El mismo 6 de diciembre en que Morena festejaba, convocados por la Presidenta Claudia Sheinbaum, los siete años de “la llegada al poder”, el golpe de realidad fue en Michoacán. La nueva Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, se estrenó en el cargo con un comunicado con su primer caso de alto impacto ese mismo día, y actuó rápidamente emitiendo un comunicado no sólo en las redes de la FGR sino en las personales también, para informar de la apertura de una carpeta de investigación “contra de quien o quienes resulten responsables del delito de terrorismo”.
Se trató, efectivamente, de un acto de terror en Coahuayana, Michoacán, en donde un grupo criminal detonó un coche bomba frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de la localidad. La onda expansiva de la camioneta cargada con explosivos fue de 300 metros, según revelaron especialistas. El saldo mortal fue de cinco personas, y los heridos suman 12. La primera reacción de la abogada a cargo de la FGR fue coordinar los esfuerzos locales y los de su oficina, a partir de la Fiscalía Especializada de Control Regional de Michoacán, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, y la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo. Acopio y Tráfico de Armas, para la apertura y desarrollo de la carpeta de investigación.
Justificaron en la FGR en el mismo comunicado, que ello, la investigación por Terrorismo, “derivado de la utilización de explosivos para atentar contra elementos de la policía comunal del Municipio de Coahuayana, hechos suscitados en la colonia Centro de dicho municipio”.
La Fiscal no estaba errada y actuó conforme a la Ley, no sólo con rapidez para atender el tema y coordinarse con las autoridades locales, sin que se lo solicitaran de Presidencia de la República, sino también en cuanto a la clasificación del delito. El Artículo 139 del Código Penal Federal establece pena de prisión de 15 a 40 años: “a quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación”.
Lo sucedido aquel sábado 6 de diciembre en Coahuayana, Michoacán, cuando dos hombres trasladaron los explosivos a bordo de una camioneta Dodge Ram, Dakota, y fueron inmolados al detonar la carga explosiva (aún no definen las autoridades si por accidente, por la premeditada acción de un tercero, o desconociendo que los dos hombres seguían en la camioneta), fue un acto “intencional” contra “bienes públicos”, las instalaciones de la policía, “contra la integridad física, emocional o la vida de las personas”, se causó daño a la población, hubo cinco muertos y hay 12 heridos, hechos, en conjunto, que produjeron “alarma, temor, o terror en la población” y no sólo la de Michoacán, sino a otros sectores de la sociedad mexicana.
Pero el acto de terrorismo que fue para la Fiscal Ernestina Godoy, que costó la vida a cinco, que dejó 12 heridos, que dañó doce vehículos, incluidas dos camionetas blindadas, y que dejó daños en propiedades adyacentes a la comandancia de la Policía Comunitaria, no es un acto de terrorismo para el Secretario de Seguridad del Gobierno de la República, Omar García Harfuch, y por tanto de manera discreta pero muy evidente en el fondo, la FGR reculó y reclasificó el delito como delincuencia organizada.
Para Omar García Harfuch un acto de terrorismo debe incluir objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales, y no los encuentra en el caso de Coahuayana, Michoacán, sucedido el 6 de diciembre de 2025. Para él, y lo que impera ahora es su pensamiento, palabra e investigación, se trata de tráfico de armas. Así lo dijo textualmente en una conferencia matutina de la Presidenta de la República:
“Estos son delitos de tráfico de armas; por eso la carpeta de investigación se inició en FEMDO en tráfico de armas, acopio de armas, no es por terrorismo. Como sabemos en la ley tanto mexicana como internacional, terrorismo es para imponer objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales. En este caso, específicamente son actos criminales para ampliar sus actividades criminales, ya sea en territorio, trasiego de droga, rutas de trasiego de droga, ampliar más el narcomenudeo, extorsión, tráfico, minería ilegal, etcétera. Entonces va por delincuencia organizada y el homicidio, por supuesto”.
Complementó con lo que se supone deben ser resultados de una investigación y determinó no sólo a los actores de la explosión, sino el móvil: “una pugna entre un grupo afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a otro grupo, que es Cárteles Unidos”. Justificó la forma de explosión de coche bomba en Michoacán, para deslindarlo del terrorismo internacional: “No fue un coche bomba que hayan dejado y que después hayan detonado. Hay un conductor y una persona adicional, ingresan, llegan, se estacionan y el vehículo es cuando explota”. Aún no puede explicar, dado que él y no la Fiscal es el vocero presidencial en materia de seguridad, y su excolaborador es el titular de la FEMDO, si el conductor del coche bomba y su acompañante murieron porque alguien detonó los explosivos de manera remota sin saber que los dos tripulantes aún estaban en la camioneta, o si los explosivos se detonaron antes de tiempo, descartando con ello el otro componente del coche bomba del terrorismo internacional, la inmolación del conductor. Es decir, que haya sido como haya sido dentro de las dos y únicas hipótesis de García Harfuch, la muerte de los dos tripulantes del coche bomba, en todo caso, fue por accidente.
La realidad, y ese golpe se dio en la celebración de los siete años de la llegada al poder de Morena, es que los cárteles de la droga han escalado su violencia al terrorismo. Causan terror con la utilización de drones para lanzar explosivos a una unidad de la FGE como sucedió en Tijuana, Baja California, o cuando una mina artesanal explotó y acabó con la vida de seis guardias nacionales en las fronteras entre Jalisco y Michoacán, y ahora con la del sábado en Coahuayana, Michoacán. Lo mismo sucedió cuando en una operación coordinada en agosto de 2022 en cinco de los siete municipios de Baja California, el narco incendió 24 vehículos, mayormente de carga y en carreteras de la entidad.
Y si se sostiene la información proporcionada por el Secretario de Seguridad, del móvil, del modus, de los protagonistas, a saber de él, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel Unidos, pues bien harían en perseguirlos, aprehenderlos y procesarlos, porque de los actos para causar terror con coches bomba o drones lanza explosivos o minas artesanales, no hay detenidos, ni materiales ni intelectuales, lo cual le permite al narco seguir cometiendo atrocidades en perjuicio de la sociedad mexicana que ya sufre por otra escalada de violencia aunque, desde el gobierno federal no se no le nombre como lo que es: terrorismo.
