Cuando se escribe sobre hechos que evolucionan día a día uno tiene que adivinar lo que vendrá o describir lo que quisiera que ocurriera. En el primer caso, adivinar lo que vendrá, escribía hace diez días de que se presentaría una fuerte reacción del gobierno federal contra el gobierno de Chihuahua por ser el primero que estaba realizando indagatorias a fondo sobre la corrupción de la administración anterior en ese Estado y que llevaba ya a inculpar a altos funcionarios del partido oficial. Lo develado por el Gobernador Javier Corral y su gobierno sobre la reacción de Hacienda lo mostraron, la suspensión de una partida de más de 700 millones ya acordada.

En el segundo caso, pensaba en lo que quisiera que ocurriera con la marcha que se iniciaría en Chihuahua: que no fuera cooptada por ningún partido político, que no se mezclara con la campaña electoral y mantuviera su distancia, que no hubiera banderas de partidos en los actos, que se llamara a acompañarla con el único interés de luchar contra la corrupción y fortalecer la débil democracia que vivimos.

Y así ha sido, se llamó a no llevar banderas a los actos y una y otra vez el Gobernador Corral ha expresado que esta lucha está por encima de los partidos políticos. Se ha visto como han dado respuesta todos los partidos políticos contra la acción del gobierno de Corral, unos con declaraciones, otros con el silencio. El pacto político y corruptor que denuncia Javier Corral es suscrito por los propios gobernadores panistas al guardar silencio ante sus denuncias.

Acostumbrados a que todo acto político tenga un interés oculto, es decir, que brille por la mentira y mantenga en la oscuridad una verdad contraria, se interpreta el acto de rebeldía de Chihuahua como una estrategia para posicionar al Frente constituido por el PAN-PRD y MC e, incluso, no ha faltado que se diga que Corral quiere la Presidencia. Las respuestas han sido claras y responden a una trayectoria que ha llevado Corral por años: no existe ese vínculo con la campaña del Frente y el Gobernador no podría, aunque quisiera, presentarse como un candidato ya que pasaron los tiempos electorales.

Sobre el momento de la denuncia y el tiempo electoral la relación es circunstancial. Si usted llega a la gubernatura con el compromiso de investigar a fondo la corrupción en el gobierno de su estado, las investigaciones llevan a órdenes de aprensión contra funcionarios de la administración anterior, del ex Gobernador y de importantes funcionarios del partido oficial y del gobierno federal, y recibe el mensaje que se cancelarán las entregas de fondos ya pactados con la federación a su entidad, ¿no actuaría de forma inmediata?, ¿se quedaría callado? ¿se sometería a la amenaza? Este no ha sido el caso con Corral.

Si uno se pone del lado de Javier Corral, entonces uno es panista, si opina a favor de Claudia Sheinbaum y denuncia la violencia y corrupción en la delegación Coyoacán, entonces es morenista. Si al mismo tiempo tiene estas dos posturas, los partidos políticos lo catalogarían de esquizofrénico. Pero sabemos muy bien que los partidos políticos, más allá de la simpatía que levanten algunos de sus dirigentes, están muy lejos de la población. La gran mayoría de los ciudadanos no confiamos en los partidos políticos, si confiamos, lo hacemos solamente en ciertos líderes.

Corral, a pesar de su distancia con López Obrador, tomó una postura contra el desafuero que intentó realizar Vicente Fox contra él por considerar que era un proceso que intentaba sacarlo de la competencia electoral del 2006 por la Presidencia de la República. Escribió en su columna: ¨he sostenido con varios compañeros de Acción Nacional que ese proceso atenta contra la democracia y que su base legal es endeble, e incuestionablemente selectiva en el delito de desacato¨. Públicamente, Corral al lado de Manuel Bartlett, se declaró contra el desafuero de López Obrador, contra el intento de quitarle sus derechos políticos. No sería la única ocasión en que se manifestaría contra ese proceso y contra muchas otras iniciativas de Vicente Fox y de Felipe Calderón.

El asunto es que nunca arribaremos a una sociedad más democrática y a combatir la corrupción mientras se mantenga la práctica política de defender la democracia cuando conviene y de combatir la corrupción sólo también cuando nos conviene. En estas prácticas radica la antidemocracia y la corrupción.

Los empresarios nacionales se han manifestado contra la corrupción en numerosas ocasiones,  salieron a la calle cuando la Ley 3 de 3. Sin embargo, ahora parecen dejar solos a sus colegas de Chihuahua, cuando la corrupción se combate con hechos, con casos, con investigaciones que van a fondo. En todas las naciones donde se han dado pasos para combatir la corrupción, esto se ha hecho a través de investigaciones, de casos que van al fondo y desenredan una compleja madeja que se extiende hasta los más altos mandos. ¿Por qué guardan silencio?

La marcha de Chihuahua es una marcha nacional sin banderas partidistas, pero con los objetivos muy claros: combatir la corrupción extraditando a Cesar Duarte con motivo de las 10 órdenes de aprensión presentadas y lograr la entrega de los recursos pactados del Ramo 23 por Secretaría de Hacienda con el gobierno de Chihuahua. Estos recursos, de acuerdo a análisis realizados por México Evalua, se han repartido de manera totalmente discrecional a las entidades, sirviendo a los intereses del partido en el poder y a los tiempos electorales. Para dar una idea de lo que está saliendo a la luz hay que señalar que en 2016, el último año del gobierno de Cesar Duarte, año electoral, la Secretaría de Hacienda le entregó a Chihuahua, bajo el Ramo 23,  1,531 millones de pesos y al gobierno de Javier Corral 61 millones de pesos hasta el tercer trimestre de 2017.

Si Javier Duarte es extraditado con solamente un par de órdenes de aprensión, las de menor pena, las investigaciones no podrán seguirse por las demás, las de mayor pena. Es decir, si la PGR selecciona bien aquellas órdenes de aprensión que evitan implicar a funcionarios del partido en el poder y del gobierno federal, las causas que los implican no podrán seguirse, al menos, a través del juicio que se le lleve al ex Gobernador.

En Brasil, el mayor caso de corrupción investigado por la policía partió de un hecho que pudiera parecer menor frente a éste, de lavado de dinero a través de empresas de lavandería, de ahí que tomara el nombre de Lava Jato. A partir de ahí se inició una serie de investigaciones que han llegado hasta altas esferas políticas y empresariales.

El caso Chihuahua, sin duda, puede convertirse en el Lava Jato mexicano y en un punto de quiebre.

Alejandro Calvillo

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Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.

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