El gobierno federal se ha esforzado en no proveer de justicia a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Hay organizaciones, papás, mamás y amigos que siguen en su lucha por obtener justicia. Pero hay una fuerza importante que provoca el abandono por el clamor de justicia, verdad y reparación del resto de la sociedad.

Abandonar Ayotzinapa es un grave error que no debe consumarse.

El aparato burocrático institucional del gobierno, bajo el arte del engaño, ha provisto de mentiras continuas a la sociedad mexicana. Organismos internacionales y nacionales de derechos humanos han cuestionado el actuar de la PGR de manera permanente y su infinita capacidad para hacer malabarismos con la justicia. Pasan procuradores hasta llegar a un encargado de despacho (que claramente tiene más un papel de velador que de procurador interino) y el expediente (si le podemos llamar así a estas alturas) cambia de manos y la investigación se queda varada.

El día de ayer el Poder Judicial Federal nos recordó que Ayotzinapa todavía está pendiente. Nos recordó que la justicia por saber el paradero de los 43 muchachos sigue siendo un tema de primer orden nacional, aunque las campañas políticas (todas) ignoren ésta y otras violaciones graves a los derechos humanos.

El Consejo de la Judicatura Federal informó que el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito, al resolver los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017, ordenó reponer la investigación del caso Ayotzinapa dada la gravedad de las irregularidades detectadas, así como la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala.

Es decir, no hay verdad histórica. No hay debido proceso. No hay justicia, y no sabemos el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La sentencia es una severa llamada de atención a la PGR y su interminable negligencia. Por ejemplo, a continuación, algunos de los extractos más importantes:

En el párrafo 1033 de la sentencia, se establece: “…no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército Mexicano, y la Policía Federal; y encima de ello, tampoco aparece que se hayan investigado los actos de tortura, lo que conlleva que igualmente no se ha indagado al personal a quien se atribuyen tales actos, entre ellos, a los integrantes de la Secretaría de la Marina Armada de México”.

Otro ejemplo es lo señalado por los Magistrados en los párrafos 1148 y 1149 de la sentencia, pues en los mismos establecen: “1148.…la investigación precedente, que en general estuvo dirigida a practicar y poner sólo énfasis en aquellas pruebas que pudieran apoyar una versión de los hechos que narraron varios detenidos en sus declaraciones autoincriminatorias (cuya legalidad, como se vio ha sido cuestionada por este Tribunal Colegiado), acorde a la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula y el depósito de sus restos en el Río San Juan”.  O bien en el párrafo 1149: “De esta manera al conceder un peso excesivo a la referida versión de los hechos, se dejaron de explorar otras líneas de investigación”.

Y, algo de lo más relevante: La sentencia ordena crear una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala, como un “procedimiento alternativo” (párr. 1102) para subsanar y corregir la deficiente actuación de la PGR. Para su conformación, la resolución pone especial énfasis en la necesidad de que participen las víctimas, sus representantes, la CNDH y organismos internacionales. En este sentido, destaca que se refrende la relevancia que ha tenido el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el presente caso e inste a que en la nueva etapa de investigación éste sea escuchado mediante sus integrantes, afirmando que “no sólo sería factible sino además recomendable que se vislumbrara un nuevo período de participación” del Grupo (párr. 1134).

“Ahora, tomando en consideración que lo sucedido en Iguala, Guerrero, los días veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce, constituye un hecho sin precedente, y ello da lugar a adoptar medidas y determinaciones que quizás tampoco encuentran antecedente en la historia moderna de nuestro país. Para este tribunal colegiado, está claro que el éxito de dicha Comisión será también el éxito del propio Estado, y de sus instituciones, pero, sobre todo, constituirá la materialización de la verdad y la justicia, en el marco del estado de derecho que debe prevalecer en todo país democrático, como el nuestro”.

En otras palabras, cuando menos se esperaba, desde Tamaulipas, llega un duro regaño a la PGR el cual dice: Así no se hacen las cosas.

Ya se está hablando si el Tribunal Colegiado se extralimitó en sus facultades. Puede ser. Sin duda es un buen insumo para análisis jurídicos que deben de seguir.

Sin embargo, debemos de reconocer que el Tribunal fue valiente. Y en momentos en que por lo general los jueces se esconden en letanías procedimentales, es una bocanada de aire fresco ver a unos magistrados que deciden enfrentar una grave carencia del Estado. Eso, en sí mismo, ya debemos de agradecerle al Tribunal.

“Si tomamos en cuenta que la Corte Interamericana ha ordenado la creación de este tipo de comisiones cuando la investigación no cumple con las características de independencia, imparcialidad e inmediatez, el tribunal colegiado tiene un buen argumento para sostener la validez de su sentencia”, argumentó Sergio López Ayón.

López Ayón continúa… “La sentencia implica un mandato que subordina al Ministerio Público a seguir las líneas de investigación que señalen las víctimas, acompañadas por la CNDH. Y la violación de este mandato puede implicar desacato judicial. La pregunta es cuáles serán las implicaciones de una investigación con estas características, que contraviene el mandato constitucional que la persecución de los delitos debe hacerse bajo el mando y conducción del Ministerio Público.”

El debate seguirá, pero la sentencia confirma que la verdad sobre Ayotzinapa no está dicha y que el gobierno federal ha mentido permanente y constantemente. La sentencia (bien escrita y detallada) hace un minucioso análisis de los elementos de la acusación basadas en testimonios y confesiones arrancadas bajo tortura y malos tratos, de las malas prácticas que son violaciones flagrantes a las garantías de los procesados y un completo desprecio al debido proceso por parte de la PGR.

Peña Nieto logró su cometido: negar justicia en el caso Ayotzinapa. Pero hoy por hoy, a pesar que los años han pasado, el Tribunal nos recuerda que no podemos cejar en la demanda de conocer el paradero de los normalistas y castigo a los perpetradores.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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