El papel de Estados Unidos en la lucha contra el narco está siendo, según las autoridades mexicanas, esencial para poder frenar al crimen organizado en el país. Pero esa colaboración no es gratis, afirma un reportaje realizado por la BBC que, además destaca que la guerra se está convirtiendo en “un negocio redondo para las empresas contratistas estadounidenses”. El texto cita datos del Senado de Estados Unidos que comprueban que esas empresas han ganado –en un periodo de cuatro años– 170.6 millones de dólares a través de contratos con los Departamentos de Defensa y Estado.
José Luis Gómez del Prado, presidente del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Utilización de Mercenarios, declaró a la cadena de medios del gobierno británico que “los millones que EU dice destinar a ayudar a la guerra contra el narcotráfico no llegan directamente a los gobiernos locales”. El paquete prometido de la Iniciativa Mérida, mil 400 millones de dólares, estaría gastándose, asegura el relator, “en la venta de tecnología de guerra y en manos de los contratistas”.
México es el segundo país de América Latina donde más contratos se han realizado para asistir en la lucha contra el narcotráfico desde 2005, sólo superado por Colombia, que sigue concentrado la inmensa mayoría de esos acuerdos (80%), según un informe publicado en junio por el Subcomité de Supervisión de Contratistas del Senado de EU.
Estos contratos con empresas privadas contemplan la prestación de servicios como el mantenimiento de aviones, entrenamiento, labores de logística, inteligencia, vigilancia o tecnologías de la información.
La llegada de dólares para los contratistas no ha parado de crecer desde que hace 5 años se iniciara la ofensiva mexicana a los cárteles del narcotráfico.
En México, el gasto estadounidense en contratistas alcanzó su máximo en 2008 con 64.4 millones de dólares, coincidiendo con el comienzo de la Iniciativa Mérida.
El informe presentado por la BBC sostiene que en todo el continente, Estados Unidos ha pagado al menos 3 mil 100 millones de dólares a contratistas en la lucha contra las drogas. En sólo cuatro años, este gasto creció en un 32%.
En México, el debate sobre la presencia de trabajadores extranjeros se intensificó esta semana, después de que un artículo publicado por el diario The New York Times sugiriera que la Casa Blanca estaría planeando enviar un equipo de contratistas que trabaje con las unidades especiales mexicanas de lucha contra el narco.
En la actualidad, los programas de asistencia a través de la Iniciativa Mérida son de carácter gubernamental, con agentes de EU que no van armados. Y oficialmente no existen en México fuerzas privadas similares a las que han operado en países como Irak o Afganistán a través de compañías como Blackwater-Xe, explica el reportaje publicado por la cadena británica.
Pero según dice Gómez del Prado, hace años que la ONU dispone de reportes sobre empresas privadas de seguridad estadounidenses compuestas por ex militares que trabajan en suelo mexicano en la protección de intereses privados, formación, asesoramiento.
Según un informe presentado por la ONU, desde 2006 se tienen denuncias de empresas militares y seguridad de EU que supuestamente entrenaron en el estado de Guanajuato a policías federales mexicanos en prácticas de tortura.
Otro de los informes recibidos por el grupo se refiere al reclutamiento de ex militares de EU “con experiencia internacional” para vigilar instalaciones de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
“Hemos estado realizando informes en Honduras, Ecuador, Perú, Chile… los dos únicos países de Latinoamérica donde no hemos podido llevar a cabo una misión sobre el terreno son México y Colombia, a pesar de que hemos insistido mucho”, dice Gómez del Prado.
El gobierno mexicano no pudo confirmar a BBC Mundo el estado de esas solicitudes.
¿Quién los controla?
Mientras el gasto de Washington en contratistas no ha parado de crecer dentro de su estrategia de combate al tráfico de drogas en América Latina, el control gubernamental sobre estas empresas sigue generando muchas dudas, según el documento de la senadora demócrata Claire McCaskill.
Ni el Departamento de Estado ni el de Defensa disponen de sistemas adecuados para monitorear estos contratos y su coste, señala el estudio, algo en lo que coinciden los expertos consultados por BBC Mundo.
“Los agentes gubernamentales estadounidenses (trabajando en el Exterior) tienen ataduras, los vigila el Congreso de su país”, asegura Benítez Manaut, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“Pero los contratistas son más libres”, dice. “No los vigila nadie. En ningún país del mundo”.
