En el ejercicio del presidencialismo en México, incluso en tiempos de la cuarta transformación, pocos miembros del Estado mexicano le dicen que no al Presidente. La tradición es un actuar lisonjero, de culto al líder por encima de cualquier discordancia, diferencia ideológica o interpretación de la Ley que se trate.

La hora es la que el Presidente indique y el ritmo que marque es el que marca la cadencia del Estado.

Por eso cuando un integrante de un poder, que además es cercano al presidente, declara públicamente un punto de vista distinto al del mandatario nacional, es un hecho no solo a considerarse, acaso a magnificarse y a promoverse como una conducta republicana, deseable en el trato entre los representantes  de quienes integran los poderes del Estado Mexicano.

Hace unos días a propósito de la marcha por la dignidad convocada en Tijuana por el Presidente Andrés Manuel López Obrador a manera de responder a las amenazas del Presidente estadounidense Donald Trump, de encarecer los aranceles a productos mexicanos si no se detiene la migración en la frontera sur de México, un poder y el representante de uno de ellos, le dijeron no al Presidente.

El primero el Poder Judicial. En el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Ministros votaron para determinar si atendían la convocatoria del Presidente para acudir a la marcha por la dignidad. El resultado fue un no. Justificaron que “el Poder Judicial Federal no tiene facultad alguna en materia de política exterior y, además, dado que es importante preservar su autonomía e independencia ante la eventualidad de futuras controversias en relación con medidas que pudiera adoptar el Gobierno Mexicano an materia comercial, se consideró prudente que los Ministros no asistan al acto al que fueron convocados”.

El segundo fue el presidente de la Cámara de Diputados, don Porfirio Muñoz Ledo, quien sí acudió a la convocatoria de López Obrador, pero se dijo inconforme, de la estrategia que en materia de migración comprometió el Secretario de Relaciones Exteriores en el acuerdo con los Estados Unidos, donde para evitar el alza en los aranceles, estableció el blindaje militar de la frontera sur, con el envío de seis mil elementos de la aun no concretada Guardia Nacional.

“… es inmoral el doble rasero de ambas fronteras. En la frontera norte pedimos que nos abran la puerta, y en la frontera sur se nos pide cerrar la puerta para hacerle un oscuro favor a los Estados Unidos”, sentenció Muñoz Ledo a unos metros del Presidente Andrés Manuel López Obrador en Tijuana.

Completó: “no podemos aceptar que la migración sea una palabra maldita, la migración es un derecho humano que debe ser respetado. Así lo consagran todas nuestras Constituciones desde la de Morelos y en todos los tratados internacionales”. Incluso criticó la postura de Trump (lo que no ha hecho funcionario mexicano alguno), “Tampoco podemos aceptar el lenguaje mentiroso que no quiere dialogo sino acciones, lo que significa que no tiene ninguna intención de llegar a acuerdos. Nosotros tenemos la fuerza de la razón y ellos la razón de la fuerza”.

Más adelante criticaría don Porfirio el manejo del tema de migración, una facultad de la Secretaría de Gobernación, ahora en el fuero del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por supuesto también, el envío de los seis mil guardias nacionales, por cierto, elementos todos que fueron extraídos de la Policía Federal y de la Gendarmería, divisiones que estaban realizando tareas de reacción, despliegue preventivo y de contención de la criminalidad.

Porfirio Muñoz Ledo, un hombre de Estado, de los pocos que quedan en la política mexicana, antepuso en su calidad de presidente de la Cámara de Diputados, los intereses de la Nación por encima de su relación con el Presidente. Le dijo no, y le criticó el plan anti migrante que desplegó en la frontera sur al ser amenizado por su contraparte estadounidense.

Tribuno como pocos, Muñoz Ledo sabe que lo suyo en calidad de Diputado es representar a la población, a toda, actuar en consecuencia de los intereses de la Nación y fiscalizar a los otros poderes, entre ellos al poder ejecutivo que titula el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Más diputados como Porfirio Muñoz Ledo, que aun en el manto de Morena y en la línea del Presidente, actúa con independencia para salvaguardar el Estado de Derecho. Y menos diputados como Mario Delgado, quien acompañado de 200 de los suyos, tomó como manifestante político las calles de Tijuana, en una marcha de ocho cuadras, desdibujando su investidura de legislador al promover el acarreo de un bloque legislativo en un acto proselitista alejado de toda Ley, apoyando el cierre de una frontera del País, trastocando las facultades de dos secretarías de Estado, y desviando a las fuerzas federales de la prevención de la inseguridad para convertirlos en cadeneros del país.

El legislativo mexicano actual de mayoría Morena, actúa en razón de la convocatoria del Presidente y no con la autonomía que tiene como Poder Legislativo. El Presidente necesita contrapesos, y los contrapesos naturales son los otros poderes, pero la Cámara de Diputados con el coordinador de Morena, Mario Delgado, no está ejerciendo esa facultad consignada en la Constitución, todo lo contrario, la entrega es tal, que marchan con pancartas en lugar de legislar y supervisar.

Adela Navarro Bello

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