Guatemala, 4 ago (EFE).- La Plataforma Nacional para la Reforma del Estado, que agrupa a 100 organizaciones civiles de Guatemala, aseguró hoy que la crisis institucional y política del país es una oportunidad para construir un Estado “democrático y transparente” a través de cambios “profundos” al actual “régimen”.
En una declaración pública divulgada este martes, el ente reitera que la crisis actual “no es coyuntural ni se resuelve con las elecciones convocadas” para el próximo 6 de septiembre, sino que es necesaria una reforma “profunda” del Estado.
“Iniciamos el camino proponiendo cambios al sistema político y electoral (…). Consideramos que los cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos no tienen sentido sino se promueve la renovación de la clase política tradicional”, sostiene la plataforma.
La recesión política e institucional, manifiesta, que resta legitimidad al Estado y a la democracia, es causa y consecuencia de la actuación de la clase política, “que se ha enriquecido con los negocios del Estado y que son responsables del deterioro de la institucionalidad pública”, en detrimento de la atención de las necesidades básicas de la población.
A juicio del ente guatemalteco, los cambios que apoya tanto la plataforma como otras organizaciones y la propia población, son vistos por los diputados como “una amenaza a sus intereses y privilegios” por lo que recurren a “maniobras legislativas” para retrasar su aprobación y que no cobren vigencia rápidamente.
“Gran parte de los diputados han visto con desdén la protesta y propuesta ciudadana y, en su afán de aferrarse al régimen corrupto, han querido burlarse de la voluntad social”, asegura.
Ante esta situación, la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado insta al ente Legislativo a aprobar de forma “íntegra y sin demoras” la propuesta de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que pide, entre otros aspectos, la regulación de la reelección o tener en cuenta el voto nulo vinculante.
Además, exhorta al TSE a que aplique el artículo 113 de la Constitución respecto a los principios de “honorabilidad” e “idoneidad” para las personas postulantes a un cargo público.
En este sentido, “valora” el trabajo realizado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) en la lucha contra la corrupción y la persecución penal contra cualquier persona, “sin importar de quien se trate”.
Desde el pasado 16 de abril, la CICIG y el MP desarticularon más de una docena de casos de corruptela que afectan a los tres poderes del Estado y en el que están involucrados altos funcionarios, además de personas de confianza del presidente Otto Pérez Molina.
Uno de esos casos, conocido como “La Línea”, provocó la dimisión de la vicepresidenta Roxana Baldetti, a quien se le relaciona con dicha estructura criminal y con su supuesto líder, su ex secretario privado Juan Carlos Monzón, prófugo de la Justicia desde el 16 de abril.
Más de 70 personas han sido detenidas por estas investigaciones.
El escrito concluye con la solicitud de dimisión de Pérez Molina, quien, a su entender, ha perdido “legitimidad y credibilidad” para desempeñar su cargo público, que representa “la unidad nacional”, máxime tras ser acusado de corrupción.
La Plataforma Nacional para la Reforma del Estado está formada por al menos 100 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la estatal Universidad de San Carlos, que la encabeza.
