El conflicto que sostienen el INE y el TEPJF sobre los conteos preliminares de las elecciones federales y locales de julio próximo daña la confianza en ambas instituciones, que de por sí gozan de baja credibilidad entre los ciudadanos, coincidieron expertos consultados.
No es la primera ve que entre las autoridades electorales se hacen públicas sus diferencias, el problema radica en que “estos protagonismos” no deberían de existir cuando faltan poco más de tres meses para las elecciones.
“El arbitro no debería verse, no debería notarse, justo como en los partidos de fútbol”, dijo el doctor Francisco Reveles Vázquez, politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Ciudad de México, 22 de febrero (SinEmbargo).– Las diferencias entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), suscitadas en los últimos meses, minan la credibilidad y confianza que la ciudadanía pueda tener en los máximos organismos electorales de México; y por extensión, en el proceso y los resultados electorales del próximo 1 de julio, refirieron especialistas consultados por este medio digital.
Como apunta el doctor Francisco Reveles Vázquez, politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el problema radica en que “estos protagonismos” públicos no deberían de existir entre instituciones electorales cuando faltan poco más de tres meses para las elecciones. “El arbitro no debería verse, no debería notarse, justo como en los partidos de fútbol”, dijo en entrevista con SinEmbargo.
El especialista en temas electorales refirió que las diferencias entre el INE y el TEPJF reflejan su incapacidad de acuerdo, “porque una cosa es lo que se establece de manera formal en cada uno de estos órganos y otra cosa es el cabildeo y la negociación”.
Además, su discordia “va a generar divisiones o va a profundizar los cuestionamientos al proceso”, ya que “los competidores [partidos políticos y candidatos] van a usar esto como un recurso para lesionar al INE o al Tribunal en algún momento […], generando más incertidumbre que después será trasladada al ciudadano común”, dijo.
El doctor Carlos Luis Sánchez y Sánchez, profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, señaló que aunque el INE y el TEPJF están actuando “de buena fe”, estos desequilibrios emanan de una inadecuada reglamentación en materia de procesos electorales. Y lo que el INE busca es “subsanar cuestiones operativas de implementación en cuanto a la fiscalización y el desarrollo de las elecciones”.
“A veces la Ley se queda corta [en comparación] con la realidad […]. Aquí también hubo una falta de apreciación de los partidos políticos a la hora de modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Tuvieron que haber previsto el crecimiento de la lista nominal [y] que iban a haber más cargos en disputa, [lo] que implica mayor carga de trabajo [para el INE]. Lo que falló fue una perspectiva cuando esta Ley se modifica y que pone ahora en aprietos a las dos instituciones encargadas de darle certidumbre al proceso: Por un lado al INE, que organiza las elecciones; por otro lado al Tribunal Electoral, que vigila y califica la adecuación de los procedimientos a la norma”, explicó.
En ese sentido, Sánchez y Sánchez mencionó que la norma vigente necesita de una “revisión profunda” y que los organismos electorales lleguen “a un punto intermedio” para asegurar la legitimidad del proceso, donde el INE pueda dar resultados preliminares sin mayor dilación, con el respaldo del Tribunal Electoral.
LA DISPUTA Y EL ENTREDICHO
Hace una semana, el TEPJF revocó la reforma del INE al Reglamento de Elecciones, mediante la cual, el Instituto buscaba agilizar los resultados electorales de las elecciones de julio próximo.
Con su enmienda, el INE propuso que en la noche de los comicios se abrieran las urnas para revisar y ordenar los paquetes electorales, tanto de las elecciones federales -en las que resultarán electos el Presidente de la República y los diputados y senadores federales- como de aquellas locales -que definirán a quienes serán los nuevos gobernadores, alcaldes y diputados locales-, con la finalidad de reubicar las boletas depositadas por error en la urna equivocada.
Dicha acción permitiría, según el propio INE, concentrar las boletas de manera ordenada y acelerar el cierre del cómputo de las elecciones presidenciales -para efectos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y del conteo rápido-, con lo cual se lograría generar “información veraz y oportuna”, evitando incertidumbre, sobre todo aquella generada a partir de la auto-proclamación de victoria que suelen hacer los candidatos al Ejecutivo federal.
Como lo estimó el Instituto a cargo del doctor Lorenzo Cordova Vianello, con esta medida se esperaba que antes de las 23:00 horas del 1 de julio pudieran tener tendencias de los resultados en el conteo rápido y que, a las 24 horas posteriores a la celebración de las elecciones presidenciales, el PREP presentara un avance de al menos 60 por ciento.
No obstante, luego de una impugnación en contra de la enmienda, promovida por los partidos Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el TEPJF determinó que la pretensión del INE no sólo excedió sus facultades como institución. También implica el riesgo de una posible manipulación de las boletas, situación que transgrede los principios de reserva de ley, certeza y seguridad del proceso electoral.
Según Janine M. Otálora Malassis, magistrada presidente del TEPJF, no existen confrontaciones con el INE, aunque “a veces se tienen criterios que no comparten una y otra autoridad”. Y a pesar de confiar en que las autoridades electorales podrán garantizar el buen manejo del proceso, subrayó que el INE deberá encontrar otro medio para acelerar los resultados de las votaciones.
“Abrir cada urna, extraer las boletas, revisar que estén bien colocadas, ubicarlas en la urna correspondiente y volver a cerrar; esto, si hay un resultado cómodo entre el primero y segundo lugar no plantea ningún problema. Sin embargo, si el resultado es muy cerrado entre el primero y segundo lugar, podría levantar sospechas, que es uno de los problemas de nuestro sistema electoral”, refirió Otálora Malassis en un comunicado de prensa.
En la última semana, el INE aseguró que respetaría la determinación del Tribunal Electoral. Como nueva medida para asegurar el conteo rápido oportuno -porque el PREP sí saldrá con más retraso que en otras ocasiones-, el Instituto propone utilizar los resultados preeliminares de la “hoja de operaciones” de los funcionarios de casilla.
Dicha hoja contiene los primeros datos fehacientes sobre los resultados electorales, que por Ley son “transcritos” al acta de escrutinio y cómputo, que es el documento final en que son asentados los resultados de cada una de las elecciones.
De acuerdo con Lorenzo Córdova Vianello, esta medida será discutida el miércoles de la semana entrante por el Consejo General del INE, aunque adelantó que es una “fórmula blindada” porque el TEPJF y los partidos no tendrían razón para impugnarla, dado que se basa en un documento que ya está previsto en la Ley y porque no se habrán tocado las boletas de las urnas.
Hasta el momento, el INE confía en que a las 24:00 horas de la elección presidencial, el PREP alcanzará “apenas el 12 por ciento” de avance en el conteo, en lugar del 60 o 70 por ciento previsto con la apertura de urnas. Y de ser aprobada la nueva medida, el conteo rápido podría estar listo al filo de las 23:00 horas del día de las elecciones. De lo contrario, el INE tendría resultados hasta las 2:00 y 5:00 horas del día posterior a la elección.
Esta no es la primera vez que estos dos organismos tienen posicionamiento encontrados en materia electoral. El año pasado, en el marco de las elecciones locales del Estado de México y Coahuila, el INE y el TEPJF discutieron luego de que el INE, de cara a las elecciones de 2018, modificara el Reglamento de Fiscalización para evitar lo que sucedió en los comicios locales: la entrega de dádivas -para cooptar el voto- a través de tarjetas o monederos electrónicos, durante el proceso de campañas políticas.
Una vez más, luego de la apelación de varios partidos políticos [MC, PAN, PRD, PRI y PVEM], el Tribunal Electoral determinó que la disposición del INE era improcedente por dos razones: el Instituto no tiene potestad para cambiar las leyes -sólo puede cumplirlas y aplicarlas- y las tarjetas, al ser un mecanismo de propaganda política, son fiscalizables -y salvo sea que haya un eventual rebase al tope de gastos de campaña, son legítimas y legales-.
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Para el doctor Reveles Vázquez, los argumentos del INE “son adecuados” porque abrir los paquetes de boletas “en efecto podría hacer más rápido el proceso de escrutinio”. Aunque también el Tribunal electoral “tiene cierta razón, en la medida en que fácilmente se podrían cuestionar [los resultados electorales] si se diera esta aprobación de apertura de los paquetes de las boletas”.
Sin embargo, confió en que el “problema de fondo es que el cuestionamiento a las elecciones está presente, no solamente en este momento sino en todas sus fases, a lo largo de todo el proceso electoral”. Y considerando la baja credibilidad de la que gozan las instituciones electorales en la actualidad, la apertura de urnas “no debería ser un motivo sustantivo de debate entre el INE y el Tribunal -menos a estas alturas- pues genera más desconfianza institucional”.
De acuerdo con la última encuesta sobre confianza en las instituciones realizada por Consulta Mitofsky, por ejemplo, el INE se encuentra entre las nueve instituciones con peor calificación. En una escala de cero a 10, la ciudadanía le dio 5.7 puntos de confianza -lo que quiere decir que está reprobado-.
Y según la casa encuestadora BGC: Ulises Beltrán, el 56 por ciento de los ciudadanos cree que los consejeros electorales buscarán favorecer a algún partido político en los comicios, particularmente al Revolucionario Institucional (PRI), además de un 42 por ciento que estima que los comisionados no son ciudadanos dignos de confianza en materia electoral.