A finales de 2014, cuando la debacle apenas comenzaba (unos días antes había pasado la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la revelación de la “casa blanca” del la esposa del Presidente) Peña Nieto lanzó un decálogo para la seguridad que ha quedado entre el olvido y el incumplimiento, pero que entre otras cosas marcó como objetivos prioritarios a algunos estados: Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Jalisco. No pasó gran cosa, salvo el operativo Jalisco el 1 de mayo de 2015 que fue notorio y tristemente célebre por la respuesta del Cartel de Jalisco Nueva Generación que incendió el estado, derribó un helicóptero y no se logró (no se ha logrado aún) la captura del objetivo.

La nueva estrategia, anunciada en el marco del Informe que no será, ya no es por estado sino por municipios, y contempla los cincuenta con mayor número de homicidios (concentran 44 por ciento del total de muertes dolosas del país) como objetivo prioritario. En el famoso decálogo 2014 el punto uno era justamente hacer una reforma que permitiera al gobierno federal tomar el control de las policías municipales en aquellos lugares en los que el crimen organizado hubiese infiltrado los mandos político o policiales (como si los mandos federales fueran angelicales guardianes del orden, pero ese es otro tema). Esa reforma duerme en el mismo cajón que la del Mando Único, que era el punto tres de la reforma.

Si revisamos los cincuenta municipios hay algunos que por supuesto no nos sorprenden. Acapulco sigue en el primer sitio y Tijuana, Culiacán y Juárez son los que siguen en la parte alta de la lista. Digamos que hasta ahí ninguna novedad. Lo nuevo es que aparecen municipios como Manzanillo y Tecomán, en Colima; Irapuato y Celaya, en Guanajuato; toda la zona metropolitana de Guadalajara, y algunas delegaciones de la ciudad de México que hasta hace unos años estaban en aparente paz. Va a ser muy complicado que el gobierno federal pueda hacer algo en estos municipios si no hay previamente un intento por entender qué pasa en cada una de estas regiones.

Lo que une a Guadalajara con los municipios de Colima y con Culiacán, por ejemplo, es una guerra por el control de la plaza. Una buena parta de esos muertos están vinculados a esa guerra. Pero sería una error atribuir todos los muertos a una sola causa. Hay por lo menos tres categorías distintas en la violencia de cada una de los 50 municipios: los que tiene que ver con las grande batallas por el control de las rutas de la droga; las batallas por el control territorial, que tiene que ver con una lógica mucho más de arraigo local en las que participan las policías locales; y los vinculados al usuario final, sean consumidores de droga, ladrones de autopartes, relojes, conejeros, etcétera. Mientras no se haga una verdadera categorización de la violencia da igual quién persiga el delito, seguiremos dando palos de ciego, pues la estrategia para combatir el crimen organizado es muy distinta a la estrategia para perseguir el narcomenudeo.

Habrá que esperar detalles del plan y sobre todo el arranque para ver si efectivamente se trata de una nueva visión en seguridad pública o si es simplemente un gobierno federal centralista, imponiendo su norma y su ley que, en no pocas ocasiones, resulta contraproducente.

Diego Petersen Farah

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