El número de personas privadas de su libertad en México al corte de julio es de 254 mil 705, distribuidas en 388 centros federales y estatales. Sin embargo, el sistema penitenciario sólo tiene capacidad para 203 mil personas, lo que representa una sobrepoblación del 25.4 por ciento.

Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).– Mantener a un individuo en prisión le cuesta al Gobierno mexicano 137.42 pesos diarios y considerando la población recluida este 2015, el costo ascendería a poco más de 34 millones de pesos al día, sin que ello impacte de forma positiva en la operación del Sistema Penitenciario en México, asegura el Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC).

En el documento titulado “El sistema penitenciario más allá de Joaquín Guzmán”, difundido esta semana, también destaca que la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, el pasado 11 de julio del Penal Federal del Altiplano I, puso en evidencia las deficiencias del sistema penitenciario mexicano que por años ha sido utilizado por el gobierno como una forma de castigo al delito.

El CIDAC destaca que para julio de 2015 el número de personas privadas de su libertad en México fue de 254 mil 705, distribuidas en 388 centros federales y estatales. Sin embargo, el sistema penitenciario sólo tiene capacidad para 203 mil personas, lo que representa una sobrepoblación del 25.4 por ciento, situación que se agrava en el caso del Distrito Federal que es casi del doble.

“Es importante señalar que el problema de sobrepoblación se acentúa en las prisiones del fuero común, ya que muchas veces éstas se hacen cargo de internos del fuero federal”, dice el documento.

De acuerdo con las cifras presentadas por el CIDAC, durante los últimos años el crecimiento del número de personas en la cárcel ha sido constante y no parece haber signos de que esta situación cambie: el 42 por ciento del total se encuentra en prisión preventiva, es decir aún no ha recibido sentencia, y las estadísticas muestran un mínimo uso de sanciones distintas a la cárcel, por lo que la privación de la libertad continúa como la única respuesta del sistema de justicia al crimen.

LAS SANCIONES

De acuerdo con las Estadísticas Judiciales en Materia Penal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el  55.9 por ciento de los internos se encuentran recluidos por el delito de robo por pequeños montos y el 47 por ciento de los internos declaró haber sufrido coacción física para cambiar su declaración.

“Dado el perfil de la mayoría de los internos el uso abusivo de la prisión no resulta óptimo, sobre todo si consideramos que el costo promedio de una investigación penal en México es de entre 12 y 14 mil pesos, y el proceso penal de 18 mil pesos. Por otra parte existe la posibilidad de resolver un conflicto por medio de mecanismos alternos con un costo promedio de tan solo mil 500 pesos”, refiere el CIDAC.

A partir de la reforma penal de 2008 se introdujeron métodos alternativos de solución de controversias –acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso- para una clase específica de delitos como los culposos o los patrimoniales para evitar llegar a un juicio oral y prevén medidas diversas a la prisión.

La misma reforma prevé beneficios penitenciarios, es decir, beneficios a los que puede acceder una persona que ha sido sentenciado y se encuentra en la cárcel, como reclusión domiciliaria, tratamiento pre-liberacional y libertad anticipada. Sin embargo, dice el análisis del CIDAC, el bajo uso de estas alternativas se debe principalmente a que los Ministerios Públicos y jueces carecen de una capacitación apropiada para implementarlas.

“El uso de la prisión como único castigo está arraigado en la cultura judicial de nuestro país y tomará tiempo romper con su predominancia en las instituciones de impartición de justicia”, añade el CIDAC.

COSTOS DE LA SOBREPOBLACIÓN

El análisis del Centro de Investigación indica que la sobrepoblación del sistema penitenciario se ha traducido en costos económicos, sociales y de capital humano para el Estado mexicano.

• Costos económicos: Se calcula que los gastos derivados de cada interno suman un total de 137.42 pesos diarios, considerando la población 2015 esto ascendería a poco más de 34 millones de pesos al día. Además, mientras en el año 2007 el presupuesto designado al Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social fue de 2 mil 280 millones de pesos, en 2015 se asignaron un total de 16 mil 991 millones de pesos, sin que ello haya impactado de forma positiva la operación del sistema, asegura el análisis.

“Continúan presentes condiciones que impiden que los internos puedan tener una capacitación para el trabajo, que adquieran una educación, que tengan salud y practiquen deporte, para que al obtener su libertad puedan reinsertarse efectivamente a la sociedad y no vuelvan a delinquir, como lo muestran los recientes reportes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)”, explica el CIDAC.

• Costos en capital humano: Además de los costos financieros, la reclusión de internos representa un costo de oportunidad muy significativo para la economía. En primer lugar, hay un costo en las economías familiares, quienes asumen algunos gastos de comida, agua, ropa, entre otros insumos básicos de los internos, el 31por ciento de los familiares gastan entre mil y dos mil pesos al mes y 26.6 por ciento entre 2 mil y 5 mil pesos al mes, revela el CIDAC.

En segundo lugar, las personas en prisión por causa de delitos patrimoniales (robo, abuso de confianza, fraude, despojo) representan importantes costos de oportunidad en términos de producción y valor agregado en la economía.

De acuerdo con la Primera Encuesta en Centros Penitenciarios Federales levantada por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), más de la mitad de los reclusos tienen de 21 a 40 años, es decir, se encuentran en los años más productivos de un individuo. De acuerdo a la misma encuesta, la población sentenciada de estos ocho centros penitenciarios (8 mil 89 personas) en conjunto, percibían ingresos por poco más mil millones de pesos en sus trabajos previos a ingresar a la cárcel; en contraste con su estado actual donde no producen nada y al Estado le cuestan 404 millones al año.

• Costos sociales: El hecho de que una persona esté en prisión tiene afectaciones en su núcleo familiar no sólo en el ámbito económico sino también social, revela el documento. En 2002, 19.5 por ciento de los internos reportaba tener un familiar que también había estado en prisión y en 2013 esta cifra aumentó al 32.8 por ciento.

LA FALTA DE UNA LEY

El CIDAC destacó la omisión del Congreso respecto de la obligación de emitir la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales. Esta obligación tiene dos años de retraso, pues existe desde el 8 de octubre de 2013 y su ausencia compromete la adecuada operación del sistema acusatorio, principalmente porque no existe regulación nacional respecto de una de las nuevas figuras del sistema: el juez de ejecución penal.

Ante el uso abusivo de la cárcel, propuso el CIDAC, es necesario que esta ley contemple mecanismos que permitan focalizar su uso en caso de delitos graves y contemplar respuestas distintas a delitos menores. “Para 2013, el 17.9 por ciento de los internos eran reincidentes, en el caso del Distrito Federal y el Estado de México la reincidencia se eleva hasta el 33 por ciento”.

El análisis del CIDAC asegura que la filtración de los videos con audios de la fuga de “El Chapo” sólo representa la cereza en el pastel de un sistema penitenciario que tiene múltiples frentes que atender. “Ya sea por incompetencia o corrupción, el sistema es incapaz de garantizar los derechos humanos de los internos y de propiciar una adecuada reinserción para los mismos”, puntualizó.

Adelantó un panorama difícil para que la próxima Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales corrija la situación de las cárceles en México, sobre todo, añade, “a la luz de los escasos avances que señalan que para mediados de 2015 sólo el 5.4 por ciento del personal penitenciario había recibido capacitación para la operación del sistema de justicia penal acusatorio, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación”.