Revelar las contrataciones públicas a empresas fantasma, vigilar el desvío de recursos públicos -incluyendo los destinados para la reconstrucción-para el clientelismo y campañas políticas, y sancionar a toda la red de complicidad, es lo que exigieron académicos y fue un tema en el que también coincidieron servidores públicos.
A un mes del sismo en el centro del país, académicos destacaron que sin tener la dimensión y diagnóstico del problema, así como el número de víctimas directas e indirectas ni el costo total, hay pronunciamientos sobre financiamiento público y privado para la reconstrucción.
¿Quién nos asegura que no se utilice con la intención de ganar votos de manera tramposa y que no haya rapiña al fin del sexenio?”, cuestionaron.
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Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).- Académicos y funcionarios públicos han dicho que los puntos prioritarios que deben abordarse en la agenda 2018-2024 en materia de corrupción política son revelar las contrataciones públicas a empresas fantasma, vigilar el desvío de recursos públicos -incluyendo los destinados para la reconstrucción-para el clientelismo y campañas políticas, y sancionar a toda la red de complicidad.
A un mes del sismo en el centro del país, Mauricio Merino, académico del CIDE y coordinador de Nosotrxs, destacó que sin tener la dimensión y diagnóstico del problema, así como el número de víctimas directas e indirectas ni el costo total, hay pronunciamientos sobre financiamiento público y privado para la reconstrucción.
“La ausencia de conciencia sobre los problemas del país crea condiciones donde se genera la corrupción”, advirtió con el ejemplo del proceso de reconstrucción.
“Bienvenido el dinero de los partidos políticos si no hay clientelismo. ¿Quién nos asegura que no se utilice con la intención de ganar votos de manera tramposa y que no haya rapiña al fin del sexenio?”, cuestionó Merino, cuya organización que encabeza pide un Fondo Único de aportaciones tras los temblores.
“Existe un riesgo real de que todo este dinero disfrazado de reconstrucción acabe financiando las campañas políticas de 2018. Y lo sabemos”, destacó.
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También señaló la falta de regulación a la reconstrucción por lo que gobernadores locales no respetan los límites del Fonden, “uno de los fondos más corrompidos”.
Jacqueline Peschard, del Comité de Participación Ciudadana del SNA, aseguró que los elementos que mantienen la inercia de la corrupción y la resistencia de la impunidad son los inadecuados marcos legales, la falta de capacitación de instituciones, el deficiente sistema de justicia y un pacto de impunidad entre actores políticos.
“Hay resistencias a combatir la corrupción en términos de sanción a los esquemas de complicidad. Javier Duarte y Eugenio Hernández (ex Gobernadores de Veracruz y Tamaulipas) no operan solos”, aseguró.
El académico del ITESM Monterrey, Jesús Cantú, acusó que la corrupción política -clientelismo o financiamiento ilegal a partidos- provoca injusticia y discriminación.
“El uso clientelar de programas públicos convierte una política pública en una reversión que beneficia a alguien más”, dijo.
Sobre la sanción a los responsables y esquemas, criticó que en el caso del socavón formado en el Paso Expréss en Morelos solo un funcionario de menor nivel pagó en vez del Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.
Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana, descartó que las leyes que regulan la corrupción sean las adecuadas y solo falte aplicarlas, por lo que pidió espacios abiertos para la ciudadanía en los procesos de su discusión.
“Están diseñadas las reglas para incentivar la corrupción o hacen imposible rastrearla por su complejidad”, aseguró. “Hay leyes imperfectas y se prestan a la simulación e ilusión de legalidad”.
Asimismo, rechazó que solo la cultura explique la corrupción, pues hay diversos factores institucionales que la crean, la favorecen y la toleran.
Finalmente agradeció a la sociedad civil por ser la que controlará esta epidemia.
HERRAMIENTAS CONTRA CORRUPCIÓN
Dentro de un panel del Seminario Internacional “Poder, corrupción e impunidad”, se expusieron herramientas y mecanismos para la detección y seguimiento de actos de corrupción, donde la ciudadanía y prensa tienen un rol importante.
Carlos Jaso, de CompraNet, dijo que dentro de este sistema de contrataciones hay partes que faltan para tener uno sólido: no se publican modificaciones a los contratos y se suben a destiempo o incompletos.
Destacó que además de las contrataciones, la emisión de concesiones, licencias y permisos para construir u operar también son blanco de riesgo de corrupción.
Otro pendiente de CompraNet, agregó, es publicar no sólo quién y a quién se contrata, sino el nombre del responsable de la obra o proyecto.
“La responsabilidad se diluye y queda en un funcionario menor cuando es el Secretario o un director general”, dijo.
Jaso recomendó mecanismos de inteligencia financiera para detectar y prevenir actos de corrupción, así como atacar a la red no sólo a la cabeza o funcionarios.
Para una visión de herramientas para la rendición de cuentas de otros países, la abogada Nancy Barra, de la Contraloría Regional de Chile, enfatizó la relación formalizada con el ciudadano.
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El gobierno chileno abrió el portal web “Contraloría y Ciudadano” para que a partir de las denuncias de los chilenos se realicen fiscalizaciones en el uso de recursos públicos para incentivar la legalidad.
El 47 por ciento de los señalamientos ha provenido del sector municipal. Ejemplificó que en el sector de educación ha tenido resultados al retirarle financiamiento a algunas escuelas que no respetaron la normatividad.
“Cinco o tres denuncias ciudadanas pueden servirnos como una alerta. Esto hace a la ciudadanía copartícipe”, afirmó.
Desde la trinchera de la investigación periodística, Thelma Gómez, investigadora de Mexicanos Contra la Corrupción, expuso que las compras públicas son un campo de oportunidad para detectar corrupción durante las licitaciones de contratos que benefician a determinadas empresas.
“Los diseños de las licitaciones tienen vacíos legales que no permiten generar competencia”, declaró la periodista.
Gómez destacó que además del área de investigación, esta organización civil con un año y medio de vida cuenta con un área de litigio para emitir denuncias legales después de publicar los vacíos y modus operandi en casos de corrupción.
