Ciudad de México/Lima, 21 de mayo (SinEmbargo/EFE).– Los pobladores de Arequipa, en Perú, se oponen al proyecto minero que Grupo México quiere llevar a cabo en Tía María porque afirman que la futura mina de cobre contaminará con polvo ácido sus campos de cultivo y el agua del Río Tambo.

La resistencia a este proyecto que pretende llevar a cabo la empresa propiedad del mexicano German Larrea ha terminado en enfrentamientos entre civiles y elementos de seguridad de ese país, quienes incluso han disparado armas de fuego para disipar las protestas, como ha quedado evidenciado en un video que circula en las redes sociales.

En la grabación, realizada en un choque entre manifestantes y policías en Islay, se ve cómo un policía dispara un arma de fuego contra una multitud que le arroja piedras. El uniformado acciona su arma al menos en siete ocasiones. Se desconoce si por estos hechos hubo heridos.

El Ministro del Interior de Perú, José Luis Pérez Guadalupe, afirmó esta semana que los agentes de la Policía Nacional están autorizados a usar armas de fuego “de manera racional” si son atacados durante manifestaciones violentas.

“En cumplimiento de su deber y en defensa de la ciudadanía, la Policía por supuesto que puede y debe usar sus armas”, declaró el Ministro. Dijo que se identificó al agente que realizó estos disparos y aseguró que éste disparó su arma hacia una zona baldía colindante, con la intención de rescatar a un suboficial que era golpeado por los manifestantes.

Sobre el rechazo a su proyecto, Grupo México informó que desconoce “los intereses del grupo de activistas que se oponen al desarrollo económico y social de la región de Arequipa”.

“Esta minoría ha logrado dilatar este importante proyecto a través de bloqueos ilegales y manifestaciones violentas. No obstante, la Empresa reitera su total respeto a la legislación e instituciones peruanas, estando siempre a disposición de las mismas para construir conjuntamente la paz social y desarrollo económico”, dijo la empresa de Larrea

La minera Southern Copper, filial del Grupo México, anunció el viernes pasado una “pausa” de 60 días en la ejecución del proyecto Tía María. Antes del anuncio el Presidente de Perú, Ollanta Humala, pidió a la firma ejecutar acciones para generar entendimiento con la población de la provincia de Islay, en huelga desde hace 55 días.

A pesar de ello, organizaciones sociales y civiles de siete regiones del sur de Perú han convocado a un paro de 48 horas para el 27 y 28 de mayo próximo para exigir la anulación total del proyecto minero. Hasta la semana pasada y durante los más de 50 días de protestas en Islay, murieron tres personas, entre ellas un policía, y más de 200 resultaron heridas.

Southern contempla la inversión de unos 1 mil 400 millones de dólares para la construcción de Tía María, cuya producción estimada es de 120 mil toneladas métricas anuales de cátodos de cobre a partir del inicio de sus operaciones.

GRUPO MÉXICO SORTEA ACUSACIONES

No ha sido un gran mes para Grupo México y sus filiales en el mundo. La empresa del mexicano Germán Larrea Mota Velasco se ha visto involucrada en problemas con los gobiernos extranjeros por presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias, extorsión, irregularidades en sus permisos, entre otras. A tal grado que en Perú y España al magnate se le ha exigido asumir responsabilidades y rendir cuentas ante la autoridad. Sin embargo, la firma lo ha negado todo.

En Sudamérica la empresa detalló que el problema fue entre terceros, respeto a su concesión en España Grupo México informó a sus clientes, por medio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que no había sido notificada de ninguna cancelación, y que todo estaba en regla.

Tanto en España como en Perú, la presión pública, proveniente en mayoría por pobladores y ecologistas, ha generado que los gobiernos de ambas naciones tomen cartas en el asunto, el Presidente peruano Ollanta Humala obligó a la suspensión del proyecto minero Tía María; mientras que las autoridades en España no han declarado oficialmente el estatus de la minera.

En México la minera de Larrea sigue operando de forma regular, a pesar que es responsable por el derrame 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos de Sonora, y es acusada por la muerte de 65 trabajadores en la mina Pasta de Conchos, Coahuila, y responsable de otros incidentes.

PERÚ, EL PUEBLO SE LEVANTA

En la comunidad de Islay, perteneciente al departamento peruano de Arequipa, cientos de pobladores se han opuesto al proyecto Tía de la minera Southern Copper, filial de Grupo México. A principios de la semana pasada, luego de no llegar a un acuerdo, los manifestantes realizaron una huelga general que hasta el momento ha cobrado la vida de al menos tres personas, se han registrado cientos de heridos y decenas de arrestos durante bloqueos a vías de comunicación y enfrentamientos con policías.

En un primer momento el Presidente Peruano Ollanta Moisés Humala Tasso, por medio de la Ministra peruana de Energía y Minas, Rosa María Ortiz Ríos, exigió a Germán Larrea acudir a Lima para explicar las denuncias por extorsión a líderes opositores al proyecto Tía María, luego que se diera a conocer un presunto acto de extorsión para terminar con el conflicto con los ciudadanos de la región.

“Se han suspendido las conversaciones con la empresa Southern a raíz de los audios que fueron propagados la semana pasada. Esos audios podrían indicar un nivel de comisión de delito por parte de la empresa. En esa línea, lo que he pedido básicamente es que el dueño de la empresa, el señor Larrea, venga a Lima a aclarar este tema. Estoy a la espera de esa confirmación”, declaró la Ministra.

El viernes pasado, luego de acusaciones por parte de políticos y líderes de opinión, Humala descartó que su gobierno vaya a suspender el proyecto minero Tía María.

“Demando a la empresa a cargo del proyecto minero Tía María a que manifieste su voluntad y ejecute acciones concretas para generar las bases del entendimiento”, afirmó el Presidente peruana en un pronunciamiento transmitido por la televisión nacional.

El gobernante añadió que el Ejecutivo no puede ordenar la suspensión del proyecto minero porque este aún no está en marcha y, además, su país se arriesgaría a demandas internacionales.

“Hoy día muchas voces reclaman la suspensión del proyecto por parte del Ejecutivo, aún sabiendo que no se puede suspender lo que no se ha iniciado y que el Estado no puede adoptar una decisión unilateral [que] lo expondría a demandas legales internacionales”, expuso.

Luego de las declaraciones de Humala la empresa Southern Copper anunció dos meses de tregua para generar entendimiento con la población de la provincia de Islay, en huelga desde hace casi 60 días.

El presidente de Southern en Perú, Óscar González Rocha, anunció, en un comunicado, una “pausa” de dos meses en el proyecto con el objetivo, según dijo, de permitir “a todos presentar sus inquietudes y temores, identificar las soluciones, convenir el camino y definir las responsabilidades que cada uno debe asumir en un plazo razonable”.

“Hemos escuchado al Gobierno Nacional a través del presidente de la República y en el espíritu de recobrar el clima de convivencia pacífica que el país requiere, le solicitamos el tiempo y las facilidades necesarias para poder socializar el proyecto y despejar todas las dudas existentes en los próximos 60 días”, indicó González.

En días pasados el canal peruano Willax TV difundió un audio en donde el presidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez, presuntamente encarga a un abogado pedir a la minera una compensación económica a cambio de abandonar la protesta en la que se han registrado incidentes que han dejado tres muertos.

Tras el escándalo la Ministra Ortiz detalló que el Gobierno peruano podría iniciar acciones legales contra Southern si se encuentran indicios de encubrimiento y dijo que se ha encargado al Ministerio de Justicia que investigue el caso.

“Lo que en principio se está evaluando es la posibilidad de un encubrimiento, por parte de la empresa, de este hecho delictivo que sería la extorsión, el dirigente que por un lado extorsiona a la empresa y, por el otro, la empresa que no denuncia ante la autoridad”, enfatizó.

En tanto, las autoridades peruanas detuvieron el viernes 15 de mayo al dirigente civil Pepe Julio Gutiérrez, el principal líder de las protestas contra el proyecto minero y quien ha sido acusado de haber pedido dinero a la minera para levantar la protesta; no se informó del arresto de algún funcionario de Southern Copper.

Southern Copper es controlada por Grupo México, propiedad del segundo hombre más rico de México, según Forbes, Germán Larrea Velasco. La empresa es responsable por el derrame 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos Bacanuchi y Sonora.

A Grupo México también se le ha señalado por la muerte de 65 mineros en la mina de Pasta de Conchos, el 19 de febrero de 2006. Es además causante de la muerte de cinco trabajadores mineros en la mina de Charcas, ubicada en San Luis Potosí y de la muerte de dos mineros de la empresa minera Alva Ram de Agujita SA de CV.

El ex Presidente peruano Alan García culpó a su sucesor, Ollanta Humala, por los sucesos violentos en torno a la mina cuprífera Tía María, pues le recordó que en 2011, como candidato, se opuso a la explotación de ese recurso y generó una “actitud rebelde”.

“El que siembra vientos cosecha tempestades”, escribió García en Twitter.

No obstante, a pesar que los canales y las mesas de diálogo están cerradas en Arequipa, existen historias de éxito bajo las mismas condiciones. A pesar de la violencia que dejó cinco muertos y cientos de heridos, pobladores del norte de Perú lograron frenar el Proyecto Conga en el departamento de Cajamarca en 2012.

El proyecto estuvo paralizado durante dos años y sólo a inicios de este año el Gobierno peruano entregó los permisos de construcción después de que Southern hiciera un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA), aprobado en agosto de 2014, que solucionó las observaciones que se hicieron al primer estudio.

Aunque un portavoz oficial de la minera en Perú informó el pasado 27 de marzo la cancelación del proyecto alegando que existía un “terrorismo antiminero” en esa zona, horas después la empresa anunció que seguirá desarrollando el proyecto.

La actuación de la empresa también ha recibido críticas y el Gobierno anunció la suspensión de las conversaciones con la minera hasta que aclare su responsabilidad en el presunto ofrecimiento de dinero a dirigentes comunales a cambio de poner fin a las protestas.

CONFLICTO EN ESPAÑA

Autoridades de Andalucía, España, suspendieron la concesión de Grupo México y Minorbis para explotar la mina de Aznalcóllar, por supuestas irregularidades en el proceso de adjudicación de una licitación para operarla, en la que el consorcio habría incurrido en delitos como “prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal”, según un juzgado local.

La Juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández, investiga el caso de la minera tras la denuncia interpuesta por Emerita Resources, la otra empresa que optaba a la adjudicación.

Fernández detalló a El Mundo que el consorcio no cumplía ni un sólo requisito establecidos en el procedimiento.

“Y, a pesar de eso, la Junta de Andalucía le otorgó el 16 de marzo los derechos de explotación de la mina por un periodo de 30 años”, publicó el diario bajo la firma de José María Rondón.

La presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, anunció que paralizó la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. “Cuando un juez tiene serias sospechas sobre el procedimiento de adjudicación de un contrato, debe paralizarse y esclarecerse”, dijo.

La organización Ecologistas en Acción calificó de “chapuza” (labor mal hecha) el concurso público por el que la Junta de Andalucía decidió la explotación de los recursos mineros a Minorbis y Grupo México.

Lola Yllescas, responsable de la organización ecologista, informó que denunciaron ante la Consejería de Economía, responsable de minas, que no se cumplían los requisitos ambientales mínimos para explotar la mina y se alegró de que “la jueza nos dé la razón, pero lamentamos y censuramos la actitud de la Junta, que no nos ha hecho ni caso. Funcionan de espaldas a los ciudadanos”.

La Junta insistía, en el pliego de condiciones de reapertura de la mina, que la adjudicataria tendría que “cumplir los estándares más elevados de protección y seguridad ambiental”, pero Ecologistas en Acción denunciaron que el plan de restauración solo tenía un peso del 30 por ciento en la puntuación total del concurso.

Además, en el apartado de mejoras y compromisos adicionales de carácter social y medioambiental, Minorbis-Grupo México no llegaba ni al aprobado: tan solo 1.8 puntos de 10.

Por su parte Greenpeace explicó en un documento de propuestas ambientales para esta legislatura en Andalucía que los 640 derechos mineros que la Junta ha sacado a concurso en los últimos años “se han realizado sin informes ambientales completos e independientes y sin la participación pública en la toma de decisiones”.

Juanjo Carmona, portavoz de WWF en Andalucía, criticó que los proyectos no se hayan hecho públicos a pesar de que su organización así lo solicitó al Consejo de Participación de Doñana. Desde que se anunció la reapertura de Aznalcóllar, los ecologistas han mostrado su preocupación por que se repita un desastre como el de 1998, cuando una balsa que contenía metales pesado reventó y la contaminación llegó hasta el Parque Nacional de Doñana. La limpieza del desastre supuso un costo de 90 millones de euros de recursos públicos.

WWF lo consideró un riesgo innecesario y apuesta por un cambio de modelo económico sostenible que genere empleo en la zona minera.

“La minería es una actividad predadora y colonizadora que impide que haya una reconversión industrial en la zona”, aseveró Carmona.

La mina de Aznalcóllar cuenta con un polígono de empresas del sector verde, pero el ecologista cree que se está dejando de lado la economía verde basada en actividades como las energías renovables o el turismo de naturaleza.

El Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco emitió una serie de resoluciones al hilo de las conclusiones de la misión de observadores conformada por representantes de la propia Unesco, el Convenio Ramsar y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que el pasado mes de enero visitó el espacio natural de Doñana para observar el estado de cumplimiento de las peticiones formuladas a nivel internacional respecto a la conservación del entorno en la última visita de estos entes al lugar el pasado año 2011.

Entre estas decisiones, destacó que urgió “fuertemente” al Estado español, interlocutor con el organismo internacional, para adquirir un compromiso “permanente” de cancelar el proyecto de dragado en profundidad del río Guadalquivir promovido por la Autoridad Portuaria de Sevilla y de no permitir ningún futuro plan en este sentido.

Esta adjudicación fue hecha a Grupo México, la cual ese mismo día informó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que no se le había notificado ninguna cancelación en la concesión de esa obra.

“El proyecto de Aznalcóllar tendrá una inversión directa superior a 300 millones de euros y supone la puesta en marcha de una operación minera que durante las próximas tres décadas creará aproximadamente más de mil empleos directos e indirectos”, subrayó.

La empresa de Germán Larrea explicó que a la fecha no ha sido notificada de ningún proceso de suspensión o cancelación de dicha adjudicación, pero reiteró que está “siempre a disposición de las autoridades para proporcionar toda la información necesaria referente a su participación en este concurso público internacional”.

La Unesco, que aseguró acoger con gran “preocupación” la adjudicación al Grupo México-Minorbis del proceso de reapertura de la mina de Aznalcóllar, también insta al Gobierno español a asegurar la prioridad de un plan de prevención de riesgos que incluya los recursos necesarios al inicio de las operaciones mineras, al objeto de habilitar una respuesta rápida en caso de accidente, así como que el impacto potencial sobre el valor universal excepcional del bien queda “completamente evaluado”.

Horas después de su anuncio en la CNBV la agencia Reuters emitió un cable confirmando que la concesión estaba congelada, según dijo al medio un portavoz del gobierno de Andalucía, España.

-Con información de agencias.