Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).– El Gobierno de Sinaloa viola los derechos humanos, la privacidad y coloca ante un grave peligro a sus ciudadanos al tomar sus huellas dactilares, escanear su iris y pretender obtener muestras de su ADN al tramitar una licencia de conducir para subirlos a la Plataforma México, dijeron especialistas consultados por SinEmbargo.

“Plataforma México es una herramienta para Tránsito, donde se registran todos los accidentes, delitos y faltas administrativas. No es una plataforma donde se pueda archivar información privada de las personas, porque cualquier funcionario que acredite que lo es, puede acceder a esa información. Es una base de datos semipública y lo que están haciendo en Sinaloa es violatorio de los derechos humanos y de la privacidad”, dijo Gustavo de la Rosa Hickerson, defensor de derechos humanos.

En Sinaloa, para el trámite de licencias, el gobierno de Mario López Valdez, “Malova” instaló un sistema de computadoras para copiar las 10 huellas dactilares, escanear el iris e incluso, planea obtener una muestra de ADN y, con ello, poseer información genética de todos los ciudadanos. [VER TAMBIÉN: GRAN HERMANO TE VIGILA, CIUDADANO DE SINALOA]

La información personal recopilada nutre una nueva base de datos estatal, que a su vez se introduce en Plataforma México, una “megabase de datos” utilizada por los gobiernos de los 31 estados y el Distrito Federal, así como municipales.

Para Gustavo de la Rosa el Gobierno de Sinaloa criminaliza a los ciudadanos al subir sus datos a una base como Plataforma México, en donde se acumula información de delincuentes.

“Aquí lo grave es que cualquier funcionario puede acceder a esta información y para sacar una licencia de conducir, para nada tienen que pedirles sus datos íntimos, privados. Tránsito solo necesita saber que el nombre de la persona coindice con su identificación y con su domicilio, nada más. En México las bases de datos tienen muy mala fama, no son confiables”, dijo el defensor de los derechos humanos.

La toma de ADN que planea el Gobierno de Sinaloa no solo es grave, sino que es altamente peligroso para los ciudadanos, subrayó.

“Si tienen tu ADN pueden hacer muchas cosas, pueden incriminarte por un delito, no tiene justificación alguna”, dijo.

Esta medida se implementa en Sinaloa desde junio de 2013, cuando la Dirección de Vialidad y Transportes “blindó” la licencia para conducir con al menos siete “candados” de seguridad: los códigos de barra y “QR”, un chip interno, una ventana de control en el lado superior, una línea de texto de seguridad sobre la parte superior y una más alrededor de la fotografía más grande; además, tres fotografías, dos de ellas impresas en marca de agua, explicó el encargado de la delegación de Vialidad en Culiacán, Giovanni Rodríguez.

El costo total para los sinaloenses será 205 millones 320 mil pesos, de acuerdo con el contrato GES 09/2012-8.

El Gobierno del Estado justifica la medida porque no confía en la base de datos de conductores que heredó de la administración anterior.

El subsecretario General de Gobierno, Jesús Antonio Marcial Liparoli, justifica el “blindaje” de la licencia de conducir para evitar su falsificación y el robo de identidad, pese a que durante los 32 meses del actual ejercicio gubernamental no hay registro de una sola denuncia por estos delitos.

“Ahorita, en lo que tenemos nosotros en la administración, no (hay denuncias). En historia de Vialidad, sí. Y con estas acciones, lo que estamos pretendiendo es que esos casos queden totalmente erradicados. Insisto, todas estas medidas tienen como propósito la certeza, la garantía, de que el documento es único e individual. No va haber dos licencias iguales”, dijo

El Subsecretario prosiguió: “¿A dónde queremos llegar? Nosotros esperamos que con esa tecnología, a la vuelta de 3 o 5 años, podamos establecer cajeros en donde tú llegues, y con tu credencial, el escaneo del iris y tus dactilares, te presentes en una máquina y ahí renueves tu licencia”.

Rodolfo Domínguez, abogado especialista en derechos humanos, consideró la medida del gobierno sinaloense como una forma de control de los ciudadanos por el Estado.

“¿Para qué tomar el ADN, pues para un control que quiere tener el Estado de sus ciudadanos y no está justificado por ningún lado. En términos de la Legislación de Protección de Datos Personales, no está justificado, es preocupante y completamente absurdo”, dijo.

Gustavo de la Rosa y Rodolfo Domínguez coincidieron en que es necesaria la intervención inmediata de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“Tienen que intervenir ambas Comisiones, porque estamos ante una violación muy grave”, dijo De la Rosa.

NARCOS TENDRÁN ACCESO A LOS DATOS

Julio Hernández Barros, académico del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana (UIA) y especialista en víctimas, está convencido de que la base de datos de Sinaloa, llegará a las manos del crimen organizado.

“Yo no creo que tomar las muestras, las huellas y escanear el iris sea violatorio de los derechos humanos, pero sí el paso posterior que viene que es el resguardo de las bases de datos, que con toda seguridad anticipo, se van a violar y van a caer en manos del crimen organizado poniendo a los ciudadanos en riesgo de su vida y su patrimonio”, dijo el abogado.

Hernández Barros, especialista que participó activamente en la formulación de la Ley General de Víctimas, aseguró que en México no existen las condiciones para resguardar la información que el Gobierno de Sinaloa recaba de sus ciudadanos.

“El contar con este tipo de datos puede ser muy bueno para resolver casos. De qué sirve que se encuentren huellas dactilares en una escena del crimen, si no hay un banco de huellas donde se pueda consultar. De qué sirve tener registro de ADN si no tienes con qué comparar esos registros, en general creo que la obtención de esas pruebas no necesariamente es violatoria de derechos humanos, sin embargo, tomando en cuenta de que estamos en México no tenemos la certeza como ciudadanos del buen uso que se vaya hacer de todas esas bases de datos”, subrayó.

El abogado recordó que existen casos documentados de información del Instituto Federal Electoral (IFE) y de datos custodiados por el gobierno.

“En el caso del Heaven [sobre los 12 jóvenes desaparecidos en el Distrito Federal y sustraídos de un céntrico bar] se filtra a la opinión pública con pelos y señales todo lo que ocurre en la indagatoria, a pesar de que se resguarda, al día siguiente sabemos lo que está pasando. Hay una tremenda desconfianza de que algo que en principio pudiera ser bueno, se convierta en un instrumento que el propio crimen organizado pueda acceder para hacerle daño a los ciudadanos”, detalló.

La base de datos de los sinaloenses es comprometedora y puede llevar a que las personas que aportaron sus datos, se conviertan en víctimas, adelantó.

“Es información no sólo se va a subir a Plataforma México, el gobierno local se quedará con una copia, aquí lo único que veo, es que los ciudadanos se amparen en contra de esta medida”, dijo.

El protocolo que se sigue en México para obtener los datos que el gobierno sinaloense recaba, es especial y requiere del consentimiento de la persona involucrada.

“Son datos que pueden poner en riesgo la integridad física del aportante y sí se pueden obtener, pero siempre y cuando la persona manifieste la voluntad de hacerlo”.