Artro Zaldívar, presidente de la SCJN.

“Cuando se presentó esa promoción en el Senado de la República a favor del Ministro presidente Arturo Zaldívar, éste inmediatamente debió excusarse de ser su beneficiario, pero, sospecho, estaba al tanto y de acuerdo, por eso guardó silencio”. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro

Quizá, para muchos, la defensa de la Constitución es un ejercicio vano cuando ha sido una costumbre modificarla al gusto y necesidades de cada Presidente. Y, a esta visión claudicante, quizá no le deja de asistir cierta razón. Hace unos años leyendo el libro de Porfirio Muñoz Ledo La vía radical para refundar la república (Grijalbo, 2010) me sorprendí cuándo encontré un pasaje que hacía referencia a las 473 reformas que había sufrido la Constitución desde aquellas jornadas intensas de Querétaro y que hoy, a más de cien años está lejos, muy lejos, de lo que fue la Carta Magna incluso, podríamos decir, que es distinta a la que sentó las bases de la pacificación del país. Y es que, como diría un constitucionalista oficioso, así como el “derecho no es algebra, la Constitución no es un producto divino”.

Así que cuando transitamos a la democracia estaba claro que el dilema era reforma o nueva Constitución como un nuevo pacto político y desgraciadamente, las élites políticas, optaron por lo primero y agregaron lo propio provocando un verdadero Frankenstein que frecuentemente provoca contradicciones entre el articulado constitucional y las llamadas leyes secundarias llevando a controversias innecesarias, pedidos de interpretación constitucional o acciones de inconstitucionalidad.

Está feo este Frankenstein, pero es nuestro Frankenstein y hay que cuidarlo de apetitos coyunturales mientras no tengamos un nuevo Constituyente y, en tanto, cualquier reforma debe estar sujeta no sólo a los consensos parlamentarios, sino a su constitucionalidad. Ese es el fondo del debate sobre la constitucionalidad del artículo transitorio que busca ampliar el periodo de vigencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

No es una cosa menor, como algunos políticos lo han querido presentar, sino busca poner un hasta aquí a esa vieja costumbre presidencialista de que “si la Constitución no lo permite, cambiemos la Constitución, porque no es un producto divino”, al que no se le pueda tocar ni con el pétalo de una rosa.

Y, en todo caso, cualquier cambio, así sea transitorio, debería ser con el mayor consenso de las fuerzas políticas y a la luz del día, no de madrugada y en asuntos generales, como sucedió en este caso vergonzoso que hoy está en manos de la propia Corte para que resuelva sobre su constitucionalidad.

¿Qué pudo haberse evitado?

Claro, simplemente, cuando se presentó esa promoción en el Senado de la República a favor del Ministro presidente Arturo Zaldívar, éste inmediatamente debió excusarse de ser su beneficiario, pero, sospecho, estaba al tanto y de acuerdo, por eso guardó silencio. Y, hoy dice, que ya no se puede por los recursos interpuestos y la Corte deberá resolver su constitucionalidad.

En tanto esto sucede hay reacciones en contra entre los más prestigiados constitucionalistas del país y en la Cámara de Diputados, apareció la figura incandescente del tribuno Muñoz Ledo, quien ha sido promotor desde hace muchos años de un nuevo Constituyente.

Su fundamento constitucional, su elocuencia política y una fina ironía política dejó desarmados a los diputados de su grupo parlamentario, “pececitos”, que votaron a favor del transitorio pero muy en especial a Ignacio Mier, líder de la fracción de Morena, quien sólo pudo articular un discurso ideológico que será una pieza de la infamia legislativa para ser recordada por mucho tiempo: “La legalidad es un valor de los conservadores. Los revolucionarios no tienen por qué perder el tiempo buscando el acoplamiento de sus propósitos a los dictados de la Constitución”. Ni Lenin, ni Fidel, lo hubieran dicho mejor.

Hoy, repito, la respuesta está en manos de los ministros de la Corte para resolver sobre su constitucionalidad. Sin embargo, el movimiento político está en marcha con la convocatoria que ha realizado el propio Muñoz Ledo y va más allá, cuando llama a constituir el Frente de Defensa de la Constitución y los órganos autónomos.

Muñoz Ledo argumenta: “Se trata de que defendamos la Constitución, reflexionando y haciendo propuestas. De defender la autonomía de las instituciones como el INE, Inegi INAI y todos los órganos autónomos constitucionales, producto de un avance democrático en el país que impulsamos muchos sectores”.

Este pronunciamiento ha abierto dos avenidas donde por un lado está el sector obradorista que habla de que los organismos autónomos están capturados por los conservadores, la derecha, y eso llama a absorber sus funciones administrativas por el Poder Judicial y el Ejecutivo para continuar con los cambios de la llamada Cuarta Transformación; y la otra, la que encabeza Muñoz Ledo, que es todo menos un conservador, reivindicando la ruta trazada por nuestra transición a la democracia con el fortalecimiento de los órganos autónomos.

En caso de lograr la pretensión del Presidente López Obrador, según Muñoz Ledo, se crearía un “país de un solo hombre”, lo que llevaría a la restauración autoritaria contra la que se luchó y muy especialmente la izquierda democrática.

Cierto, el brote de rebelión, en defensa de la Constitución y los organismos autónomos, aparece en un momento en que las fuerzas conservadoras buscan recuperar lo perdido y una protesta de este tipo la asumen como propia De ahí la apuesta de que en los próximos comicios concurrentes haya un realineamiento electoral que favorezca a sus partidos y provoque un nuevo equilibrio de poder representado.

Sin duda, estamos ante un dilema histórico, por un lado, el interés de reestablecer un sistema de privilegios y corrupción que hoy se encuentra en proceso de desmantelamiento que, dicho de paso, se combina con los nuevos de los que nos enteramos cada día y, por el otro, la búsqueda de sanear la vida pública, pero a costa de desaparecer de un plumazo las instituciones de nuestra transición a la democracia, cuando lo que nos enseñan los procesos transicionales, es que los cambios en democracia son lentos, negociados y graduales.

Nunca, en aras del interés público, se pueden quemar etapas y por eso, la prudencia en política llamaría a cuidar de entrada a nuestro Frankenstein porque, en caso de no hacerlo, estaríamos echando gasolina al fuego. Y el horno, veamos a nuestro alrededor, no está para bollos.

AMLO, debería, dar un paso atrás, para luego dar dos pasos hacia adelante, llamando quizá a un nuevo Constituyente que entonces sí sepulte por la vía del consenso a nuestro cansado Frankenstein y abra más la avenida democrática.