En los momentos de mayor violencia en Baja California, cuando el Cártel de los Arellano Félix enfrentó al Cártel de Sinaloa entre los años 2006-2010, fueron tan cruentas sus pugnas que no sólo morían por decenas los miembros de una y otra organización criminal, sino que alcanzaron directamente a un amplio y prolífico sector de la sociedad.

Ante la atención puesta en el conflicto criminal, el negocio de la droga pasó a un segundo plano: era más importante para ambas mafias deshacerse uno del otro que continuar delinquiendo en el trasiego de estupefacientes.

En la guerra CAF vs CDS aparte de perder miembros que caían asesinados por las balas, se fueron quedando sin parque, sin armas, sin vehículos y sin dinero, pues todo lo estaban apostando en aniquilarse. Entonces, empezaron a secuestrar. Les significó la comisión de ese delito una forma rápida de hacer dinero para continuar en su batalla criminal.

Células de sicarios se convirtieron en bandas de secuestradores, y las casas de seguridad en las que antes residían o almacenaban droga, se transformaron en los sitios para ocultar, torturar y en unos casos asesinar a los secuestrados por los cuales sus familiares ya habían pagado un rescate.

La mira la pusieron en el sector empresarial. Desde comerciantes exitosos en colonias, hasta potentados empresarios. Hijos e hijas de familias económicamente holgadas también fueron víctimas en una de las peores épocas de inseguridad que se vivió en el estado 29. Por entonces gobernaba el país Felipe Calderón, el estado, José Osuna Millán, y el Ejército estaba representado por los generales Sergio Aponte Polito y Alfonso Duarte Múgica. Aún cuando entraron al rescate de secuestrados, llegaron un poco tarde, y sucedió un éxodo de empresarios bajacalifornianos que con todo y su familia se fueron a residir a los Estados Unidos. Algunos han regresado, muchos decidieron mantener su residencia permanente en California u otro estado norteamericano cercano a la frontera noroeste de México que tan bañada en sangre estaba.

Aunque la diversificación de las actividades de los cárteles en México es una realidad hace tiempo, pues aparte de tener células para producir, trasegar y distribuir drogas, también cuentan con criminales que cobran piso, secuestran, roban combustible, cometen fraudes inmobiliarios, robos de casas y predios, y, lo que ha sido notorio en los últimos años, extorsionadores que atentan contra cualquier sector, da igual que se trate de comerciantes, de canchas deportivas, de salones de belleza, de maquiladoras, de distribuidores de productos, de tráileres de carga, de empresas o mineras.

Luego de que el 25 de julio de 2024 fuese dada a conocer en el ámbito internacional la aprehensión de quien se creía infalible, Ismael Zambada García, "el Mayo", entonces líder criminal único del Cártel de Sinaloa, y además de que su detención había sucedido en territorio norteamericano, poco menos de un mes después, en los primeros 15 días de agosto, el capo apresado y ya preparado para su juicio en Nueva York, redactó una carta que hizo pública, donde reveló que había sido secuestrado por su ahijado Joaquín Guzmán López, quien confirmarían autoridades de los Estados Unidos, sí se entregó, y fue llevado contra su voluntad a la Unión Americana, como una especie de tributo de los juniors Guzmán a las autoridades de aquel país, entonces, ardió Sinaloa.

Iniciaría semanas adelante, en los primeros días de septiembre una narco guerra entre los juniors Guzmán, apodados "los Chapitos", y los juniors Zambada, denominados criminalmente y como grupo, "los Mayitos". A la fecha, van cientos de muertos, incendios, bloqueos, pueblos tomados a balazos, y como sucede en las guerras, ambos bandos se han “descapitalizado”, por ello recurren a la comisión de delitos que les arrojan ganancias criminales de una forma más rápida, el secuestro y de manera muy particular la extorsión. Aparte de las dádivas que reciben de sus células aliadas en otros estados de la República, desde donde les envían sicarios, armas y dinero para continuar su encarnizada guerra.

En ese contexto, los últimos ataques masivos y desapariciones en el mismo rango. Como las de los 10 trabajadores de la mina canadiense Vizsla Silver que fueron privados de su libertad el 23 de enero, oficialmente buscados el 28 de enero, y que, sin embargo, no han aparecido. Lo único que se sabe, en voz del Secretario de Seguridad del Gobierno de la República, Omar García Harfuch, es que, efectivamente, "los Chapitos" son sospechosos de tal desaparición.

A los 10 trabajadores, entre los que se encuentran un geólogo, el coordinador operativo de seguridad, guardias de seguridad, gerentes, un supervisor ambiental y, a saber, un ingeniero, los sacaron por la fuerza de una de las bases de exploración de la mina ubicada en Panuco, un poblado del municipio de Concordia, Sinaloa.

Hasta donde se sabe públicamente, la minera canadiense ha invertido en México unos 300 millones de dólares, generado más de 250 empleos, y en la exploración detectado plata que esperan extraer en los próximo diez años, por ganancias millonarias. El evidente exitoso negocio significó un atractivo para los narcotraficantes, y de ahí la privación de la libertad de los trabajadores.

Los mineros de Concordia, Sinaloa, no son los únicos extorsionados por el narco, que han de entregar dinero o metales preciosos a cambio de salvaguardar la vida, pero sí los más públicos debido al número de personas privadas de su libertad, y a que las familias de estos iniciaron una búsqueda y presentaron por lo menos sendas denuncias para obligar a la Fiscalía local a iniciar las investigaciones y la búsqueda de los desaparecidos. Otros hechos de extorsión y robo en minas se han registrado en distintos estados, pero no han sido denunciados públicamente. Las autoridades, en su estrategia de disminuir la percepción de inseguridad que se tiene, han ocultado la información. Agencias privadas, sin embargo, han emprendido acciones, con trato de por medio, para recuperar personas, o acabar con extorsiones en el sector minero.

Las guerras del narco que inician entre células de un cártel como es el caso de Sinaloa, o de dos como lo es el de Baja California, cuando no se contienen por parte de la autoridad, crecen hasta afectar de manera directa a la sociedad, particularmente al sector productivo, al que extorsionan y secuestran, para mantener su impune guerra a la vista de todos, y sin acciones integrales de los gobiernos, para detenerlos. Por eso nadie escapa de esta guerra del narco en México.