A las víctimas de la tragedia en Oaxaca
La muerte de 13 compatriotas en el descarrilamiento del Tren Interoceánico exige verdad y justicia: Junto con la empatía, el acompañamiento y la reparación del daño a las víctimas de la tragedia del domingo 28, todas las autoridades implicadas deben esclarecer, total y plenamente, las causas e identificar a todos los responsables de lo que no es un desastre natural, sino una obra humana, cuyas hipótesis deben ir desde la corrupción gubernamental y empresarial hasta la negligencia y el sabotaje.
Lo de menos es si los adversarios del gobierno de la Cuarta Transformación lucran otra vez con esta tragedia —que vayan inclusive al lugar del siniestro en Oaxaca para hacer una conferencia de prensa, como lo hicieron los panistas en 2021 cuando el colapso de la Línea 12—, porque el deber primario de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es impedir la impunidad de todos los responsables, con una investigación que compete directamente a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y, sobre todo, a la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, una funcionaria de toda su confianza.
Una investigación integral y exhaustiva debe involucrar a la Secretaría de Marina, la institución a cargo de la obra desde su origen, incluyendo a su actual titular, el secretario almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, quien fue el director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador contrató a la empresa ABCD Arquitectura para la construcción de vías férreas nuevas y rehabilitadas en la línea Z para el ferrocarril que une a Salina Cruz, Oaxaca, con Coatzacoalcos, Veracruz, así como para dotar de equipamiento especializado de vía en que incluye señales, cambios de vía, detectores, cruces carreteros y lubricación para garantizar la operación segura del tren, en cuyo tramo se produjo el descarrilamiento del domingo 28 de diciembre.
Esta empresa está vinculada a Javier Arturo Aguilera Peña, un empresario del estado de Hidalgo que se dice sobrino del expresidente priista Enrique Peña Nieto y que fue uno de los contratistas favoritos del exgobernador Omar Fayad, actual embajador en Noruega. Este personaje preside también el consorcio Promotora de Desarrollo, Industria y Bienestar del Istmo de Tehuantepec (Proistmo), que construye dos Polos de Desarrollo Para el Bienestar (Podebis) en la misma región.
Hay muchas preguntas que deben responderse sobre la empresa ABCD Arquitectura, en cuyos meses recientes ha dejado de pagar a empresas proveedoras y a trabajadores: ¿Ha cumplido adecuadamente con las obras para las que fue contratada? ¿Cuál fue el procedimiento para la selección de esta empresa para el desarrollo de obra civil y trabajo especializado de vía férrea? ¿Cuál es el historial de casos de éxito en el desarrollo de proyectos de equipamiento ferroviario?¿Cuál es el historial de casos de éxito en el desarrollo de proyectos de cómputo, telecomunicaciones y videovigilancia? La Semar y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles deben responder.
Pero también debe investigarse cuál fue el papel de Gonzalo López Beltrán, hijo de López Obrador, en la construcción de infraestructura para el Tren Interoceánico, como el mismo expresidente lo reveló, el 5 de julio de 2024, luego de que el muchacho se entrevistó con Sheinbaum y desató rumores de que podría incorporarse al nuevo gobierno.
“Gonzalo no está metido en cuestión política. Ha ayudado como honorífico en el (Tren) Interoceánico, pero no cobra y no va a trabajar en el gobierno. Cuando me dijo eso me sentí contentísimo”, expresó López Obrador en esa ocasión y enseguida precisó la intervención de su hijo en el Istmo: “Me ayudaba a ver el avance de las obras, del tendido de las vías, lo de los trenes, la construcción del rompeolas en Salina Cruz, con los marinos”.
La FGR debe identificar la intervención de López Beltrán en esta obra insignia de la Cuarta Transformación y de su padre, así haya sido con carácter honorario, para de una vez por todas poner freno a las versiones de favorecer a su amigo Pedro Salazar Beltrán para convertirse en proveedor del balastro para el Tren Interoceánico, como se escucha en un audio difundido por el grupo de presión Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, creado por el magnate Claudio X. González.
El esclarecimiento pleno de la tragedia que costó la vida a 13 compatriotas es un asunto de salud pública si se trata de corrupción y/o negligencia, pero también si fue un acto de sabotaje, con fines políticos y de desestabilización. Nada debe descartarse en la investigación de la FGR, incluyendo maniobras criminales para dañar una de las obras emblemáticas de la Cuarta Transformación.
Es obvio que la oposición le apuesta al fracaso de todas las obras del anterior y del actual gobierno, y si las ha entorpecido desde que comenzaron, con todo tipo de argucias, tiene sentido que trate literalmente de descarrilarlas, aunque mueran mexicanos.
Y si la investigación tampoco arroja sabotaje, sino sólo negligencia, de funcionarios y de empresarios, a todos ellos se les debe aplicar la ley con toda severidad. Es verdad y es justicia. Que no vuelva a haber impunes jamás en México.
