Ciudad de México, 19 de febrero (SinEmbargo).– El Presidente Enrique Peña Nieto enviará al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma a la ley secundaria que prácticamente creará una nueva Ley Federal de Competencia Económica, la cual tiene el objetivo de prevenir la concentración comercial, eliminar las prácticas monopólicas y promover el funcionamiento eficiente del mercado.

Pese a las expectativas que ha generado para establecer reglas claras y piso parejo para todos los agentes económicos, legisladores de izquierda alertaron sobre aspectos que podrían integrar el documento peñista y van en sentido contrario a lo esperado.

El Senador Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), detalló a SinEmbargo que los borradores a los que ha tenido acceso contienen tres puntos que podrían poner en riesgo incluso los pequeños avances alcanzados durante 20 años para combatir los monopolios.

“Nos preocupa que en los documentos que no hemos podido revisar no se dota de capacidades suficientes a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) en su autonomía, para poder involucrarse en el seguimiento de los mercados, no solamente en el contexto federal sino en las implicaciones a nivel estatal, pero sobre todo a nivel municipal”, advirtió.

Por ejemplo, explicó, en un tema muy básico como es el de las tortillas la Comisión podría no tener capacidades suficientes para atacar una condición monopólica de un actor en el contexto municipal, en la venta de este producto de la canasta básica.

Como segundo punto alertó que en los borradores no hay plena autonomía de la Comisión por parte del Poder Ejecutivo.

En tercer término, expuso, al crear una nueva Ley podría quedar rebasada toda la jurisprudencia sobre la cual versaran las controversias, los litigios y las resoluciones del Poder Judicial.

Para la Senadora del PRD, Dolores Padierna Luna, el documento que enviará Peña Nieto no servirá para combatir las prácticas monopólicas si sólo pretende modificar el marco legal para que la COFECE pase de ser un organismo desconcentrado a uno autónomo.

“No hay legislación secundaria ni estructura institucional que pueda combatir con eficacia las prácticas monopólicas. Sólo con una férrea voluntad política se puede mejorar la eficacia del mercado, pero esto es pura utopía mientras el gobierno esté en manos de ‘personeros’ de los grandes intereses particulares”, afirmó en un estudio que prepara sobre este tema, la Senadora Padierna.

Desde su punto de vista se requiere dar mayor fortaleza al órgano regulador para evitar la concentración en sectores vinculados al mercado interno, principalmente en lo referente a las empresas trasnacionales, ya que muchas de ellas empiezan a aplicar prácticas monopólicas en México, porque la legislación así lo permite.

Como ejemplo citó a las instituciones bancarias extranjeras, tiendas de autoservicio como Wal Mart, las compañías refresqueras y a las empresas extranjeras que han adquirido a las cerveceras mexicanas.

“Lo paradójico es que los mismos gobiernos neoliberales han propiciado esta situación. Porque en términos generales no han cambiado las reglas del juego, por el contrario, sólo han convertido los monopolios del Estado en monopolios privados”, afirmó.

MÁS CONCENTRACIÓN

El pesimismo de los senadores perredistas está fundamentado en que en los últimos 30 años ha crecido la concentración y las prácticas anti competencia en sectores estratégicos de México.

A pesar de ser la onceava economía del mundo, México ocupa el lugar 55 en el Índice que Competitividad Global, y es el lugar 114 de 148 países en materia de efectividad de política antimonopolios, en un reporte del Foro Económico Mundial, para el periodo 2013-2014.

Es sintomático, además, que los hombres más ricos del país estén vinculados con actividades económicas con alto nivel de concentración.

Ejemplo de esto es que la riqueza del segundo hombre más acaudalado del mundo, Carlos Slim, parte de la concentración en el sector telefónico de México; o la Emilio Azcárraga Jean (Grupo Televisa) y Ricardo Salinas Pliego (Televisión Azteca) se genera porque sus empresas acaparan el 90 por ciento del mercado de radiodifusión.

Lo mismo sucede en el caso de Alberto Bailleres, presidente de Grupo Bal, conglomerado que incluye negocios en los sectores de comercio, minería, metalurgia, seguros y finanzas; entre otros.

Su preocupación pareciera estar sustentada, en la medida en que los propios agentes comerciales podrían presionar al Ejecutivo para disminuir los alcances y la fortaleza de la COFECE.

En la víspera, Gerardo Gutiérrez Candiani, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), adelantó que el organismo de la cúpula empresarial pedirá a los legisladores dotar de mecanismos de “pesos y contrapesos”, para evitar daños a las grandes empresas.

LA REFORMA ESPERADA

Al anunciar la entrega de la iniciativa de reforma a las leyes secundarias en materia de competitividad, el Presidente Enrique Peña Nieto adelantó que con ésta “los servicios se darían en condiciones de competencia y con la más alta calidad”.

Esta iniciativa es parte de la reforma que el Congreso debió expedir antes del 9 de diciembre de 2013, cuando venció el plazo de 180 días para que el Poder Legislativo aprobara las leyes reglamentarias de la reforma en telecomunicaciones.

El 26 de septiembre del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se creó un nuevo órgano constitucional autónomo denominado Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), que sustituiría al a la Comisión Federal de Competencia (COFECO), órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía.

Dentro de la iniciativa de deberán explicar con mucha claridad los procedimientos de investigación, la desagregación de activos, la imposición de sanciones, la determinación de insumos relevantes, es decir, las nuevas atribuciones que le dio la reforma constitucional a la COFECE.

“Va a mandar una nueva Ley Federal de Competencia Económica. Esperamos es que tenga perfectamente claros los procedimientos de las nuevas atribuciones que tendrá la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), ahora que no existe la suspensión provisional de amparo”, adelantó el Senador Héctor Larios Córdova, del Partido Acción Nacional (PAN).

Asimismo, la semana pasada, el Presidente Enrique Peña Nieto adelantó que las reglamentarias en materia de competencia económica apoyarán las reformas en telecomunicaciones y financiera, esta última, recordó  pretende incentivar crédito barato, en especial para las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan mayor empleo en México.

“Manteniendo un sistema financiero estable y sólido la reforma financiera, distinta de la fiscal, permitirá incrementar la competencia y elevar la eficacia de las autoridades así como fomentar el crédito a través de la banca de desarrollo y de las instituciones privadas, al mejorar el régimen de garantías y resolución de controversias “, adelantó el Jefe del Ejecutivo federal, durante la 22 Reunión Plenaria de Consejeros Banamex.

MENOS PRESIÓN QUE TELECOM

El legislador panista, Héctor Larios, consideró que las leyes reglamentarias en materia de competencia económica no existe el riesgo de que la iniciativa del Ejecutivo sea redactada de forma disminuida, respecto a la reforma constitucional, como sí existe en las secundarias en materia de telecomunicaciones.

”Porque no tiene el ruido público que sí tiene la de telecom. Entonces no creo que haya problema”, confió el Senador Larios.

El Senador agregó que la reforma en competencia económica, una vez que esté completo su ciclo legislativo, impactará positivamente a todos los sectores de la economía, con excepción de los que están regulados en telecomunicaciones, de tal manera que ofrecerá seguridad jurídica a todos.

“El espíritu de la reforma es que el mercado funcione con las menores imperfecciones posibles en el beneficio del consumidor, hay industrias o servicios, que para poder ofrecer precios bajos deben ser muy grandes o tener pocos competidores, lo que importa a final de cuentas es el consumidor”, apuntó el legislador albiazul.

Según el Plan Estratégico 2014-2017 publicado por la COFECE, en poder de la Senadora Dolores Padierna, se revela que una buena política pública de competencia podría reducir los precios entre 20 y 40 por ciento en México.

Detalla, además, que la evidencia de otros países muestra que la instrumentación de reformas a favor de la competencia, podría generar un crecimiento en la economía nacional de 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), e incrementar la tasa de empleo entre 2 y 2.5 puntos porcentuales.