Nieto, que la corrupción sea un problema “cultural” en México, sino que es inherente al sistema económico del capitalismo depredador y salvaje al que estamos sometidos.
