Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).– Representantes del Comisariado de Bienes Comunales Zona Lacandona y de la organización ARIC Unión de Uniones Independiente y Democrática (ARIC UUID) denunciaron una campaña mediática en contra de los habitantes de la comunidad de la zona lacandona que busca desacreditarlos, y pidieron al gobierno de Chiapas que se respete el acuerdo de delimitación que ambas agrupaciones ratificaron el pasado 23 de abril, el cual reconoce el derecho agrario de tres comunidades asentadas en la región.

También exigieron la liberación de Fernando Gabriel Montoya Oseguera, a quien identifican como su interlocutor y quien fue detenido el pasado 14 de mayo. Originalmente, a Montoya Oseguera se le señaló como el presunto autor del secuestro de la académica y ambientalista Julia Carabias, ocurrido el pasado mes de abril, pero de acuerdo con un comunicado de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Chiapas, se le acusa de atentar contra la paz y el patrimonio del Estado, por presuntamente haber dirigido a un grupo de manifestantes que en enero de 2001 tomó las instalaciones del ayuntamiento de Altamirano y haber ocasionado daños al interior de éste.

En conferencia de prensa, Vicente Jiménez, presidente de la ARIC UUID, sostuvo que el gobierno estatal quiere desalojar a las comunidades de San Gregorio, Salvador Allende y Ranchería Corozal, asentadas dentro del polígono de la Comunidad Zona Lacandona. Una porción de esa área forma parte de la Reserva de la Biósfera Montes Azules, una región donde confluyen los intereses de las comunidades indígenas lacandona, chol y tzeltal asentadas, de los gobiernos estatal y federal y de grupos que se identifican como ambientalistas.

La importancia de la región radica en que es la más rica en especies de animales y plantas, y posee una proporción mayor de especies en riesgo de extinción, lo que significa que cumple su papel de proteger la diversidad ecológica, de acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).

Las tres comunidades en cuestión son integrantes de la ARIC y han resistido los procesos de reubicación, a los que se han sometido otros pueblos; en lugar de ello, desde hace varios años han solicitado tanto al gobierno federal como estatal que las regularice, de acuerdo con Jiménez. Parte de las negociaciones para conseguirlo ha sido la reducción del área solicitada, que de 2 mil 904 hectáreas que las comunidades defendían originalmente, han aceptado que se les regularicen sólo mil 497.

A pesar de que antaño la Comunidad Zona Lacandona y la ARIC eran antagónicas, ahora se han hermanado en la defensa del reconocimiento territorial de las tres comunidades, sostuvieron Jiménez y el presidente del Comisariado, Emilio Bolom.

En esta lucha en común, la Comunidad Zona Lacandona y la ARIC acordaron, el 23 de abril pasado, reconocer el derecho agrario de San Gregorio, Salvador Allende y Ranchería Corozal. Sin embargo, siguen a la espera de que el gobierno también las legitime. Jiménez refiere que desde septiembre del año pasado se suspendió la mesa de diálogo con las autoridades debido, dice, a que los grupos de ambientalistas –a quienes no reconocen como tales– han entorpecido la negociación.

Además, los representantes del Comisariado y de ARIC acusaron que en días recientes se ha emprendido una campaña mediática para desacreditarlos.

Su señalamiento es concretamente hacia la televisora TV Azteca, que durante varios días de agosto transmitió un reportaje seriado titulado “Matando a la selva”, en el que refiere que el área de la Reserva de la Biósfera de Montes Azules existen 16 comunidades de “invasores”. Según el reportaje, estas comunidades de “invasores” son responsables de acabar con nueve mil hectáreas de la Selva Lacandona, al aprovecharse de sus recursos naturales mediante la tala de árboles y el tráfico de especies animales. También menciona que otro interés de los “invasores” para mantenerse en la zona es beneficiarse de los recursos que el gobierno destinó al pago de indemnizaciones para las poblaciones que se reasentaron.

Al respecto, Jiménez y Bolom, así como Marcelino Chambor, tesorero del Comisariado de Bienes Comunales Zona Lacandona, y Zaragoza Toledo, del Consejo de Vigilancia de la ARIC, rechazaron los señalamientos hechos en el reportaje y lo consideraron una tergiversación de la situación real que prevalece en la Selva Lacandona.

Aclararon que los asentamientos, señalados como “invasores”, son anteriores al decreto presidencial por el que se creó la Reserva de la Biósfera Montes Azules y que, por tanto, no llegaron a invadir el área, sino que ya se encontraban ahí. Aseguraron también que lejos de depredar los recursos naturales, trabajan con las comunidades para asegurar su protección.

“Nosotros cada día, cada mes, estamos visitando a las comunidades, estamos trabajando que no deben de tumbar, que no deben de hacer muchas milpas, y ya saben cómo convivir y cómo trabajar con la naturaleza”, afirmó Jiménez.

Además el grupo solicitó una réplica a la televisora.

LA POLÉMICA POR LA TIERRA

La Reserva de la Biósfera Montes Azules fue creada en 1978 por decreto presidencial, y se le asignó un área de 331 mil 200 hectáreas de la Selva Lacandona, de acuerdo con información del INECC. Sin embargo, otro decreto presidencial había otorgado en 1972 una extensión de 614 mil 321 hectáreas de la selva a 66 lacandones, a pesar de que no eran los únicos indígenas que poblaban la selva. A partir de ese decreto, se conformó el núcleo agrario de Bienes Comunales de la Zona Lacandona.

El problema fue que del territorio asignado a la Reserva de la Biósfera Montes Azules, 280 mil hectáreas se encontraban dentro del núcleo agrario de los Bienes Comunales, explicó Florencio Cruz Gómez, miembro de la Comunidad Zona Lacandona. A eso se sumó que en 1986, el gobierno federal permitió el aprovechamiento forestal de la Selva Lacandona, y parte de ese uso se hizo dentro del núcleo agrario de Bienes Comunales, agregó.

“La crisis de información que se está dando nos están haciendo cargar todo lo que está pasando. Pero nosotros sólo somos responsables de una pequeña superficie de la Selva Lacandona”, dijo.

Las comunidades indígenas que habitan en la región –además de lacandones, hay choles y tzeltales– han ido construyendo diversas propuestas e iniciativas  para que se reconozcan sus derechos agrarios y su autonomía, de acuerdo con un pronunciamiento publicado el pasado 27 de mayo por diversas organizaciones civiles, ante lo que consideraron “el clima de violencia, tensión y conflicto que se vive en torno a la Selva Lacandona y Biósfera Montes Azules”. Entre las organizaciones firmantes se encuentran el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y Servicios y Asesoría para la Paz.